Lo anterior, se desprende de los datos estadísticos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a través de una solicitud de información realizada por La Unión de Morelos.

El 30 de octubre entró en vigor la primera etapa de implementación del sistema oral de justicia penal en el Primer Distrito Judicial, que abarca los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec.

El 1 de junio de 2009, el sistema adversarial acusatorio entró en vigor en los distritos Quinto y Sexto, que abarcan los municipios de Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Atlatlahucan, Yecapixtla, Ayala, Cuautla, Yecapixtla, Ocuituco y Tetela del Volcán.

La vigencia de tercera y última etapa de implementación del nuevo de sistema de justicia penal ha sido pospuesta en dos ocasiones, primero se recorrió del 1 al 14 de febrero de 2011 y recientemente, a petición del TSJ, el Congreso del Estado aprobó postergar la fecha hasta el 14 de febrero de 2012, debido a la carencia de presupuesto para el equipamiento y construcción de la infraestructura necesaria.

De acuerdo con la información proporcionada por el TSJ, en el caso del Primer Distrito Judicial, de octubre de 2008 a noviembre de 2010 un total de 797 carpetas de investigación fueron consignadas a un juez oral.

En 542 asuntos el juez dictó vinculación a proceso (antes auto de formal prisión) y en 255 casos determinó la no vinculación y la libertad de los imputados, porque los Ministerios Públicos no aportaron los elementos probatorios necesarios.

“La causa de no vinculación y/o libertades por falta de elementos para procesar se deben a deficiencias cometidas por los Ministerios Públicos”, respondió el TSJ a pregunta expresa de La Unión de Morelos a través de la solicitud de información.

Los datos estadísticos establecen que el 31.9% de los casos consignados ante un juez oral en el Primer Distrito Judicial, fueron perdidos porque no fueron aportados los elementos necesarios por parte del Ministerio Público, sobre quien –conforme al nuevo sistema oral de justicia penal- recae la carga de la prueba sobre actos presuntamente constitutivos de un delito.

Asimismo, de los 797 casos que fueron consignados por la PGJ sólo 68 llegaron a juicio oral, en los cuales el juez dictó 63 sentencias a favor de la víctima y/o Ministerio Público, y en el resto a favor del imputado.

En los distritos judiciales Quinto y Sexto, donde el nuevo sistema de justicia penal entró en vigor el 1 de junio de 2009, las estadísticas son más críticas.

Y es que la Procuraduría General de Justicia consignó en 17 meses un total de 128 carpetas de investigación a jueces orales del Quinto de Distrito Judicial, pero sólo en 83 asuntos los Ministerios Públicos aportaron los elementos necesarios para que los juzgadores dictaran vinculación a proceso, mientras que en 45 casos se dictó la libertad o no vinculación a proceso por la falta indicios que incriminaran a los imputados. Esto significa que 35.1 de los casos consignados fueron perdidos por el MP.

De total de los casos, sólo tres han llegado a juicio oral, de los cuales en 2 asuntos el juez dictó sentencia a favor de la víctima y/o Ministerios Públicos y en uno sentencia a favor del imputado.

En lo que respecta al Sexto Distrito Judicial, de junio de 2009 a noviembre de 2010 la PGJ consignó ante un juez oral 300 asuntos. En 139 casos los juzgadores dictaron vinculación a proceso y en 161 casos resolvieron la no vinculación o libertad de los imputados. Esto significa que, en este caso, el 53.6% de los asuntos fueron perdidos por los Ministerios Públicos por no aportar los elementos de prueba indispensables.

Del total de los asuntos, sólo ocho llegaron a juicio oral; en seis de los casos el juez dictó sentencia a favor del ofendido y/o Ministerio Público, mientras que en los otros dos casos la sentencia fue a favor del imputado.

De acuerdo con las estadísticas, los delitos de mayor incidencia (por los cuales se consignan las carpetas de investigación ante un juez oral) son: robo calificado, lesiones, robo o posesión de vehículo de procedencia ilícita, homicidio, delitos sexuales y daños.