En la sesión del 4 de febrero, el magistrado Orlando Aguilar Lozano presentó al pleno del TCA, su excusa para conocer del expediente 12/2014 y sus acumulados, donde un grupo de transportistas impugna el acuerdo publicado el primero de enero del 2014 por el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para la regularización de cientos de taxis.

La excusa fue autorizada por el pleno integrado por los magistrados Alberto Estrada Cuevas, Martín Jasso Díaz y Orlando Aguilar Lozano, porque éste último -de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos- no puede conocer del asunto porque un integrante de su familia es justamente beneficiario del acuerdo impugnado.

Y es que Alejandro Delabra Beltrán, esposo de Mildred Aguilar Hernández, hija del magistrado Aguilar Lozano, es beneficiario del acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo.

El artículo 49 de la Ley de Justicia Administrativa, dice que los magistrados deberán excusarse de intervenir en los casos en que tengan algún interés personal en el asunto;  cuando tengan interés directo o indirecto su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, sus colaterales dentro del cuarto grado y sus parientes por afinidad hasta el segundo grado; cuando entre el funcionario y alguna de las partes, sus abogados, representantes o delegados, haya relación de amistad o enemistad manifiesta.

También cuando haya sido apoderado o patrono de alguna de las partes en el mismo negocio; cuando haya dictado el acto impugnado o haya intervenido con cualquier carácter en la emisión del mismo o en su ejecución; cuando figure como parte en un juicio similar pendiente de resolución, radicado en cualesquiera de las salas del tribunal y cuando esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas.

En cumplimiento de la normatividad, la excusa fue aceptada y el pleno procedió -en términos del artículo 51 de la ley que rige el TCA- a llamar al magistrado suplente de Aguilar Lozano, que es David Gómez Basilio, el polémico ex secretario de la SMyT, y artífice del acuerdo impugnado.

Sin embargo, el juego de intereses llegó a su punto más alto el pasado viernes 7 de febrero, cuando un grupo de transportistas exigió juicio político para el magistrado Aguilar Lozano, que para entonces se había excusado de conocer el caso, así como de resolver el recurso de reclamación promovido por el Ejecutivo contra la suspensión concedida a los transportistas actores, y la queja promovida por los quejosos por la supuesta violación de la suspensión por parte del Ejecutivo. 

Pero lo polémico de esta movilización es que uno de los organizadores fue el propio David Gómez Basilio, quien hizo varias llamadas para convocar a la protesta y una de ellas fue a un reportero.

Incluso, hasta el mediodía del viernes, el TCA no había podido notificar a Gómez Basilio de la excusa autorizada al magistrado Orlando Aguilar Lozano y del llamado, para que en calidad de magistrado suplente, entrara en funciones para conocer y resolver el caso en cuestión.

El artículo 51 de la Ley de Justicia Administrativa, establece que: “En el acuerdo en que el magistrado exponga el impedimento para conocer del asunto, se ordenará la remisión del expediente respectivo al pleno del tribunal para la calificación de la excusa y de ser procedente, se turnará al magistrado suplente que corresponda, haciéndolo del conocimiento de las partes”.

No obstante, David Gómez Basilio, quien fue relevado como secretario del ramo el pasado 6 de enero, moral y sobre todo jurídicamente también estaría imposibilitado para conocer el caso porque -como lo establece la propia Ley de Justicia Administrativa- hay una “relación de amistad o enemistad manifiesta” con los involucrados en el juicio, fue parte del acto impugnado -ya que era secretario de la SMyT cuando fue emitido el acuerdo- e intervino en la emisión del mismo, y existen circunstancias que pueden afectar su imparcialidad en la resolución del juicio.

En mayo de 2012, los diputados de la LI Legislatura, decidieron ratificar por un segundo periodo de ocho a años, a los magistrados Martín Jasso Díaz, Alberto Estrada Cuevas y Orlando Aguilar Lozano.

Como suplente de este último, fue designado David Gómez Basilio, aún a sabiendas de que podía enfrentar problemas para conocer del asunto relacionado con el transporte, en virtud de que fue director de Transporte durante el sexenio del gobernador panista, Marco Adame Castillo.

En octubre próximo, el magistrado Aguilar Lozano cumplirá 65 años y, de acuerdo con la Constitución local, por su edad tendría que dejar el cargo y entonces ser relevado por Gómez Basilio.