El presidente de dicha asociación, Christian Fragoso Velázquez, indicó que una de las bondades del nuevo Código -que entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación–, es que no existirá más el catálogo de delitos graves, “que tanto daño ha hecho a nuestra entidad federativa, toda vez que rompe con el sistema de juicios orales”.

Expresó que en la legislación penal están tipificados como graves más de 20 delitos, en los que el juez está obligado a dictar prisión preventiva oficiosa, que implica una pena anticipada sin antes haber tenido un juicio.

Sin embargo, dijo que es preocupante que en el Código Penal Único se devuelva al Ministerio Púbico la facultad de recabar las declaraciones a las imputaciones, lo cual significa un retroceso para el estado de Morelos que desde la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, eliminó esta práctica.

“En Morelos se le quitó esa facultad al Ministerio Público por la poca fiabilidad en que se tiene en la figura del Ministerio Público, la poca fiabilidad que se le tiene a los policías; sin embargo, a nivel nacional, se les regresa esa atribución que tenían anteriormente, pues obviamente con los riesgos que ello implica, sabiendo que hay casos documentados en que se recaban los testimonios de los imputados a base de tortura.

Se había avanzado mucho en ese tema al quitarle al Ministerio Público esa facultad de recabar la declaración de imputado, pues la única declaración que tenía validez era la que se presentaba ante el juez, en presencia de su defensor y con respeto a cada una de sus garantías”, expresó.

Dijo que permitir que el Ministerio Público recabe la declaraciones del o los imputados, fomentará “actuaciones en la opacidad, en la clandestinidad y pues obviamente ello va a repercutir en el debido proceso, eso es algo que nosotros advertimos negativo en este nuevo código de procedimientos penal y entonces estamos dando un paso atrás”.

Fragoso Velázquez afirmó que una vez que entre en vigor la nueva legislación penal, que regirá en todo el territorio nacional, los abogados penalistas buscarán a los legisladores federales, para pugnar por el perfeccionamiento del nuevo Código y buscar revertir específicamente este apartado respecto a la facultad de la representación social de obtener directamente las declaraciones de los detenidos.