De acuerdo con fuentes oficiales, tras el relevo del comandante de la 24 Zona Militar, Leopoldo Díaz Pérez, y la desintegración del 21 Batallón de Infantería como consecuencia del escándalo por la tortura y homicidio del civil Jethro Ramsés Sánchez Santana, se dio la orden de que ningún elemento castrense podría intervenir en operativos ni prestar apoyo a ninguna autoridad local si no hay un documento de por medio.

Lo anterior, según se explicó, para evitar que ocurra otro caso como el de Jethro y disponer de documentación que respalde cada una de las acciones del Ejército Mexicano en apoyo a las autoridades estatales o municipales.

Por esta razón se justificó la disminución de la presencia militar en las calles, incluso en el servicio de levantamiento de cuerpos de la procuraduría estatal, a los que acudían con regularidad elementos castrenses.