Ante la polémica desatada por la reprobación de estas evaluaciones e inminente despido de varias decenas de policías estatales y personal penitenciario, el especialista en derecho penal sostuvo que los exámenes de control de confianza no son una herramienta adecuada para calificar y certificar a los cuerpos de seguridad.
Tal es así, dijo, que desde hace diez años Estados Unidos dejó de aplicarlos a los miembros de sus corporaciones y optó por recurrir a otro tipo de técnicas; “por lo tanto, es criticable que el Gobierno mexicano haya adoptado estos exámenes para evaluar a los miembros de los sistemas nacionales y estatales de seguridad”.
“Ya es tiempo de que se valoren a conciencia los exámenes de control de confianza que son disfuncionales y solamente sirven de manipulación por parte de los jefes para decidir quién se queda o quién se va; se necesitan mecanismos de evaluación sistemáticos, constantes y que con el tiempo den certeza sobre la confiabilidad de los policías”.
Sostuvo que la mayor parte de los policías y custodios que han reprobado los exámenes de control de confianza, obedece a que no pasaron la prueba del polígrafo, la cual “es poco fiable, porque no es posible que llegas a practicarte el examen con hambre, con frío, te peleaste con la esposa, con tus hijos, llegas alterado, cansado y los sensores del polígrafo detectan que tienes algo anormal y te dan de baja por eso”.
Resaltó que las condiciones en que se lleva a cabo la prueba del polígrafo son inadecuadas e incluso, intencionalmente se provocan ciertas situaciones para que el individuo evaluado sufra tensión y desesperación.
También recalcó que son tan endebles y “tan son desconfiables este tipo de exámenes que un 25 por ciento de los delitos de alto impacto en los que participan policías, son policías que han sido certificados con los exámenes de control de confianza y entonces ¿dónde está la infalibilidad de estos?”.
Anunció que junto con el doctor Francisco Coronato, diputado federal, trabaja en una iniciativa de ley del Sistema de Seguridad Pública y cuando esté lista la propuesta se presentará ante el órgano legislativo para cabildearla, con el fin de que en México se cuenten con otras opciones para evaluar y certificar a las corporaciones policíacas, peritos y agentes del Ministerio Público.