Entrevistados por separado, los líderes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, del Colegio Morelense de Abogados y de la Asociación de Abogados Penalistas señalaron que desconocían la existencia de la convocatoria.
El presidente del Colegio Morelense de Abogados, Enrique Paredes Sotelo, lamentó que los legisladores “hayan querido pasarse de listos” y tomar por sorpresa a los abogados, con la finalidad de obstruir la participación de aspirantes.
“Me parece que es una labor política la que están llevando a cabo los diputados, porque quieren sorprender a todos y dejar a sus amigos y pagar componendas”, expresó
Ante un proceso viciado de origen, consideró que debe frenarse la convocatoria porque, además de una convocatoria lanzada en la clandestinidad, el Poder Legislativo ni siquiera ha previsto la falta de presupuesto del TSJ para pagar salarios y prestaciones a los nuevos magistrados, ni tampoco la falta de instalaciones y personal para que opere la Sala del Segundo Circuito, que desde hace 12 años está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que por carencia de recursos no se había echado andar.
De acuerdo con el documento publicado en la versión electrónica de la Gaceta Legislativa, la convocatoria se abrió el lunes 18 de junio y cierra este jueves a las 16 horas.
Al respecto, Adela Manzanarez Alonso, presidenta de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, también dijo no conocer la convocatoria y estar sorprendida porque su nula difusión deja fuera de la competencia a muchos abogados que cumplen con los requisitos y tienen la capacidad para concursar por una de las tres magistraturas.
“No estábamos enterados de la convocatoria, definitivamente si la sacan a escondidas no dan la oportunidad de participar a todos a los que quieran y cubran los requisitos”, señaló.
Expresó que los diputados deberían de prorrogar el cierre de la convocatoria e impulsar su difusión para que se inscriban el mayor número de aspirantes.
También el ex presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Cipriano Sotelo Salgado, sostuvo que también desconocía la existencia de la convocatoria y coincidió con la Barra de Abogados en el sentido de que el Congreso debe ampliar el periodo de inscripciones al concurso de oposición.
“Casi ningún abogado sabe de la convocatoria y apelando a la voluntad de los diputados, deberían de prorrogar el cierre de la convocatoria, porque de los contrario pareciera que se está haciendo un proceso de designación para unos cuantos y para beneficiar a algunos”, recalcó.
Agregó que la Asociación de Abogados Penalistas estará muy pendiente de este tema y “de ninguna manera se permitirá que lleguen a las magistraturas personas sin méritos, sólo por ser amigos de políticos o magistrados”.
De igual forma, tanto trabajadores del Poder Judicial como jueces y secretarios de Acuerdos estaban molestos y sorprendidos porque tampoco sabían que existía la convocatoria, lo cual los deja fuera del concurso al estar prácticamente imposibilitados para cumplir con la documentación exigida para participar.
TSJ pidió designación de magistrados
Según la convocatoria expedida el lunes por el Poder Legislativo, ésta fue emitida a petición del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura que el pasado 11 de abril mediante oficio PJE/HTSJ/CJE/1796/2012 solicitó “la designación de tres magistrados numerarios con la finalidad de que exista el número adecuado de dichos servidores públicos, para que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, pueda adscribir con libertad de jurisdicción a los Magistrados Numerarios que ocupen la titularidad de la Sala del Segundo Circuito, con residencia en Jojutla, Morelos, a partir de la toma de protesta que brinden frente a este Pleno”.
Para aspirar a una de las tres magistraturas, es necesario ser abogado de profesión; ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener una residencia mínima de 10 años en el estado; poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez años, el título y la cédula profesional de licenciado en derecho; tener mínimo 35 años y menos de 65 años de edad al día de la designación; tener al menos cinco años de ejercicio profesional; no haber sido condenado por delito intencional con pena mayor a un año de prisión; destituido o suspendido del empleo por un juicio de responsabilidad o inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Además, el Congreso solicitó presentar un ensayo científico jurídico y llenar un formato de registro; además presentar en original y copia el currículum vitae, constancia de residencia con una vigencia de expedición no mayor a 15 días naturales; constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría con una vigencia de expedición no mayor a 15 días naturales.
También copia certificada y ante notario público de acta de nacimiento; título profesional de Licenciado en Derecho y en su caso de los Grados Académicos en Derecho obtenidos por el sustentante; cédula profesional de Licenciado en Derecho y en su caso de los Grados Académicos en Derecho obtenidos por el sustentante y credencial para votar con fotografía.
