Jorge Arturo García Rubí, procurador de los Derechos Académicos de la UAEM, al adelantar que se prepara para el próximo ciclo escolar un evento para dar a conocer el trabajo de la procuraduría a su cargo, informó que con base a las quejas que provienen de alumnos de escuelas incorporadas se elabora un diagnóstico para que, de ser necesario, se pida formalmente desincorporar algunas instituciones.

“Es que muchas de las quejas son en el sentido de que no se entregan en tiempo los certificados y otras veces las calificaciones; y el problema es que vienen a reclamarnos a la universidad, cuando estos problemas se originan en cada una de las escuelas incorporadas. Por eso, se trata de analizar el costo beneficio para nuestra universidad”, dijo García Rubí al considerar que es demasiado el trabajo y la problemática a los que se somete a la institución por lo que significa aceptar a las escuelas que regularmente tienen problemas.

En ese contexto, comentó que una de las instituciones que más recurre en situaciones de conflicto es el Colegio Castellanos, y los alumnos están reclamando “con justicia muchas veces” que se les expidan los documentos o la aclaración de trámites que se deben atender en la escuela incorporada y no en la UAEM. “Por esto, lo que se debe analizar es si beneficia a la universidad mantener incorporadas a escuelas que son incumplidas con sus trámites y que finalmente generan preocupación y conflictos entre su comunidad estudiantil y de manera institucional con quien les avala su programa”.

Por otra parte, informó que al concluir el semestre enero-agosto, la Procuraduría de los Derechos Académicos de la UAEM ha atendido 59 quejas de las cuales se han resuelto 52 mientras que siete estén en trámite de resolución, y se han impartido 63 asesorías a miembros de la comunidad universitaria, principalmente alumnos.