Ciudad de México. Carlos Alberto Fernández Quiroz o Carlos Fernández, es un líder migrante y comunitario y su trabajo altruista es muy conocido en Texas, Estados Unidos.

Durante su visita a la Ciudad de México para tratar asuntos con legisladores, autoridades federales y estatales, en entrevista, platicó sobre los diversos problemas que aquejan a los paisanos morelenses y de toda la república que radican en Estado Unidos.

Uno de los más frecuentes y que se ha acrecentado en últimas fechas es la deportación, y entre de los “recursos” para evitarla están las cartas o constancia de sufrimiento extremo, de las cuales él ha emitido varias.

Los “encuentros” y deportaciones

Las detenciones y deportaciones siguen calando entre los migrantes, pero también en sus familiares que viven en Estados Unidos y tienen permiso o la ciudadanía norteamericana o están casado o casadas con ciudadanos o ciudadanas de Norteamérica.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se detuvo a dos millones 493 mil 723 personas del 1 de octubre de 2021 al 31 de agosto de 2022; la mayoría de éstas se registraron en la frontera sur, con un total dos millones 150 mil 244.

De estos “encuentros” (así le llaman allá a las detenciones), 36 por ciento corresponden a migrantes de México y América Central.

Cuando hay un juicio de deportación, es posible que la defensa pueda presentar las llamadas “cartas o constancias de sufrimiento extremo”.

Carlos Fernández tiene doctorado en terapia familiar y dirige, de 2013 a la fecha, la Fundación Lazos de Esperanza y Restauración Familiar.

Según él, las cartas o constancias de sufrimiento extremo son documentos o en su caso dictámenes por medio de los cuales se hace constar que una persona está en una situación emocional que pone en riesgo su vida, de consumarse la deportación de un familiar o cónyuge o compañero o compañera.

En entrevista, dijo que ha emitido varias cartas o constancias en diversos juicios, como una manera de ayudar a los migrantes y desde la Fundación Lazos de Esperanza y Restauración Familiar.

“Son solicitadas por un abogado que está llevando una defensa de deportación migratoria”, explicó.

Como ejemplo, se mencioan dos casos en los que se han cambiado los nombres por razón de protección a las víctimas:

Amanda, ciudadana norteamericana, es una mujer abandonada desde pequeña. Tuvo varios intentos de suicidio al llegar a la edad adulta, tiene una codependencia hacia la protección. Se casa con una persona que no tenía su situación migratoria regular en Estados Unidos y pasados los años tienen dos hijas, menores de edad, ciudadanas norteamericanas, pero él se vio en circunstancias  por las que estaba a punto de ser deportado.

Amanda cae en depresión y busca ayuda.

Cuando estamos analizando su situación nos damos cuenta de su angustia, ya que de cumplirse la deportación implicaría que el proveedor de la familia estaría lejos de ella y sus hijas, sin poder satisfacer las necesidades materiales, psicológicas y afectivas; Amanda se encuentra en una situación muy grave de vulnerabilidad, de sufrimiento extremo, y podría atentar contra su vida intentando suicidarse, como ya ocurrió, si se consuma la deportación de su compañero y padre de sus hijas.

El estado debe proteger la vida y los derechos de Amanda y sus hijas, ciudadanas norteamericanas.

Otro caso:

Antonia es una mujer que viene huyendo de su país, que allá fue abusada en la comunidad donde nació, y el crimen organizado la expulsó amenazándola con darle muerte en donde la encuentren.

Después de varios años de vivir en Estados Unidos, “sin papeles”, como se dice, se encuentra en una situación de deportación y muy angustiada.

Desde luego que si la regresan a su comunidad podrían terminar con su vida, y por otro lado tiene terror porque sufrió abuso en el lugar al que la quieren regresar.

Este también es un caso de sufrimiento extremo.

Los asuntos se relacionan siempre con el vínculo emocional, el peligro de rompimiento de ese vínculo y con las consecuencias de riesgo de pérdida de la vida o menoscabo en la salud.

Las cartas o constancias se elaboran después de varias sesiones y deben estar bien fundamentadas y motivadas, con argumentos científicos y reales, contundentes, para que el juez que lleva el caso pueda observar y dimensionar el sufrimiento de la persona y sus familiares y el peligro de perder la vida.

Estas cartas emitidas por terapeutas tiene un costo de aproximadamente 500 dólares, es decir, más de nueve mil 500 pesos mexicanos, y muchas familias no tienen para pagarlas, “por lo que hago un llamado a quienes se dedica a dar servicios en el área de salud y están facultados para emitirlas, a que ayuden”, explicó el terapista.

Otras formas de evitar la deportación

Carlos Fernández relató que, en términos generales, muchas veces es posible evitar la deportación sin estas cartas y en otras circunstancias. Sin embargo, los afectados desconocen la ley norteamericana y su aplicación.

Muchos connacionales pudieron continuar viviendo allá si tan sólo hubieran pagado su fianza.

En Estados Unidos, cuando a una persona se le inicia un proceso por violación a la ley migratoria tiene derecho a pagar una fianza para enfrentar su proceso en libertad y buscar más recursos para su defensa,

A veces la multa o la fianza es, por ejemplo, de 250 dólares, pero lo desconocen o no tienen dinero para pagar y el proceso concluye con una deportación inminente, a pesar de hayan estado cinco o 15 años en Estados Unidos. Este caso no es tan hipotético, ocurre muchísimo.

Esta falta de conocimiento hace que, por ejemplo, migrantes que no tienen documentos sean llevados a la cárcel y en su caso, a la Corte, por violar una ley de tránsito, y muchas veces se quedan en la cárcel porque no saben que tienen derecho a una fianza o no pueden conseguir el dinero.

En la Ciudad de Dallas, Texas, hace algún tiempo fueron detenidos alrededor de 450 trabajadores, sin documentos. La mayoría no tuvo para pagar la fianza, con la que se hubieran salvado muchas familias.

“En Houston los activistas logramos que el departamento de Policía y al departamento del sheriff no ayude al departamento de Migración cuando hay alguna persona que no tiene papeles.

Y esto mismo sucede en otras ciudades y estados como en Illinois”.

“Dallas ha ido cambiando, el activismo no se concreta a negociaciones sobre derechos políticos, como se está viendo últimamente, nosotros hemos cabildeado con jefes de policías en la ciudad para que no participen en las redadas y nos han apoyado.

“Puedo mencionar al sheriff Adrián García y al alcalde de Houston, Sylvester Turner, aliados de la comunidad migrante cuando Houston era una ciudad salvaje.

Todo esto lo logramos los activistas con marcha, pláticas, reuniones.

Nosotros tenemos dos luchas, una contra las autoridades estadounidenses y otras con las mexicanas, en este último caso cuando entramos al país y nos exigen documentos que a veces no tenemos, como una credencial para votar con fotografía que tenga un domicilio en México”.

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Carlos Fernández es originario de Hidalgo. En 1987 ingresó a Estados Unidos y acompañó al luchador social César Chávez en su huelga en contra de los pesticidas en la cosecha de uva en los campos de California.

En 1990 viajó a Houston, Texas, en donde rentó una casa en el barrio de Magnolia para dar alojamiento y comida a compatriotas que venían en busca del “sueño americano”.

Ha participado en marchas pro migrantes pidiendo una reforma o protestando por injusticias; en radio y televisión ha producido y dirigido programas de orientación a la integridad familiar.

Ha dictado conferencias para matrimonios y brindando terapias sin costo para personas en crisis y ha defendido los derechos de conciudadanos tras las rejas.

Carlos Fernández en California.