Susana Díaz Pineda, representante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, expresó que datos de la procuraduría indican que de octubre de 2010 a la fecha existen 99 carpetas de investigación en integración por abuso y violación de niños y niñas, 26 más han sido judicializadas y se han logrado 15 sentencias en contra de los agresores.

Dijo que esto significa que en este periodo por los menos 140 menores han sido abusados sexualmente, lo cual es preocupante.

Sin embargo, sostuvo que es más alarmante que las instituciones no estén respondiendo debidamente a su obligación, proteger a los niños y a los niños.

Indicó que la procuraduría ni siquiera cuenta con suficientes psicólogos para proporcionar atención a los menores que han sufrido cualquier tipo de agresión. Ejemplificó con un reciente caso atendido por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en el que una menor de dos años fue víctima de abuso sexual y físico por parte de su padre. Ante el evidente daño, se pidió a la Dirección de Atención a Víctimas de la PGJ apoyo psicológico para la niña pero la respuesta fue que el caso tendría que esperar a que haya un terapeuta disponible, en virtud de que esta instancia sólo cuenta con dos psicólogos, uno para cada turno.

Por cuanto al Tribunal Superior de Justicia, Díaz Pineda explicó que la institución no ha cumplido con el decreto que entró en vigor el 20 de octubre de 2010, por el cual el Congreso del Estado reformó el artículo 125 en su fracción XXI y el artículo 343 y adicionó el artículo 343 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos para establecer la obligación del TSJ a construir cámaras de Gesell en las salas de juicios orales y contratar a psicólogos en apoyo a las víctimas, sobre todo si se trata de infantes.

La activista indicó que si bien existe un espacio especial reservado en el edificio de juicios orales de Cuernavaca para no carear a las víctimas con sus agresores (tratándose de delitos sexuales o que atentan contra la vida), esto no sólo es insuficiente sino que se incumple con disposiciones legales generadas para proteger a los niños, niñas y mujeres que han sufrido alguna agresión que dañó su integridad.

Dijo que el TSJ argumenta falta de presupuesto para cumplir con este decreto y que gestiona una ampliación presupuestal.