Con base en una solicitud de información, el TCA informó que en tres años los municipios, la SSP y la PGJ en su conjunto erogaron 15 millones 541 mil 18 por concepto de indemnizaciones y “salarios caídos” (retribución diaria) por despidos de elementos policiacos.

Las estadísticas del TCA detallan que de enero del 2009 a marzo de 2012, policías municipales y estatales cesados promovieron un total de 319 demandas de nulidad, de las cuales 260 fueron resueltas y 59 están en proceso o subjudice.

De los 260 juicios de nulidad resueltos, 192 (74 por ciento) fueron a favor de los elementos policíacos y el resto fueron en contra o sobreseídos.

Del total de las demandas de nulidad, en 257 los ex elementos policíacos argumentaron despido injustificado, al no haberse agotado el procedimiento jurídico-administrativo interno para su remoción y no haber tenido el derecho de audiencia.

Otros 62 juicios de nulidad fueron promovidos por ex policías municipales que impugnaron su cese por reprobar los exámenes de control de confianza, que son obligatorios desde la entrada en vigor en agosto de 2009 de la Ley Sistema de Seguridad Pública.

En 36 casos, los ex agentes obtuvieron fallos favorables, debido a que las direcciones o secretarías de seguridad municipales no cumplieron con los procedimientos para validar las destituciones. En cuatro casos más, los ex policías perdieron los juicios.

Hasta marzo pasado, el TCA tenía pendiente la resolución de 22 demandas de nulidad en las que impugna el cese por reprobar exámenes de control de confianza.

Esto pone hoy en vilo a las finanzas de los municipios que enfrentan juicios y hasta sus máximas autoridades, los cabildos, quienes han sido sujetos a multas y arrestos por desacato a resoluciones judiciales ante la falta de presupuesto para enfrentar las liquidaciones de los ex elementos policíacos.