El titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, informó que una quinta parte de los elementos adscritos a las corporaciones no cumplieron con los requisitos de permanencia y por tanto fueron sujetos a procedimientos administrativos para su baja y en los casos en que se encontraron indicios de su vinculación con el crimen, fueron sujetos a investigación y deslinde de responsabilidades penales.
“Sin ser muy arbitrario, el 20% de los policías morelenses no acreditaron los exámenes de control y confianza; el hecho que no los acrediten implica que no pueden permanecer como policías preventivos o ministeriales, y se tendrá que realizar todo el procedimiento administrativo para separarlos de su encargo. Aquí hay dos problemas, de orden financiero porque hay que liquidarlos conforme a derecho y preparar elementos adicionales para sustituir esas plazas”, dijo.
Indicó que en los nueve meses de su gestión al frente de la CES se han reforzado los controles y la evaluación del desempeño de las policías, para efecto de cerrar el paso a cualquier filtración del crimen y la corrupción.
Precisó que de enero a la fecha, un total de 30 elementos han sido cesados y en curso se encuentran cerca de 150 expedientes de igual número de elementos, los que han sido sujetos a procedimientos administrativos por parte de las áreas estatales y municipales de asuntos internos para determinar su situación laboral.
Manifestó que las bajas de las corporaciones y procedimientos administrativos en curso fueron iniciados debido a una serie de irregularidades detectadas en el desempeño de los elementos, que van “desde delitos que tienen que ver con robos hasta cuestiones que tienen que ver particularmente con actos de corrupción”.
Agregó que la CES recluta y capacita a personal para suplir las bajas, en tanto que los elementos cesados por la presunta comisión de delitos han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones para el deslinde de responsabilidades penales.