Luego de que el viernes visitadores de la comisión realizaron una inspección al predio ubicado en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, donde fue localizada la fosa ilegal, el organismo integró el informe del expediente de queja 36/2015-VRO que fue atraído por la oficina sede de CDHEM, quedando radicado con el número 190/2015-2, a cargo de la visitadora, Perla Bahena Díaz.
El 24 de mayo del 2013, Oliver Wenceslao fue privado de su libertad y días después, el 3 de junio, fue encontrado sin vida en el paraje conocido como “Papagayos” en el municipio de Ayala.
Tras su plena identificación a través de pruebas de ADN, su familia reclamó el cuerpo pero la fiscalía solicitó el resguardo del cadáver de Oliver para abundar en las investigaciones y esclarecer el caso.
En diciembre de 2014 la familia reclamó la entrega del cuerpo pero su sorpresa fue que el cuerpo de Oliver fue depositado, junto con 148 cadáveres más, en una fosa común que fue habilitada por la fiscalía en un predio de Tetelcingo de manera ilegal, porque no tenía las autorizaciones ni cumplía con la regulación sanitaria para el depósito de restos humanos.
La familia exigió la exhumación de todos los cuerpos para recuperar los restos de Oliver pero se topó con trabas burocráticas, que la obligó a promover una queja ante la CDHEM que finalmente destapó una serie de irregularidades y orilló al menos a siete madres de familias más a iniciar acciones legales para que la fiscalía identifique si entre los cuerpos inhumados de forma ilegal se encuentran sus hijos.
De acuerdo con el informe del organismo, también el mismo viernes personal de la CDHEM acudió a la Fiscalía Regional Oriente para verificar las actuaciones que obran en la carpeta de investigación CT-UIDD-D/2101/2015 por el secuestro y homicidio de Oliver, y detectó que la indagatoria sólo cuenta con tres actuaciones desde su inicio y no tiene registró de avance reciente, lo que significa que la fiscalía mantuvo inactiva la investigación.
Además, se detectó que tanto en la carpeta de investigación como en los trámites de inhumación del cuerpo hubo manipulación y falsificación de documentos y firmas.
Otro reclamo de la familia de Oliver, fue que debido a la mala integración de la carpeta de investigación y a la deficiente actuación del fiscal de la región oriente, José Manuel Serrano Salmerón, el presunto secuestrador y homicida de Oliver, identificado como Juan Manuel “N”, fue absuelto y dejado en libertad por los jueces.
“En ésta los jueces señalan la falta de pruebas para fincar responsabilidad pues no existe medio que conecte la privación de la libertad y el homicidio. Lo anterior, señala la madre, se debió a que el Fiscal José Manuel Serrano Salmerón sólo realizó al imputado la acusación del homicidio, no así de la privación ilegal de la libertad. Esta acción concedió una ventaja indebida a Juan Manuel “N” que derivó en su absolución; esto pudiera acreditar la culpabilidad del delito que se le imputa a Serrano Salmerón en la denuncia CT-UIDD-A/586/2015”, dice el informe de la comisión estatal.
El organismo informó que derivado de las recientes actuaciones en el caso Oliver, siete familias más acudieron a la sesión de consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a solicitar dar impulso a las investigaciones de sus casos ante la sospecha de que sus familiares desaparecidos pudieran encontrarse en la fosa común de Tetelcingo.
Con las últimas indagatorias realizadas, la CDHEM afirmó que “se encuentra por resolver el expediente de queja 190/2015-2 en relación a las actuaciones y omisiones de las autoridades en las carpetas de investigación relacionadas a la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, al tiempo que se encuentra integrando el respectivo por cuanto a la existencia de la fosa presumiblemente ilegal donde se encuentran inhumados por la FGE al menos 149 cadáveres en Cuautla, Morelos”.
FGE se defiende
La noche del sábado, a través de la cuenta de Facebook de “Gobierno Estado de Morelos”, fue difundido un breve video del recién nombrado fiscal estatal, Javier Pérez Durón, en el que defendió a la institución e hizo varias precisiones.
En una explicación de menos de dos minutos, aclaró que no se trata de una “fosa clandestina” sino una fosa común en donde la fiscalía regional depositó sólo 105 cuerpos y no 149 como inicialmente se difundió.
“Tenemos identificados 105 cuerpos y no fueron depositados en una fosa clandestina, estos cuerpos fueron depositados en una fosa común que se encuentran en un panteón en Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos.
“Estos cuerpos han sido depositados en virtud de que no los han venido a reclamar los familiares o no han sido identificados. Asimismo, quiero mencionar que estos cuerpos se encuentran relacionados con un número de carpeta de investigación”, afirmó
Dijo que la fiscalía no tiene problema para la identificación de los cuerpos y hará las actuaciones necesarias para esclarecer el caso de esta fosa que, reconoció el fiscal estatal, al parecer si operaba de manera irregular.
“Creemos que pudiera existir alguna responsabilidad administrativa en virtud de que refieren que este panteón no cuenta con los permisos tanto de salud como los permisos de su mismo municipio. Quiero decirle a la ciudadanía que la fiscalía está indagando, ya tenemos una carpeta de investigación y tenemos unos procesos o procedimientos en la Visitaduría para esclarecer este hecho y si existe responsabilidad de un servidor público lo vamos a citar, va a comparecer y se van a esclarecer los mismos”, señaló.