Cuernavaca es bien conocida por ser la ciudad de “fin de semana” y este término ha impactado negativamente en el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. El control, por así decir, del desarrollo urbano ha pasado a manos de empresas privadas, específicamente a empresas constructoras que se dedican a la realización de fraccionamientos o conjuntos habitacionales fuera de los polígonos de contención urbana (Conavi). Pero no me enfocaré en los conjuntos habitacionales sino en los fraccionamientos, o lotificación de predios que hacen tanto daño a nuestra ciudad. La tierra es la única herencia que tenemos de nuestra ciudad y la ocupación de ella debe ser analizada y usada estratégicamente por igual en la sociedad.

En agosto de 2020, el gobierno federal publicó la Política Nacional de Suelo (PNS), después de tres décadas sin contar con algún documento que priorice la discusión sobre una de las instituciones centrales del orden territorial: la propiedad de la tierra y su relación con los procesos de ocupación del espacio.

Parte de las políticas establece al suelo como un “recurso estratégico” para el desarrollo urbano y su recuperación de la función social del suelo.

El ordenamiento del territorio ahora está sujeto a regulaciones del orden jurídico que restringen y/o condicionan su uso y aprovechamiento, tomando como referencia el interés colectivo (Azuela y Cancino, 2007). Lo anterior lo describo de un párrafo sacado del PNS que dice: la ocupación del suelo no puede ocurrir anárquicamente, ni servir solamente a intereses particulares, sino que debe contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población, generando un beneficio social que se extienda a las futuras generaciones.

A mediados del siglo pasado, la expansión de la mancha territorial en México se ha visto distorsionada por el derecho agrario, enfatizado en tierras de propiedad de ejidos y comunidades. Las modalidades han sido varias, pero cabe resaltar una en específico que, la reforma de 1992 permitió a los núcleos agrarios disponer de sus tierras, pero solo se podrían urbanizar conforme a la ley y esta era la expropiación. Dada la incertidumbre de los derechos de propiedad de los campesinos sobre sus tierras y la consecuente “inexistencia” de las transacciones de predios y/o ventas se tornó a una actividad “ilegal” que solo se celebra en las periferias de la ciudad, donde solo los sectores populares estaban dispuestos a adquirir un lote a través de operaciones informales. Por otro lado, las empresas inmobiliarias del sector formal adquirían tierras para propiedad individual fuera del sector agrario. Así mismo, la reforma de 1992 permitió la enajenación de tierras ejidales dando un “boom” a la creación de fraccionamientos cerrados y a la intensa lotificación del suelo para la clase media y alta. Por supuesto lo anterior dejó a un lado al sector popular, que cada vez veía más difícil el acceso al suelo.

En Morelos hemos visto una cantidad exorbitante de tierra rural que ya tiene el dudoso estatus de “predio urbano”, lo que crea una sobreoferta de suelo y, en muchos casos, provoca el alza de precios, impactando a la sociedad más vulnerable del sector popular, haciendo aún más difícil acceder al suelo en las áreas urbanas.

Aparentemente podemos llegar a pensar que estas reformas no impactan en la sociedad de clase media o alta, sin embargo, es todo lo contrario. La creación de una urbanización cerrada -como los fraccionamientos- y la lotificación de predios hacen de la ciudad un lugar desolado, creando focos de inseguridad y facilitando el nacimiento de malos fenómenos urbanos, casi irreparables.

A mí en lo personal me gustaría hacer frente a los desarrolladores, constructoras, inmobiliarias y empresas que solo ven un beneficio propio ya sea económico o social. Tenemos que parar hoy mismo a estas empresas, tenemos que crear correctas políticas públicas sobre la vivienda y la ocupación del suelo, no permitir la construcción de fraccionamientos cerrados y la descomunal lotificación de enormes áreas de tierra. Aprendamos del Infonavit, que ya no otorga créditos a estas empresas si no están dentro de los polígonos de contención urbana o no cuentan con la infraestructura básica y garantía de calidad.

Hago un llamado a unirse a alzar la voz por nuestra ciudad y dar frente a estas empresas y arquitectos sin escrúpulos ni ética profesional ¡hagamos algo por Cuernavaca!