Juan Carlos Juárez González, estudiante de Derecho de la UAEM e integrante del Grupo Cicerón, explicó que quedó frustrado el intento de emplazar a juicio a los concesionarios del transporte público con itinerario fijo a través de edictos.

Lo anterior debido a que los estudiantes no tuvieron los fondos necesarios para publicar en el boletín judicial y en periódicos de circulación estatal los edictos para emplazarlos como terceros perjudicados al juicio iniciado con el alza de la tarifa.

Juárez González explicó que los diputados priistas David Salazar, durante su breve periodo como presidente del Congreso, y Guadalupe Tovar, presidenta de la Comisión del Transporte, habían ofrecido financiar la publicación de los edictos pero finalmente eso nunca ocurrió.

Ante ello, dijo, los estudiantes demandantes han tenido que buscar alternativas para destrabar el juicio administrativo que permanece estancado debido a que no ha sido posible emplazar a los concesionarios.

Cabe destacar que la decisión de los estudiantes de emplazar a los transportistas por la vía del edicto respondió a la poca capacidad del TCA para notificar a cada uno de los más de cinco mil concesionarios debido a que cada una de las tres salas del tribunal cuenta sólo con un actuario para hacer notificaciones en todo el territorio estatal.

Incluso, esta falta de personal ha motivado que otros juicios iniciados hace varios años y en los que están involucrados gran cantidad de transportistas sigan todavía en la fase de notificación de emplazamiento a juicio.

El estudiante de Derecho manifestó que al no ser posible la publicación de los edictos, se ha pensado en otra opción: solicitar al TCA que a través de las agrupaciones de transportistas se emplace a juicio a los concesionarios.

Agregó que en los próximos días se formalizará la petición al TCA y esperará que la propuesta se aprobada, pues de otra manera habrá dificultades para continuar con las siguientes fases del juicio administrativo.