Exige que se dé cumplimiento a sentencia en favor de la CDHEM.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió al Congreso el cumplimiento de la sentencia dictada en diciembre pasado, que ordena realizar un nuevo análisis del presupuesto asignado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).
A petición del organismo estatal, el tribunal constitucional dio un plazo de diez días hábiles al Poder Legislativo estatal para que informe del cumplimiento.
“Ahora bien, se requiere al Poder Legislativo del Estado de Morelos, por conducto de quien legalmente lo representa, para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del presente proveído, deberá informar sí para subsanar la inconstitucionalidad planteada, lo procedente es autorizar o modificar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, o bien, si la decisión se define en el sentido de no atender la propuesta presentada por la referida Comisión, deberá encontrarse debidamente motivada”, ordenó.
El 7 de diciembre de 2021, al resolver la acción de inconstitucionalidad 34/2021, por mayoría calificada (ocho votos), el Pleno de la SCJN resolvió que los Poderes Ejecutivo y Legislativo transgredieron la autonomía presupuestal de la comisión estatal prevista en el artículo 102 de la Constitución federal y ratificada en el artículo 16, fracción IX, de la Ley Orgánica de la CDHEM.
Lo anterior, debido a que el Ejecutivo local, en la integración del presupuesto, redujo a la mitad la partida financiera solicitada por el organismo estatal y la envió al Congreso, que sin mayor análisis aprobó la reducción.
En consecuencia, la SCJN determinó la invalidez del decreto de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado del 2021, únicamente respecto del presupuesto otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y ordenó al Congreso realizar un nuevo análisis sobre el presupuesto solicitado por el organismo estatal, para resolver si procede.
