Insiste en impedir el ingreso de unidades del transporte urbano a la ciudad.

Cuautla.- Ahora son los habitantes de los municipios de la región oriente de Morelos los que se han sumado al malestar y preocupación de los transportistas suburbanos, a quienes el alcalde de este lugar, Rodrigo Arredondo López, pretende impedir que ingresen a la ciudad a dejar a los pasajeros.

Cada vez más, los usuarios del transporte preguntan a los conductores de las unidades acerca de la amenaza del alcalde, pues les preocupa que pronto tengan que gastar más por tener que pagar doble e incluso triple pasaje, además de que tendrían que sufrir numerosos peligros al trasbordar.

“Al presidente de Cuautla, ¿qué le preocupa? Él anda en una camioneta blindada que cuesta millones, anda cuidado por los policías, gana y roba lo que quiere”, señaló Ana María “N”, persona de la tercera edad que tiene que viajar a Cuautla desde Tenextepango.

Los transportistas aseguran que no bloquearán las entradas de Cuautla durante la Semana Santa, pero sí están preparados para enfrentar la embestida de Arredondo López, la cual –aseguran– no sólo atenta contra el derecho al libre tránsito de las personas, sino que los afectará en su economía, la cual está severamente afectada por el incremento del precio de la canasta básica.

Mientras tanto, en la ciudad se ha desatado una guerra entre los transportistas locales y urbanos, que por ahora se limita a pinta de leyendas en sus medallones. Los locales en abierto apoyo al alcalde, en tanto que los suburbanos solicitan al presidente municipal que dé marcha atrás en su amenaza.

Las agrupaciones transportistas se siguen organizando “para el momento en que Arredondo dé el golpe”, pues afirman que no hay la intención de resolver un conflicto de vialidad, sino de anteponer sus intereses políticos, “pues busca asegurar el voto de los transportistas cuautlenses para apoyar las aspiraciones a una candidatura de él y su esposa en las próximas elecciones”, señalan los promotores de una reunión que se realizará en los próximos días para responsabilizar al alcalde de la violencia que pudiera brotar como consecuencia de ese supuesto proyecto de regularización.