El pasado 3 de septiembre la Policía de Investigación Criminal aprehendió a Julián Hernández Galván, alias “El Cocol”, de 26 años, como probable responsable del homicidio del activista gay y ayudante municipal de la colonia Francisco I. Madero de Cuautla, Oscar González Carrasco, de 53 años de edad.
La fiscalía anunció que investiga si el imputado actuó solo o en complicidad con otras personas, y hasta ahora no ha especificado si los asesinatos de las cinco víctimas –todas ellas homosexuales- están siendo considerados como “crímenes de odio” y si se trata de un homicida serial. El próximo lunes un juez oral determinará su vincula o no a proceso al indiciado.
Ante el primer caso judicializado en el que las víctimas fueron hombres con preferencias sexuales diferentes, los jueces orales de Morelos deberán ajustar sus determinaciones judiciales al “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 18 de agosto.
Dicho protocolo tiene como objetivo promover el acceso a la justicia de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y generar precedentes judiciales que protejan los derechos humanos de las personas con preferencias sexuales diferentes.
El protocolo está respaldado en un amplio ordenamiento jurídico nacional e internacional en torno a la protección de derechos humanos de cualquier persona.
El punto de partida es el mandamiento constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todos los derechos humanos.
El protocolo parte de dos derechos transversales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad y a la no discriminación; y desarrolla también el derecho a la identidad, a la familia, a la libertad, al trabajo, a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la integridad personal, a la vida, y al acceso a la justicia.
Bajo el principio de respeto irrestricto de la autonomía e independencia judicial, el protocolo está dirigido a quienes imparten justicia a nivel local y federal, pero también puede resultar útil a las personas e instituciones involucradas en los procesos de acceso a la justicia, a los operadores jurídicos, así como a la sociedad en general.