El organismo dio su versión, ante la denuncia que formuló el diputado local Raúl Tadeo Nava y las declaraciones hechas a medios de comunicación, en las que sostiene que a través del censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, se detectó 496 personas “no localizadas”, a quienes calificó como “aviadores”. Además, el legislador sostuvo que se trata de un robo de cuando menos 40 millones de pesos, por el dinero que se dispersó a esas personas que no fueron identificadas y hasta adelantó que solicitará una auditoría.
El director de planeación educativa del IEBEM, Eduardo Blas Ruiz Ramírez, informó que conforme a los datos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y el Inegi entregaron oficialmente, se detectó a un total de 479 personas que el propio censo arrojó como “no localizadas”. Cabe señalar que este dato contradice con lo que fue publicado en la página del mismo Inegi, que refiere 496.
Destacó que el censo se llevó a cabo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2013. En marzo se dieron datos preliminares, y fue hasta abril cuando se entregaron los resultados oficiales.
El funcionario detalló que el censo arroja un total de 479 personas que no fueron localizadas en el centro de trabajo. Destacó que en la metodología, se conformó una base de datos de todos los maestros que laboraban en la entidad en el mes de junio del año pasado, y con ello se levantó el censo. Por lo tanto, en el lapso de junio a los meses en los que se levantó físicamente el censo, hubo varios movimientos en personal por la propia dinámica del sistema educativo, incluso -dio a conocer- hasta hubo sustitución de escuelas. El mes de nómina que el Inegi utilizó como base de datos fue la del junio del 2013, es decir, que aún comprendía el ciclo escolar 2012-2013.
Como ejemplo, subrayó que en el censo se detectó que en la base de datos sí había algunas escuelas y al final ya no existían. Lo anterior, debido a que algunos colegios particulares cerraron, ya que no renovaron su registro de incorporación, o viceversa, que no estaban en la base de datos, pero ya estaban en operación.
Según las cifras del IEBEM, de los 479 trabajadores que no fueron encontrados, 241 corresponden a planteles particulares, ya que el censo consideró tanto escuelas públicas como privadas.
Del resto, 238 personas, sí trabajaban en un centro público y habría que determinar por qué no fueron encontradas. Subrayó que en un informe preliminar de la investigación encontraron que de esas personas de escuelas públicas hay 43 que sí trabajan en el centro de trabajo censado, pero al momento del levantamiento no estuvieron presentes y el encuestador las designó en esta clasificación.
Un total de 157 personas tienen un proceso de cambio de centro de trabajo porque, conforme a los derechos laborales de los trabajadores, al término de cada ciclo escolar pueden pedir ser cambiados a otras escuelas, sobre todo aquellos que laboran lejos de sus lugares de residencia. Insistió en que por esta razón, ya no aparecen en el centro donde se supone que estaban, pero sí aparecen en otro plantel.
Además, el censo arrojó cuatro personas con licencia, que puede ser beca comisión, o licencia por pasar a otro empleo temporalmente, o incluso por asuntos particulares.
El mismo directivo informó que hay 23 trabajadores, de los cuales uno renunció entre junio y octubre, 18 se jubilaron y cuatro fallecieron. Diez más tenían un nombramiento temporal, es decir que trabajaron con un interinato, y al concluir el período, se retiraron. Por ejemplo, expuso que cuando una maestra tiene licencia por gravidez se ausenta por 90 días y son suplidas por un maestro contratado interinamente y cuando concluye el plazo, se retira. En esta decena de casos, aseguró, fue al docente interino al que no encontró el encuestador del INEGI.
Finalmente, admitió el caso de un trabajador que no ha sido identificado: “sí hay un trabajador, que efectivamente después de esta revisión que nos pidió hacer la Subsecretaría de Planeación, no lo encontramos. No lo encontramos justificado por ninguna razón y de ese caso estamos en el proceso de suspensión de salarios para que se acerque a la autoridad y aclare cuál es la situación que priva, y así determinar si está o no realizando funciones debidas”.
Omitió el nombre de esta persona porque aún está en proceso de investigación y tampoco refirió el sueldo que percibe, sólo comentó que se supone labora en el nivel preescolar.
A decir del director, hay un total de más de 30 mil docentes del sistema educativo de nivel básico, de los cuales 20 mil pertenecen al sector público y diez mil al privado. De tal manera que “de una base de datos tan amplia, 479 no localizados nos da un indicador muy bajo. Además no esperábamos tener el cruce perfecto porque tener una base de datos de junio y encuestarlos en septiembre, naturalmente dará datos diferentes por la movilidad. Siempre se manejó que el inicio del ciclo escolar no era el mejor momento para hacer un ciclo censal, pero bueno, por eso dejamos un rango de no coincidencia y nosotros estamos por debajo”, sobre todo si se considera que 241 son de escuelas privadas, acotó.
A decir de Blas Ruiz, existe toda la disposición de dar la información que el diputado Tadeo Nava en su momento solicite, aunque dijo desconocer si ya la había pedido a otra área del instituto, al tiempo de hacer énfasis en que se lleva a cabo la conciliación de nómina plaza por plaza y trabajador por trabajador, por la centralización de dicha nómina, de tal forma que quedará claro que cada docente haga la labor que corresponde a su pago.
