La llegada de un nuevo año trae consigo sentimientos de esperanza e ilusión, ante las múltiples oportunidades que observamos en el futuro inmediato. Pero si estos escenarios los meditamos sin un adecuado y reflexivo análisis de nuestro contexto, acabarán por frustrar nuestras expectativas, de la misma forma en la que nos establecemos metas para un nuevo año, sin la disciplina ni voluntad necesarias para cumplirlas.
En Palestra Universitaria nos hemos dedicado a reflexionar, desde una perspectiva académica y universitaria, sobre los retos de nuestra realidad nacional y local. Nuestra agenda parte de la comprensión de que lo político está entrelazado con todas las actividades de la vida humana, más aún cuando miramos con perplejidad la vida pública. La actividad política se encontrará presente por donde quiera que vayamos, seamos cercanos o lejanos a ella; nos guste o no.
Lo anterior implica que, ante una realidad compleja, tomemos conciencia de que es importante contar con herramientas para poder entenderla, más allá de lo aparente. Las ciencias sociales y, particularmente, la ciencia política nos proporciona marcos de interpretación teórico-metodológicos y técnicos necesarios para poder comprender lo que sucede. Solo así podremos aproximarnos a los diversos cursos de acción posibles para involucrarnos, según nuestros objetivos. Ahí radica su importancia capital y la necesidad de formar politólogas y politólogos a la altura de esta encomienda.
De lo anterior, emana la responsabilidad de señalar aquellos aspectos en los que encontremos problemas, áreas de oportunidad y, con franqueza, riesgos inminentes. Así como la alerta sísmica se activa con estruendo para prevenirnos y salvaguardar nuestras vidas, las personas que nos dedicamos a estudiar la realidad social y política debemos asumir la responsabilidad de alertar sobre aquellos acontecimientos públicos que se encaminan hacia el autoritarismo, la ruptura del orden constitucional y democrático al que como sociedad aspiramos.
En ese sentido, las reformas constitucionales que se realizaron a finales del año 2024 han sido señaladas en múltiples espacios y voces críticas como reformas que afectan directamente al Estado constitucional de derecho y al régimen democrático, pese a la narrativa oficialista que profesa, desde palacio nacional, lo contrario, pues benefician directamente a los intereses políticos del partido en el poder, al establecimiento de una nueva hegemonía política, a través del control del Poder Judicial, cooptación de instituciones electorales, eliminación de órganos autónomos, militarización de la seguridad pública, entre otras que afectan directamente derechos fundamentales, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.
Dichas reformas fueron posibles gracias al control político de instituciones que debieron limitar los excesos de poder del partido mayoritario, permitiendo, en primer lugar, una sobrerrepresentación de facto en el Congreso de la Unión, posibilitando mayorías parlamentarias que aplastan cualquier intento de oposición, control y negociación política. Reformas sin consensos sociales ni políticos suficientes, pero con fuertes controles operativos desde las Cámaras de Diputados, Senadores y la mayoría de los Congresos Locales que hacen posible modificar y reformar la Constitución Federal, beneficiando al partido en el poder, justificándose con una falacia de composición entre la representación política y la voluntad popular.
En esta coyuntura, en la que los órganos constitucionales autónomos (OCA) de nuestro país han sido cuestionados en su utilidad y necesidad, permitiendo que se efectuara la eliminación de siete de estos órganos el día veinte de diciembre de 2024, a través de la última reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, es fundamental repensar la importancia de la defensa de la autonomía universitaria. Lo anterior tiene sentido al entender el fondo de esta última reforma constitucional, pues los OCA eliminados en la Constitución tenían como propósito imponer controles, revisiones ante actos del poder; tomar decisiones con independencia técnica y realizar posicionamientos críticos frente a los excesos de poder en la defensa de derechos fundamentales, como el de acceso a la información. La labor incómoda de estos órganos motivó su desaparición. El ahorro y simplificación administrativa es un pretexto tramposo.
Si no interpretamos estos cambios constitucionales a la luz de las experiencias sobre transiciones a la democracia, no podremos alcanzar a entender el grave riesgo en el que nos encontramos. Si las universidades públicas, al ejercer su autonomía resultaran igual de incómodas al poder público, podrían percibir consecuencias para ajustar sus decisiones y posicionamientos. El “error” en el Presupuesto de Egresos del 2025, en que se le redujo el presupuesto a la UNAM y demás Universidades Autónomas nos da luz al respecto, pese a que después se modificó para tranquilizar los ánimos, o bien para concretar los compromisos a que haya lugar. Hay diversas maneras de coartar la autonomía de las Instituciones de Educación Superior sin plantear su desaparición.
Asumamos esta gran responsabilidad. La agenda de la Universidad la hacemos todas y todos, pues nos compete la defensa de los intereses y actividades sustanciales de la Universidad: Investigación, producción y divulgación del conocimiento científico y la cultura, entre otros. Sin autonomía no habría espacio para la pluralidad y diversidad de opiniones, posturas e ideas, que nos permita construir espacios de colaboración y cooperación pacífica, pese a la multiplicidad de intereses sociales y políticos en la que debe coexistir. No permitamos que se acallen, de ninguna forma, en ningún sentido y a ningún precio, las voces críticas de las comunidades universitarias.
Uzziel Ismael Becerra Estrada
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
