La CNDH hace el exhorto a los tres niveles de gobierno.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a cumplir con la reciente reforma en vigor que agiliza la emisión de las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia.
La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entró en vigor el 19 de marzo, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y en ella se estableció que la emisión de las órdenes de protección deberá realizarse dentro de las cuatro horas posteriores al conocimiento de los hechos, su duración será de 60 días y su ampliación por 30 días más o hasta que cese el riesgo.
También se subrayó el respeto de la autonomía de las víctimas, la previsión de gestiones para garantizar su cumplimiento, el monitoreo y ejecución, así como la previsión de que en los casos de violencia sexual se canalice a niñas o mujeres a instituciones de salud, establecidas en la normatividad.
“Para la CNDH, las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y en todo momento evitan que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con persona afectada, mediante la desocupación por parte del agresor, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo.
“En consecuencia, este Organismo Nacional exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer la emisión, implementación y seguimiento de las órdenes de protección, observando el principio de debida diligencia y a eliminar todas aquellas disposiciones que puedan implicar condiciones y restricciones en la emisión de las mismas”, recalcó al celebrar la vigencia de la reciente reforma.
El organismo reiteró la necesidad de acelerar la aplicación de las órdenes de protección, en términos de la recomendación realizada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a México, así como a fortalecer los registros, tanto de casos de violencia como de órdenes de protección emitidas, con el objetivo de contar con información confiable que permita replantear y mejorar el diseño de las políticas públicas en esta materia.