En conferencia de prensa, Alejandro Gallardo López, ex presidente de “Integración Cuernavaca 2000 A.C.”, acompañado por otras organizaciones, aseveró que ante la convocatoria nacional, el gobierno de Morelos emitió la respectiva a nivel local, sin embargo la calificó de “ilegal e infundada”, además de injusta.
Expuso que el artículo 53 fracción I de la Ley General de Atención a Persona con Discapacidad emitida en mayo de este año, se establece la conformación de un consejo nacional donde se establecerán políticas y programas dirigidos a este sector de la población, e incluso, apuntó, se podrían definir lineamientos que incidan en los presupuestos asignados al rubro.
Sin embargo, acusó que en la convocatoria donde se llama a designar al representante de Morelos, emitida por la autoridad local, “se pone una serie de candados” para quien aspire a este espacio. Aseveró que no se invita a todas las organizaciones de discapacitados que hay en Morelos, aunque en el citado artículo se establece que dicho representante morelense debe ser designado por las organizaciones.
“Vemos que han trasgredido la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y la legislación nacional y estatal, y se viola el derecho de votar y ser votado” expresó, al adelantar que este mismo lunes se presentaría una queja ante la CDHEM.
Reclamaron la anulación de la multicitada convocatoria para que sea emitida de nueva cuenta garantizando la participación de las organizaciones sociales y que “no se deje la decisión al gobierno del estado, pues resulta que pretenden votar a ese representante a través del actual consejo estatal de la discapacidad, cuya conformación desde hace tiempo ellos ya habían impugnado. Acusaron que ese consejo estatal está integrado por seis presuntos integrantes de organizaciones sociales y nueve de instancias oficiales, por lo que las decisiones son “mayoriteadas” por la parte gubernamental.
Enfatizó que el plazo para registro sería el 12 de este mes de diciembre y la elección sería el 15, por parte del citado consejo “en una sesión muy cerrada que no es plural, ni pública y con la participación mayoritaria de la parte oficial”. “Lo más grave es que en el consejo nacional sea enviada una persona, designada conforme a los intereses del gobierno estatal, y que vaya al ámbito nacional a dar un panorama de que aquí no pasa nada, que todo está supuestamente bien y que no lleguen los presupuestos para programas sociales para la gente que más lo necesita”, acusó.
Los inconformes señalaron que en Morelos existe un padrón de al menos 30 organizaciones de discapacitados debidamente protocolizadas, y en el consejo estatal sólo hay seis y uno de ellos incluso es el representante temporal del gobierno ante esa instancia, aseveró Gallardo López.
El vocero aseveró que recurrieron a la Comisión de discapacidad del Congreso local, por ser la representante popular encargada de esta población, no por cuestiones partidistas, pues la presidenta es la priista Jovita Herrera Gutiérrez, al tiempo de referir que conforme a cifras del INEGI hay 105 mil personas con algún tipo de discapacidad.
