El Congreso local incurrió en desacato ante un juez federal por no aprobar diversas pensiones; se requerían 14 votos pero sólo hubo 12 diputados en la sesión.

La parálisis en el Congreso del estado se agudizó por la reiterada falta de acuerdos entre las fuerzas políticas de mayoría para la designación de los órganos de gobierno que ayer provocó un nuevo fracaso durante el desarrollo de la primera sesión ordinaria del segundo año de la LIV Legislatura.
A 18 días de que inició el segundo año de trabajo, los diputados abrieron la primera sesión, que en tres ocasiones ya se había pospuesto por falta de acuerdos políticos.

Sin embargo, no lograron desahogar más de 50 asuntos enlistados en el orden del día, ya que de los 20 diputados que componen el Congreso sólo 12 acudieron, por lo que se decretó un receso.
Entre los puntos programados se encontraban más de 20 ejecutorias de amparo para que el Congreso autorizara la pensión de trabajadores al servicio del gobierno del estado, pero para esa aprobación se requerían 14 votos.
El presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez confirmó que el Congreso del estado se hará acreedor a sanciones administrativas, pues al no aprobar las pensiones incurrió en desacato a la justicia federal.
"Nosotros ya cumplimos, tú servidor y quienes estuvimos ya cumplimos con la parte que nos corresponde, y ya si hay algún tipo de decisión por parte del juzgado, bueno, ya será una decisión que no corresponde a nosotros... que asuma la responsabilidad quienes no estuvieron", declaró.
Por su lado, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, confirmó que no logran concretar los acuerdos necesarios para la designación de la Junta Política y de Gobierno, por lo que ocho legisladores decidieron no acudir a la sesión ordinaria.
Al respecto, el diputado morenista Javier García Chávez afirmó que un grupo de legisladores busca generar ingobernabilidad en el Congreso del estado y les atribuyó impedir que hubiera quórum en la primera sesión ordinaria.
"Lo que se está dando en este momento es dos líneas políticas en el Congreso, los que estamos apostando por la institucionalidad, la productividad, la colaboración entre las dependencias, la gobernabilidad, y quien está apostando a la ingobernabilidad", manifestó.
Con la presencia de 12 diputados, el Pleno del Congreso notificó de la nueva composición en el Legislativo, con la reintegración de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Encuentro Social (PES), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.
Además, se dio turno a una iniciativa del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para reformar integralmente el decreto que crea la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, a fin de armonizar su normatividad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y sentar las bases para incorporar postgrados en la institución.

Resultados negativos del uso de recursos públicos fueron archivados y ya no pueden usarse para fincar responsabilidades.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado detectó más de 50 informes de resultados de cuentas públicas municipales y estatales emitidos por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y que fueron archivados, en algunos casos desde hace 17 años, a pesar que eran elementos probatorios de irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta del órgano legislativo, informó que en los próximos días se darán a conocer dichos informes, que fueron ocultados por los ex legisladores sin ninguna justificación legal, y que más bien se trata de una prueba de omisión y responsabilidad legal.
De acuerdo con la legisladora, todos estos informes ya fenecieron y, por tal, no serían elemento para deslindar responsabilidades por el presunto mal uso de los recursos públicos, ya que se trata de cuentas públicas del 2002, 2003 y algunas más recientes del 2012.
Incluso, reveló que algunos informes desaparecieron, como es el caso de una cuenta pública correspondiente al gobierno de Rogelio Sánchez Gatica en Cuernavaca.
"Viene heredado de la legislatura anterior y qué lamentablemente, aunque hagamos estas observaciones ya no tendría ningún efecto de carácter legal. Son cuentas públicas de mucho rezago y no sabemos por qué. Queremos dejar de manifiesto que hubo algunas irregularidades que se pudieron cometer", añadió Mazari Espín.
La diputada señaló que tales informes se encontraron debido a una revisión que se inició al trabajo de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), y al cual se le hicieron observaciones, pues se omitieron irregularidades que pudieron ser causa de un delito.
"En algunos municipios encontramos impacto presupuestal, que no hubo claridad en el ejercicio de los recursos para lo que ellos comentaron que se utilizó", añadió.

Sin embargo, insistió en que la mayoría de dichos informes ya caducó y sólo se aprobarán en el Pleno y se enviarán al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial" Tierra y Libertad " para cumplir con lo que marca la ley.

Alejandra Flores Espinosa, diputada de Morena, busca asumir la presidencia de la Junta Política y de Gobierno.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza, admitió que existe un vacío legal en la presidencia de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, tras la remoción de la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
La legisladora dijo que es urgente que se ratifique el acuerdo aprobado el viernes pasado por la mayoría de los grupos y fracciones parlamentarias para designarla al frente de dicho órgano político. De lo contrario, dicho vacío podría complicar aún más el trabajo legislativo.
"No hay actualmente, legalmente, presidente de la Junta Política. Por eso se convocó por los grupos precisamente, porque no podemos continuar con ese vacío legal dentro de la Junta,  estaremos acelerando para que el día de mañana sea ratificado en el Pleno el acuerdo y podamos estar al frente de la Junta", señaló la diputada Flores Espinoza.
Aunque la ley contempla que con la presencia de dos grupos parlamentarios dicho órgano político puede sesionar y tomar acuerdos, la diputada morenista señaló la importancia de garantizar la legalidad en la presidencia que durante el primer año de la LIV Legislatura encabezó la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
De igual forma, apuntó que mientras el Partido del Trabajo (PT) no informe al Congreso del estado si Tania Valentina Rodríguez Ruiz permanece como coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo no podrá reintegrarse a la JPyG.

El Legislativo intervendrá en la integración del Comité de Participación Ciudadana del órgano, paralizado desde mayo pasado.

El Congreso del estado intervendrá en la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que está paralizado desde el 1 de mayo pasado, cuando rindieron protesta sus integrantes.
La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ariadna Barrera Vázquez confirmó que presentará ante el Pleno del Congreso el dictamen de reforma a la Ley Estatal Anticorrupción para que se modifiquen las bases para elegir al secretario técnico de dicho comité.
La diputada que preside la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, dijo que se planteará que por única ocasión el secretario técnico sea electo de manera directa por el presidente del comité, y no mediante la votación de una terna por parte de los cinco comisionados.
"Hemos visto que no ha habido acuerdos, no ha habido forma de poder transitar, y creo que es muy lamentable, porque son ciudadanos que están ahí para representar sin ningún interés personal y que pudiera abonar para poner un ejemplo al combate a la corrupción", manifestó la legisladora.
La legisladora sostuvo que dicha medida es para que el Comité de Participación Ciudadana del SEA avance y el sistema pueda operar en su totalidad.
No obstante, el Centro de Investigación" Morelos Rinde Cuentas" ha señalado dicha medida como poco transparente y como una mala señal para la operatividad de un sistema que busca abatir la corrupción.
Barrera Vázquez informó que una vez que se destraben los problemas políticos dentro del Congreso y pueda sesionar el Pleno, el dictamen de reforma citada se presentará para su aprobación.

Aseguran que existen los elementos legales para que prevalezca y se anule la extensión del periodo de los juzgadores.

El Congreso del estado emprenderá una defensa legal para que proceda el decreto que anuló el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial.
El diputado del Partido Encuentro Social (PES), José Luis Galindo Cortez, dijo que está en manos de un juez federal el caso, tras el amparo que promovió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María del Carmen Verónica Cuevas López.
Sin embargo, aseguró que existen los elementos legales suficientes para defender la razón del Congreso del estado en torno a un nombramiento que fue aprobado por la LIII Legislatura para mantener en el cargo a los actuales magistrados mediante un punto de acuerdo y no en base a una reforma constitucional.
Sostuvo que se trata de los abusos que cometió la pasada legislatura mediante irregularidades, por lo que insistió en que tienen la seguridad de que la justicia federal resolverá en contra de la magistrada Cuevas López.
Por su lado, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social Marcos Zapotitla Becerro afirmó que el citado decreto, que entró en vigor el 11 de septiembre pasado, no tiene ninguna relación con la situación de fractura que prevalece en el Tribunal Superior de Justicia, de la cual se dijo respetuoso.
"Le apostamos al respeto, el Poder Judicial tendrá que resolver sus diferencias y serán también los juzgados federales quienes determinen quién tiene la razón", manifestó.

Por parálisis operativa, el Congreso no ha corregido observaciones al dictamen.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval confirmó que se retrasará la aplicación de la ley que regula el uso de plásticos en Morelos, tras el veto del Poder Ejecutivo.
Sobre el tema, Morales Sandoval explicó que aún no trabajan en la solventación de las observaciones que realizó el Poder Ejecutivo al dictamen de reforma a la Ley de Residuos Sólidos, así como a la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en la entidad, debido a la parálisis que se vive en el Congreso del estado.
"Las observaciones llegaron cuando se cerraba el período de receso e inició el segundo año, y no se ha sesionando para que el Pleno nos turne las observaciones", agregó Morales Sandoval.
Sin embargo, dijo que del análisis extraoficial que han hecho en la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha establecido hacer modificaciones en cuanto a los periodos de aplicación de dicha norma; que se hará en un año para grandes empresas y en dos para medianas y pequeñas empresas.
A causa de la adecuación que se hizo para la aplicación de la norma, sea por empresas y no por regiones, la legisladora adelantó que tendrá que intervenir la Secretaría de Desarrollo Sustentable para vigilar su cumplimiento.
El primer año para la aplicación de la norma empezaría a transcurrir a partir de la publicación del decreto, acción legal que se retrasará mientras las observaciones no se desahoguen por el Congreso.

Plantean sanciones administrativas y económicas a los diputados que incurran en una falta.

Los diputados locales se regirán por un Código de Ética Parlamentaria que sancionará acciones que impliquen una falta de respeto y que violenten la actividad parlamentaria.
Dicho código se trabaja por un grupo de legisladores que plantearon la necesidad de establecer nuevas normas de comportamiento en el Congreso del estado, tras las agresiones personales que de manera directa se han registrado en el Pleno del Congreso.
La diputada panista Dalila Morales Sandoval explicó que dicho código establecerá la creación de una "comisión de ética", integrada por representantes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que se encargarán de señalar las faltas que en dado caso los diputados pudieron haber cometido.
"Es darle vida a la actuación que nosotros tengamos como legisladores en las sesiones, en la Junta Política y de Gobierno, en Conferencia y otras reuniones parlamentarias", señaló la legisladora.
Morales Sandoval dijo que se plantearán sanciones administrativas y económicas a los diputados que incurran en una falta, con la finalidad de normar su comportamiento.
Sin embargo, anteriormente, la tribuna del Congreso ha servido como espacio para hacer señalamientos directos entre diputados y pugnas fuera de la labor legislativa.

La división en el Pleno impidió ayer que sesionaran los diputados.

Diputados locales fracasaron por enésima vez en su intención de renovar los órganos de gobierno del Congreso del estado y terminar con la parálisis legislativa que prevalece desde hace varias semanas.

Mientras tanto, 55 asuntos parlamentarios se dejaron de atender.
A las cuatro de la tarde, la Mesa Directiva citó a la primera sesión ordinaria del segundo año de la LIV Legislatura, pero las fracturas al interior del Congreso causaron que la convocatoria fracasara.
Los trabajadores del Congreso fueron citados para el próximo jueves a las 10 de la mañana a la sesión ordinaria, cuando se espera que los grupos mayoritarios hayan logrado los consensos para designar a los presidentes de la Junta Política y de Gobierno y de la Mesa Directiva.
Mientras el Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con sus aliados el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Humanista (PH) buscan concretar los acuerdos para presidir los citados órganos de control, las fuerzas políticas consideradas como minorías en el Poder Legislativo, encabezadas por el Partido del Trabajo (PT), piden ser consideradas en la negociación.
Tales diferencias han causado que ninguno de los dos grupos sume los 14 votos necesarios para definir un acuerdo en el Pleno.
Mientras tanto, 55 asuntos parlamentarios, entre iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo, quedaron pendientes por desahogar en el Pleno la tarde de este martes, a causa de la suspensión de la sesión ordinaria.

No hay agenda legislativa ni renovación de los órganos de gobierno.

Se usaría dinero de las participaciones municipales.

El Congreso del estado podría reactivar el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, como medida de rescate para los municipios que enfrentan deudas millonarias por el incumplimiento de laudos heredados de las administraciones anteriores.
La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez informó que varios alcaldes le han planteado retomar dicho fondo -que la LIII Legislatura creó en enero del 2017 y extinguió en julio del 2018-  que se alimentó con recursos de las aportaciones federales que reciben los municipios y que hacían un monto anual de aproximadamente 165 millones de pesos.
La legisladora dijo que se trabajará en la propuesta que se habría de presentar al Pleno, del Congreso y se hará con el consenso de los alcaldes que buscan resolver el problema por laudos, deuda que en total asciende a más de 250 millones de pesos.
No obstante, Barrera Vázquez apuntó que antes de reactivar dicho fondo -que desapareció un mes antes de que concluyera la LIII- se ordenará a la  Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) realizar una investigación especial  al fideicomiso que administró más de 300 millones de pesos del 2017 al 2018.
"En el último año se dijo que se destinarían los recursos de dicho fondo para la reconstrucción del estado (tras las afectaciones del sismo del 19 de septiembre del 2017) pero nunca se transparentó", dijo la legisladora al referirse a los 110 millones de pesos que la pasada legislatura dispuso destinar en el 2018 para los municipios afectados por el terremoto, sin consultar a las autoridades municipales.