Sergio Octavio García Álvarez, titular del organismo, dio a conocer que hace una semana se llevó a cabo un operativo en setenta negocios, bares fundamentalmente, en los cuales encontraron tres irregularidades: la primera que sí se observaron  "horarios raros" en los bares, es decir, con horarios de apertura muy prolongados o de operación desde temprana hora, lo cual, subrayó es competencia de la autoridad municipal.

Los otros dos aspectos que destacó van contra la normatividad son que se observó que en algunos de ellos se consume tabaco, lo cual está prohibido por la ley. La otra anomalía, es que en muchos de ellos había personas que evidentemente eran menores de edad y se les vendió bebidas alcohólicas.

Mencionó que el operativo inicialmente estaba motivado en el cumplimiento de la ley antitabaco, pero también se revisó la norma en cuanto a las bebidas alcohólicas y no se detectó -en este caso- ningún problema en cuanto a bebidas presuntamente adulteradas.

El comisionado destacó que uno de los rubros que preocupan desde el punto de vista de la salud, es que proliferan los puntos de venta de "micheladas" en la vía pública, pero argumentó que este rubro es competencia de los ayuntamientos.

De los setenta establecimientos en los que se realizó el operativo, en alrededor de 20 de ellos hubo sanciones que consisten en apercibimientos por consumo de tabaco en áreas no permitidas, pero en dos de esos negocios, ubicados ambos en Ahuatepec municipio de Cuernavaca, los propietarios demandaron el amparo de la justicia federal.

El área jurídica está atendiendo los dos casos y a la espera de la resolución de la justicia federal.

De igual manera, el titular de la comisión expuso que en la comunidad de Ahuatepec, que es una de las zonas donde se iniciaron los operativos, hubo resistencia de los propietarios o responsables de los bares a permitir el ingreso de los verificadores y precisamente en ese lugar es donde dos bares pidieron el amparo.

Añadió que en los multicitados bares ubicados en Ahuatepec, sí se aplicó una sanción económica que asciende entre los 7 mil y 8 mil pesos,  porque se conjugaron tres factores, el primero la resistencia a la autoridad o no colaboración, la segunda fue la presencia de menores de edad, y por último, el consumo de tabaco.

Cabe recordar que recientemente organizaciones sociales demandaron a las autoridades sanitarias iniciar con este tipo de operativos y cumplir con las funciones que les confiere la ley de protección contra el humo de tabaco y en su momento publicaron un muestreo en el que se ponía en evidencia la falta de cumplimiento de dichas disposiciones en bares  de zonas como Tepoztlán y Cuernavaca.