Ayer, la fiscalía estatal, el Instituto de la Defensoría Pública y el Tribunal Superior de Justicia dieron a conocer un informe, de los resultados obtenidos de la implementación del “Programa de Depuración de Procesos Penales” del sistema de justicia tradicional que inició en noviembre de 2012.

De acuerdo con el informe, durante el 2013 fueron revisados un total de cuatro mil 693 asuntos con la finalidad de analizar el estado procesal de cada uno ellos y revisar la situación jurídica de las personas acusadas de la comisión de un ilícito que se encontraban en calidad de imputadas, recluidas en un centro penitenciario o en libertad bajo caución, y cuyos procesos estaban estancados desde hace varios años.

Como resultado de este ejercicio, la PGJ y el TSJ determinaron la prescripción de la acción penal en un total de dos mil 288 asuntos, es decir en 594 causas penales se determinó la prescripción de la potestad ejecutiva (la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo para condenar a alguien que cometió un delito) y en mil 694 expedientes se decretó la prescripción de la pretensión punitiva (la falta de impulso procesal, aseguramiento, ejecución de órdenes de aprehensión y presentación de inculpados) .

Esto significa que casi el 50 por ciento de los asuntos revisados (que incluye averiguaciones previas y causas penales contra ex servidores públicos) se decretó la prescripción de la acción penal, debido a que los procesos en el sistema de justicia inquisitorio –antecesor del sistema acusatorio adversarial- quedaron paralizados durante varios años y los efectos legales se extinguieron, sin posibilidad de investigar y sancionar conducta ilícitas.

Asimismo, derivado de la implementación de este programa fueron dictadas 283 sentencias, de las cuales 57 fueron absolutorias y 241 condenatorias.

Los delitos de mayor incidencia y por los cuales los internos y las internas fueron condenados son homicidio, incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria, robo y fraude.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, señaló que continuará su curso el “Programa de Depuración de Procesos Penales” en el que colaboran diversas instituciones vinculadas al sistema de justicia, con el propósito de abatir el rezago que existe en el sistema inquisitorio de justicia penal y dar certeza jurídica a quienes se encuentran involucrados en algunos de estos procesos.

Agregó que derivado de esta revisión, se logró adjudicar a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia un saldo de 708 mil 396 pesos.