Cuautla, Morelos.- El presidente electo de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Miguel Ángel Rosete Flores, exigió a la Fiscalía General del Estado que de inmediato pida a un juez de control que dicte la medida de arraigo judicial contra el exfiscal Rodrigo Dorantes Salgado, el director general de Investigaciones y Procesos Penales, Ricardo Flores Delgado, y demás exfuncionarios que tengan alguna presunta responsabilidad por las irregularidades cometidas en la inhumación de más de un centenar de cuerpos en la fosa de Tetelcingo.
Con una mayoría de 39 votos, contra 32 de su homóloga Cristina Alcocer, Rosete Flores resultó ayer electo como presidente de la Barra de Abogados del Estado, y el próximo 12 de julio asumirá la representación por el periodo 2016-2018.
En su primer discurso como representante de los abogados barristas, señaló que la organización asumirá una postura crítica frente al gobierno estatal y buscará defender los intereses de la sociedad, frente a los abusos y omisiones de las autoridades.
Ante la asamblea, exigió la Fiscalía General del Estado que de inmediato solicite a un juez de control que dicte medidas cautelares contra todos los posibles responsables del caso Tetelcingo, incluyendo el actual delegado de la PGR y exfiscal de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado.
Explicó que el Código Nacional de Procedimiento Penales faculta a la fiscalía a que, con base en las carpetas de investigación abiertas por la inhumación irregular de más de un centenar cuerpos en la fosa común en el panteón de Tetelcingo, y las anomalías hasta ahora documentadas, solicite al juez de control que dicte la medida de arraigo judicial, es decir, que estén a disposición de una autoridad judicial o ministerial, para evitar una posible sustracción de la justicia de ex servidores públicos implicados como presuntos responsables.
“Consideramos que la línea de responsabilidad es vertical y el exfiscal en su momento tenía responsabilidades como titular y de lo que sucedió dentro de la institución, al igual que Ricardo Flores”, dijo, y recalcó que esto no es un asunto personal con los ex servidores públicos (con quienes tuvo fuertes diferendos) sino es una cuestión de legalidad y justicia.
Dijo que el juez de control tiene incluso la facultad de solicitar a la PGR que ponga a disposición de la autoridad judicial de Morelos al exfiscal y actual delegado de la procuraduría federal en Durango, ante la presunción de su responsabilidad en hecho ilícito.
Subrayó que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, tan solo con la presunción de participación en un hecho ilícito, es suficiente para dictar la medida cautelar al ex fiscal estatal y hasta vincularlo a proceso.