Enojados, los familiares del Roberto “N” se manifestaron afuera del edificio que alberga las salas penales, en donde insistieron que la Fiscalía General del Estado (FGE) insiste en seguir el proceso, cuando la única prueba que decía tener contra el joven quedó sin valor cuando la víctima pide no ejercitar acción penal contra el detenido.

Además señalaron que de acuerdo a lo expresado por la Fiscalía, Roberto “N” fue reconocido por Cosme Javier a través de una fotografía que apareció en un periódico, pues el joven fue detenido por el delito de daños contra la salud, pero dicha prueba no ha sido agregada al expediente.

“En síntesis ya no sabemos si es cierto, porque hasta el momento no hemos visto tal periódico. Las cosas están muy raras”, dijo la familiar entrevistada.

El secuestro en agravio del joven universitario fue cometido el 14 de junio del 2014 cuando el joven salía de la Universidad del Valle de México (UVM) y fue plagiado por varios sujetos. La víctima fue rescatada, pero no se detuvo a los que participaron en la comisión del delito.

Posteriormente el pasado 23 de junio el imputado fue detenido y se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro, ya que éste había sido reconocido por su víctima, según relató el fiscal en la audiencia de formulación de imputación.

Sin embargo a través de un escrito presentado a la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 24 de agosto por Cosme Javier “N”, éste solicita el desistimiento de la acción penal en contra de Roberto “N”, quien es relacionado con la causa JC/475/2014.

“Que los hechos en los cuales se sustenta esta investigación, acaecidos el día catorce de junio del dos mil catorce de junio del dos mil catorce son cada vez más confusos para el suscrito, pues conforme pasan los días me han surgido serias dudas en relación al evento delictuoso”, refiere el oficio.

Cosme Javier “N” refiere que el pasado 23 de junio realizó una identificación por fotografía pero ahora reconoce que no coinciden con los rasgos físicos de la persona. Sin embargo tal identificación fue el elemento que obligó al juez de la causa a dictar como medida cautelar la prisión preventiva, debido a que se trata de un delito grave que se sanciona hasta con 90 años de prisión.

Los familiares se quejaron porque la Fiscalía Especializada no se ha conducido con lealtad en este juicio, debido a que se niega a hacer valer el oficio que ofreció la víctima, porque ello significaría que Roberto obtenga su libertad.