De acuerdo con los datos publicados en el portal de transparencia de la Secretaría de la Contraloría, han sido ejecutadas, tras haber agotado los medios de defensa y apelación, 22 sanciones a diversos servidores públicos.
La lista la encabeza María del Rocío Salgado Ocampo, quien se desempeñaba como directora de la Escuela Primaria "Ejército Mexicano". La profesora fue inhabilitada por tres años y un mes para ejercer como servidora pública, en virtud del descuido a los menores de edad del grupo de Primero "A" de la escuela a la hora del recreo, tras la agresión sexual ocurrida en perjuicio de una menor de edad.
Entre los funcionarios de alto rango y mandos medios sancionados destacan algunos como el ex director de Protección Civil estatal, Daniel Hernández Barenque, quien fue multado e inhabilitado por 12 años como servidor público por no comprobar la aplicación de más de 6 millones de pesos y no elaborar el atlas de riesgo.
También destaca la ex directora general del Servicio Nacional del Empleo, María del Carmen de la Torre Alanís, quien fue inhabilitada por cuatro años debido a que incurrió en nepotismo al favorecer a su sobrina, al incluirla en el Programa de Empleo de Instructor Monitor de los cursos con número único 36 y haberle pagado más de 32 mil pesos.
Otro caso que destaca es el de Héctor Darío Vega Camero, quien se desempeñaba como responsable del Área de Amparos de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y a quien se le suspendió de sus funciones por tres meses por abusar de su cargo realizando arbitrariedades y corrupciones de carácter jurídico eminentemente visibles dentro de los autos del juicio laboral 01/1290/07.
René Córdova Guerrero, subdirector de Control y Supervisión de la Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia, fue suspendido por tres meses por solicitar ante la CEAMA la condonación de multa por falta de verificación vehicular en vehículo particular.
Otros sancionados fueron Héctor Humberto Miranda Vizarro y Omar Abarca Ortiz, agentes de la Policía Ministerial, a quienes se les inhabilitó por tres años cinco meses por omisión al entregar armas que se encontraban bajo su resguardo.
Otro caso es el de Israel Alejandro López González, subdirector “B” del área de Patrimonio Cultural en el Instituto de Cultura de Morelos, fue inhabilitado por tres años y un mes por permitir que el Patronato para la Cultura del Estado de Morelos, A.C. en los recibos que éste expedía utilizara el logotipo y el domicilio oficial del Instituto de Cultura de Morelos, permitiendo que el patronato utilizara la tienda de artesanías del Instituto de Cultura, apoyándose del personal del instituto y utilizando los servicios del inmueble a favor del patronato.
Cabe destacar que en los 22 casos de servidores públicos sancionados con inhabilitación, suspensión y/o multa, han causado ejecutoria.
