Tras el inicio del segundo periodo de sesiones del 2012 del Alto Tribunal, se informó que la Comisión de Receso integrada por los ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio Valls Hernández, admitió a trámite la controversia constitucional 70/2012 promovida por el Poder Ejecutivo del estado de Morelos contra el decreto número 1877 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 2 de julio, por el cual, el Poder Legislativo modificó el diverso 1773, para reformar varios artículos de la Ley de Ingreso del Gobierno y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Morelos correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Al dar entrada a la controversia, el máximo tribunal del país concedió la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo, lo que significa que por el momento no está obligado a etiquetar, reasignar o hacer transferencias presupuestales de ningún tipo.

En el artículo sexto del decreto modificatorio impugnado, el Congreso autorizó una ampliación por la cantidad de 140 millones 33 mil pesos, de los cuales 100 millones fueron etiquetados exclusivamente para el pago de la prima de antigüedad a 8 mil seis maestros jubilados adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XIX en el estado de Morelos, en los términos del convenio que al efecto celebre el Ejecutivo del estado con los interesados.

De los recursos restantes de la ampliación autorizada, tres millones fueron destinados para financiar proyectos de inversión para las Comunidades y Pueblos Indígenas del estado de Morelos; un millón 500 mil pesos para resarcir a los productores de maíz y avena del municipio de Huitzilac, afectados por las heladas de los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2011, así como a los productores de maíz sembrado por arriba de los 2,600 metros sobre el nivel del mar; 35 millones más serán canalizados al fondo de participaciones a municipios, y 525 mil al fondo de aportaciones estatales para el desarrollo económico FAEDE.

Otras modificaciones realizadas al presupuesto estatal contemplan una partida de tres millones de pesos para llevar a cabo la homologación al salario y prestaciones sociales de los trabajadores de los Servicios de Salud, así como diversas reasignaciones presupuestales a las dependencias del Poder Ejecutivo, y participaciones que perciben los municipios.

Sin embargo, con la suspensión concedida al Poder Ejecutivo queda “congelada” la aplicación del decreto modificatorio.

Por otra parte, la SCJN también admitió el trámite y negó la suspensión solicitada en las controversias constitucionales 62/2012 y 63/2012 promovidas por el Ayuntamiento de Temixco, en contra de los decretos con número 1833 Y 1816 publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4984, el 13 de junio de 2012, en los que el Congreso autorizó la jubilación de dos trabajadores.

Cabe destacar que en este tema, hay precedente de controversias constitucionales en diversos municipios, en donde la SCJN ha resuelto que el Congreso no tiene facultad para dictaminar sobre jubilaciones de trabajadores de los ayuntamientos.