La diputada Keila Figueroa señala que se escucharán las propuestas a favor y en contra de la interrupción del embarazo, con una discusión centrada en los derechos de las mujeres.

El Congreso del estado abrirá la puerta a la discusión para la despenalización del aborto en Morelos, con los distintos grupos sociales que están a favor y en contra del tema. Así lo confirmó la diputada Keila Figueroa Evaristo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
Tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a los poderes del estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) a impulsar políticas públicas para abatir la violencia en contra de las mujeres y garantizar igualdad de género, la también coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) adelantó que pedirá se inicie la discusión sobre la interrupción del embarazo.
De acuerdo con la diputada local dicho análisis se hará no sólo entre los diputados sino también se convocará a distintos grupos sociales que están interesados el tema, a fin de escucharlos y en base a ello legislar en la materia.
"Es un tema muy importante por la naturaleza del mismo, pero somos una legislatura de mujeres. Debemos recordar que somos 14 mujeres y son seis hombres y en este tenor yo creo que si vamos a analizarlo y vamos a llegar a un buen acuerdo porque incluso los hombres están interesados en el tema", afirmó la diputada. 
Keila Figueroa Evaristo rechazó fijar una postura a favor o en contra del aborto, sin embargo, insistió en que es necesario que el tema se someta a discusión y se contemplen los derechos fundamentales de las mujeres, y no los intereses políticos o religiosos de los legisladores. 

Esa suma se requiere al año para pagar a 70 personas beneficiarias con jubilaciones anormalmente altas.

Al menos 70 trabajadores jubilados del Congreso cobran "pensiones doradas", que van de 20 mil a los 50 mil pesos. Así lo dio a conocer el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas". 
Entre los nombres que aparecen en la lista que ventiló el centro de investigación se encuentran: Cerli Barón Armenta, exsecretaria de Administración, y Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos, ambas con una jubilación cercana a 50 mil pesos. También aparecen los exauditores Gerardo Casamata Gómez y Luis Manuel González Velázquez, quienes cobran una pensión mayor a 35 mil y 26 mil pesos mensuales, respectivamente. 
Joaquín Roque González Cerezo, designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa por la pasada legislatura, recibe una pensión mayor a 26 mil pesos. De igual forma, el ex diputado local Ulises Vargas Estrada cobra 26 mil pesos al mes. 
Estas 70 pensiones onerosas significan un gasto anual para el Poder Legislativo de aproximadamente 50 millones de pesos, 3.4 millones al mes. 
Sobre el tema fue cuestionada la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, quien informó que existe una investigación sobre las "pensiones doradas" que paga el Congreso local y sobre su validez, ya que se ha confirmado que muchas de las jubilaciones autorizadas por la pasada legislatura no cumplieron con los requisitos de ley. 
Informó que se trata de al menos 20 jubilaciones que podrían ser canceladas, a raíz del trabajo de investigación que realiza la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y que se suman a otra larga lista de pensiones que autorizó la pasada legislatura a exfuncionarios del gobierno estatal, que trabajaron en la administración que encabezó Graco Ramírez. 

El Congreso del estado reglamentará la Ley de Residuos Sólidos, a fin de reducir y, posteriormente, prohibir el plástico de un solo uso en Morelos.

El Congreso del estado reglamentará la Ley de Residuos Sólidos, a fin de reducir y, posteriormente, prohibir el plástico de un solo uso en Morelos, como bolsas, vasos y platos que causan una grave contaminación al medio ambiente. 
Integrantes del Colectivo "¿Plástico? No, Gracias" informaron que en dos semanas el Pleno del Congreso del estado podría abordar la propuesta que impulsaron en septiembre pasado y que plantea la prohibición del uso del popote, las bolsas, vasos y otros derivados del plástico. 
"La ley en Morelos ya existía, lo que estamos poniendo son los reglamentos, y una ley sin reglamentos no funciona, porque no se puede aplicar. Entonces, lo que queremos es la aplicación de la ley través de los municipios y reglamentos que deben aplicar", declaró Eleonora Isunza Gutiérrez, del Colectivo "¿Plástico? No, gracias". 
Ayer, lunes, los integrantes del citado colectivo se reunieron con diputados locales y autoridades municipales, donde se les informó de los avances en el proceso legislativo para que la propuesta se dictamine y vote ante el Pleno del Congreso. 
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, lo que se busca es reglamentar la Ley de Residuos Sólidos para iniciar con la reducción en el uso del plástico, y, posteriormente, establecer prohibiciones mediante sanciones económicas. 
De acuerdo con información de GreenPeace México, en 14 estados del país se ha establecido una prohibición, en particular, del uso del plástico, pues en algunos municipios sólo se ha limitado el uso de las bolsas y del popote. Sin embargo, se busca que el tema avance a nivel nacional y se reduzcan las ocho millones de toneladas de plástico que anualmente se generan y usan en el país.
Los activistas explicaron que la idea es que la gente no supla una bolsa de plástico o vaso por otro objeto igual, pero de diferente material, sino que se genere la cultura de llevar sus propios recipientes para comprar. 

El Congreso del estado aprobó reformas legales para incrementar los años de prisión y las multas a quienes cometan delitos como homicidio, extorsión y robo calificado.

El Poder Ejecutivo celebró la aprobación, por parte del Congreso local, de las reformas al Código Penal del Estado, para incrementar los años de prisión y las multas a quienes cometan delitos de alto impacto como homicidio y extorsión.

De acuerdo con las modificaciones a la legislación penal y que entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, el homicidio simple se castigará con 20 y hasta 40 años de prisión, pero aumentará hasta los 50 años cuando haya razón de parentesco.

El homicidio calificado tendrá una sanción de 25 a 70 años de prisión; el delito de extorsión puede alcanzar una pena de hasta 20 años y el robo calificado hasta las dos terceras partes de las sanciones previstas.

El robo de vehículo automotor, que tenía una pena de 10 a 20 años de prisión, con la reforma tendrá de entre 15 a 25 años de prisión. La portación, fabricación, importación y acopio de armas aumenta: de una sanción de seis meses a tres años, se incrementará  de dos a ocho años de prisión.

La reforma al Código Penal se realizó a propuesta del Poder Ejecutivo, que en diciembre del 2018 presentó al Poder Legislativo una iniciativa de reforma para agravar las condenas de prisión y multa en los delitos de alto impacto como homicidio simple, homicidio calificado, extorsión, robo calificado, robo de vehículo automotor, y portación, fabricación, importación y acopio de arma.

“Con la aprobación de la Reforma al Código Penal que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo planteó para el agravamiento de penas frente a la comisión de delitos, se fortalece el marco jurídico en Morelos y da pauta a la implementación de políticas públicas eficientes en materia de prevención e inhibición del delito en la entidad”, afirmó el Poder Ejecutivo a través de un comunicado.

Consideran que forma parte del derecho a la salud de los recién nacidos.

Los diputados locales exhortaron a las autoridades estatales a que garanticen la aplicación de la prueba del tamiz neonatal, ante el recorte presupuestal que aplicó el gobierno federal. 
Durante la pasada sesión ordinaria el diputado José Luis Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Salud, presentó ante el Pleno un punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Hacienda y la de Salud del gobierno del estado implementen las medidas presupuestales y administrativas necesarias para evitar un daño social. 
Ante las recientes declaraciones del secretario de Salud del Estado, Marco Antonio Cantú Cuevas, que confirmaron la suspensión de la aplicación de la prueba del tamiz neonatal, el legislador manifestó que "el derecho humano a la salud constituye una obligación ineludible para los tres niveles de gobierno", de ahí que las autoridades deben buscar acciones urgentes en el tema.
Por su lado, la diputada panista Dalila Morales Sandoval dijo que esta prueba es la detección temprana de la sordera y su tratamiento, también eficaz para la búsqueda de trastornos metabólicos, genéticos y del desarrollo en bebés recién nacidos y permite tomar medidas antes que se presenten los síntomas.
Por lo que adelantó que si desde el gobierno no se toman medidas, el Congreso del estado podría modificar el presupuesto 2019 y garantizar la aplicación de la citada prueba. 
El punto de acuerdo fue aprobado por mayoría y enviado a las autoridades responsables para su atención. 

El Congreso del Estado citará a comparecer al fiscal especial en el combate a la corrupción, Juan Salazar Núñez, para que presente un informe de los avances en las investigaciones que se iniciaron en contra de varios exfuncionarios por el presunto delito de peculado. 

Aumentaron las sanciones de prisión y multa en los delitos de homicidio simple, en razón de parentesco; homicidio calificado; extorsión; robo calificado; robo de vehículo automotor; y portación, fabricación, importación y acopio de armas.

Diputados locales, en la sesión ordinaria de ayer jueves, reformaron el Código Penal para el Estado de Morelos, a fin de aumentar las penas a diversos delitos de alto impacto. 
Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso reformó los artículos 106, 107, 108, 146, 176, 176 BIS y 245 del Código Penal del Estado de Morelos. El dictamen, emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, derivó de la iniciativa que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo el 15 de diciembre del 2018. 
Dichas modificaciones aumentaron las sanciones de prisión y multa en los delitos de homicidio simple, en razón de parentesco; homicidio calificado; extorsión; robo calificado; robo de vehículo automotor; y portación, fabricación, importación y acopio de armas. 
Sin embargo, los legisladores rechazaron incrementar la pena por poseer un instrumento de defensa de mujeres y hombres, como puede ser el gas pimienta y los taser (pistolas eléctricas), pues consideraron que se trata de una medida excesiva en el ambiente de inseguridad y violencia que se vive en Morelos y que podría prestarse a actos de corrupción. 
De esta forma, las reformas al Código Penal quedaron de la siguiente forma:
Para el delito de homicidio simple, en el artículo 106, se estableció como castigo de 20 a 40 años de prisión y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida Actualizada (UMA). En la norma todavía vigente, la pena era de 15 a 30 años, con una multa de 500 a 10 mil UMA.
Para homicidio en razón de parentesco, se estipuló de 25 a 50 años de cárcel y una multa de mil 500 a 15 mil UMA. La norma vigente es de 20 a 50 años, con una multa de 750 a 10 mil UMA. 
A las personas que cometan homicidio calificado, se les castigará con 25 a 70 años de prisión y una multa de mil a 20 mil UMA. Hasta antes de la reforma, la pena era 20 a 70 años de cárcel y una multa de mil a 20 mil UMA.
En el delito de extorsión, la sanción establecida es de 15 a 20 años de prisión y una multa de 800 a mil UMA, agravante incrementando hasta en una mitad de las sanciones anteriores. 
En robo calificado, se estableció agravante hasta las dos terceras partes de las sanciones previstas. 
Mientras que para robo de vehículo automotor, el castigo será de 15 a 25 años y una multa de mil a dos mil 500 UMA. 
Para quienes porten, fabriquen, importen y acopien armas, el castigo será de dos a ocho años de prisión. 

Diputados integran comités de Vigilancia, Administración y Editorial
Durante la sesión ordinaria, los diputados integraron los comités de Vigilancia, Administración y Editorial, acéfalos desde septiembre del año pasado. 
Por acuerdo de la mayoría de los legisladores, el Pleno estableció que el Comité de Vigilancia estará presidido por la diputada morenista Alejandra Flores Espinosa; el de Administración, por la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz; y el Editorial, por el legislador del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco. 
La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz afirmó que era necesaria la integración de dichos comités para garantizar transparencia en el ejercicio de los recursos del Congreso del estado. 

Continuará el recorte de personal en el Congreso del estado: Sotelo Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que algunos diputados locales no cumplieron con su declaración patrimonial, pues argumentaron asuntos de seguridad.
Sin embargo, el legislador local afirmó que se trata de una obligación que cada diputado debe asumir de manera personal.
"Hay algunos que han querido hacer valer el derecho de poder omitir algunos datos por el tema de seguridad, no por tema de transparencia, y es respetable, siempre y cuando la ley se los consagre", agregó. 
El lunes pasado, el codirector del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas (MRC), Roberto Salinas Ramírez, informó que sólo cuatro funcionarios del Congreso del estado han presentado su declaración patrimonial.
El presidente de la Mesa Directiva aseguró que el Congreso del estado trabaja en el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas, mediante la activación de la página de internet que se encuentra fuera de servicio desde septiembre del año pasado.
"La plataforma del Congreso ya está lista, ya estamos haciendo las designaciones respectivas, y, lamentablemente, quienes habían estado al frente de estas bases de datos y de estos organismos, no hicieron la cobertura adecuada, pero lo que buscamos es cumplir ya con la transparencia", aseguró.
En otro tema, el diputado refirió que aún siguen en la revisión para realizar ajustes administrativos en el Congreso del estado, con medidas como un recorte en la nómina para ajustar gastos en los próximos meses. 
Esta disminución en el personal comentó que se hará en las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y en la de Puntos Constitucionales y Legislación, en las que se contrató personal de manera temporal para desahogar la carga de trabajo de los últimos meses. 

Los diputados también tienen pendientes nombramientos en CDHEM, IMIPE e Idefomm.

El Congreso del estado revisa tres propuestas para designar al próximo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), según lo confirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Sin embargo, los diputados locales aún no tienen fecha para definir éste y otros cuatro nombramientos. 
En entrevista, la también coordinadora del Partido del Trabajo (PT) refirió que las tres propuestas fueron presentadas por las distintas fuerzas políticas al interior del Congreso del Estado, por lo que serán analizadas y se buscará generar un consenso. 
En tanto, ante la Mesa Directiva, integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Morelos presentó un oficio para exhortar a los legisladores a realizar la designación del titular de la ESAF fuera de cualquier interés partidista, y evitar este nombramiento como una cuota de poder o por amiguismo. 
Dicha organización pidió a los legisladores que la convocatoria que pudiera emitirse en los próximos días no sea excluyente y que se garantice un cambio en la ESAF, ya que es uno de los órganos más rezagados a nivel nacional, con sólo siete auditorías terminadas en los últimos años. 
El nombramiento del titular de la auditoría estatal se suma a otros cuatro procesos más que el Congreso del estado debe concretar en las próximas semanas, como la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), que pudiera postergarse hasta junio. 
En ese mismo mes, los diputados deben elegir a otro comisionado del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMIPE), y en las próximas semanas a un titular del órgano de control del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), así como otras designaciones al interior del Poder Legislativo, como la Dirección de la Coordinación de Comunicación Social. 

Integran Comités de Vigilancia, Administración y Editorial del Congreso del estado.

La designación del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) podría postergarse más días, incluso, semanas, ya que los legisladores no han podido llegar a un consenso para elegir de entre los 23 aspirantes.
Mientras tanto, este lunes, el grupo mayoritario de 14 diputados del Partido del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social (PES), se pusieron de acuerdo en la integración de los comités de Vigilancia, de Administración y Editorial, que desde septiembre pasado se encontraban acéfalos.
En el marco de un encuentro entre la mayoría de diputados que integran la LIV Legislatura, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, informó que aún no existen acuerdos sobre la persona que presidirá la CDHEM, a pesar de que ayer también representantes de organizaciones civiles hicieron un llamado a los legisladores para que tomen una decisión en base a una revisión curricular. 
La diputada panista afirmó que se analizan cada uno de los perfiles de los 23 aspirantes, y descartó que la decisión que se habrá de tomar estará basada en intereses políticos. 
No obstante, apuntó que la decisión del Congreso del estado sobre el futuro de la CDHEM se podría tomar en las siguientes semanas, pues argumentó que la legislación local da un plazo de 90 días para realizar dicho nombramiento, posterior al 22 de marzo, cuando venció el cargo de Jorge Arturo Olivarez Brito, ex titular del organismo.

Diputados definen sobre los comités del Congreso del estado
En dicha reunión, los legisladores sí pudieron generar acuerdos sobre la integración de los Comités de Vigilancia, Administración y el Editorial, que serán presididos por legisladores del PT, Morena y PES. 
De acuerdo con información extraoficial, el Comité de Vigilancia corresponderá a Morena, el de Administración al PT, y el Editorial al PES. Sin embargo, hasta la noche de este lunes aun no se daban a conocer los nombres de los legisladores presidentes.