Reconoció un incremento de menores internos en el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, pues mientras en el anterior sistema de justicia en el Consejo Tutelar, estaban internos un promedio anual de 60 a 80 menores, actualmente el promedio es de entre 100 y 130 internos.
Señaló que el aumento de los menores en conflicto con la ley, obedece a diversos factores, tales como el incremento de la actividad de grupos criminales -que han utilizado adolecentes para la comisión de delitos federales y alto impacto, principalmente- y la falta de atención a problemas sociales y educativos.
Por ejemplo, señaló, hay un aumento en la incidencia de delitos de carácter sexual cometidos por adolescente, “abuso sexual, por ejemplo, esto se está hablando de que existe una deficiente educación en el ámbito de materia sexual o en el ámbito educativo de que no hemos sabido cómo enseñarles a los niños que es la educación o qué es la sexualidad, es un punto que tenemos que trabajar”.
Consideró que en México lamentablemente existe una percepción social errónea que el endurecimiento de las penas contra los adolescentes, ayudará a frenar la delincuencia cuando en realidad la prolongación del castigo o sanción provoca efectos adversos.
“En México persiste la idea que a castigo fuerte inhibimos la delincuencia, y eso es totalmente inexacto, el que endurezcamos la pena no provoca que se inhiba el delito, al contrario, sobre todo en los jóvenes el estar privados de su libertad, el efecto es totalmente contraproducente, porque por motivos neurológicos y quizá por misma corta edad, el tiempo a los niños se les hace eterno y nosotros lo vivimos cuando éramos niños. Eso en lugar de ayudar a reconstruir y a desarrollar sanamente su personalidad, lo que hace es todo lo contrario; tiene razón la sociedad en pedir un castigo justo a quienes cometen delitos tan graves como los que cometió Edgar (“el Ponchis”), eso es cierto pero no vamos a resolver el problema encerrándolos de por vida, la respuesta es otra”, explicó.
Señaló que es deber de las autoridades y la sociedad idear otras formas de inhibir el delito, basados en el fomento de los valores y la educación, así como el establecimiento de reglas y límites.