“La ley orgánica en cualquier institución pública y de gobierno es el instrumento que define las funciones y obligaciones de sus estructuras, valida las necesidades de personal y legitima sus funciones, sin embargo, cuando no existe, simplemente no se puede operar”, manifestó el presidente de la asociación de abogados laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Y luego agregó que en lo referente al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del estado, es el momento en que aún no se cuenta con ese órgano, por lo tanto, la directora general, Verónica Martínez García, “viene usurpando funciones”.

Recordó que la ley en la materia se promulgó en julio pasado, “la cosa es que seguimos sin contar con estatutos ni reglamentos que regulen las acciones del personal y todo lo que hagan resulta ilegal”. Y manifestó que ya incluso se instaló el consejo de administración, pero aún se desconoce cuáles serán sus estructuras.

“Sin un reglamento, jurídicamente Martínez García no puede ser la titular y sus actos son nulos de derecho, lo que pudiera llevar a serios problemas porque ahí se maneja dinero y todos sabemos que se corren riesgos enormes si se actúa en la ilegalidad”.

Luego recordó que él y otros miembros del Consejo Ciudadano Laboral se reunieron con los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, y éstos admitieron que la ley tiene muchos errores que hay que corregir.

“Hay que hacer revisiones y cambios y quizá hasta entonces se trabaje ya sobre su ley orgánica, pero por lo pronto, existe un vacío legal que deberá considerarse a fin de evitar dificultades en lo sucesivo”, dijo.