La sanción impuesta por el Ayuntamiento de Cuernavaca a la empresa Constructor L&F quedó firme, luego de un largo juicio iniciado a causa del derrumbe del tanque elevado de la colonia Chamilpa en febrero de 2007 por defectos en su construcción.

De acuerdo con datos recabados, la tercera sala del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) dio por cumplida en el mes de mayo la resolución por parte de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, por la cual se le impuso a la constructora una sanción económica de un millón 374 mil pesos y una inhabilitación de cinco años para obtener contratos para obra pública en el ámbito estatal y municipal.

Sin embargo, la empresa sancionada no presentó ninguna impugnación y, al vencer el término para hacerlo, quedó firme la resolución en cuestión.

La tarde del 10 de febrero de 2007 se derrumbó el tanque elevado de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, y el cual tenía unos días de haber sido inaugurado por el otrora alcalde capitalino Jesús Sánchez Giles.

Entonces, la autoridad municipal inició sendos procesos administrativos y penales contra la empresa constructora, pues además de las pérdidas de 1.8 millones de pesos que se invirtieron en la construcción del tanque, tuvo que indemnizar a las familias que resultaron damnificadas por el desplome.

Finalmente, la Contraloría Municipal concluyó el procedimiento administrativo y determinó sancionar económicamente e inhabilitar a la empresa para obtener contratos de obra pública en la entidad.

Sin embargo, la constructora se inconformó e inició en septiembre de 2010 un juicio administrativo para impugnar las sanciones, por considerar que no fueron legalmente sustentadas por la autoridad municipal.

En este y otros juicios la empresa Constructor L&F argumentó que el desplome del tanque elevado de Chamilpa era atribuible a fallas técnicas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), porque fue la dependencia la que elaboró el proyecto de construcción del tanque elevado y con base en ello el consorcio ejecutó la obra.

No obstante, la autoridad municipal alegó que la responsabilidad fue del consorcio porque actuó de mala fe, nunca informó sobre los defectos del diseño arquitectónico del tanque elevado y lo construyó mal.