Cámaras de videovigilancia estarán conectadas con el C5.

El Congreso del estado deberá socializar la nueva ley de videovigilancia, que se pretende aprobar antes del 15 de julio, cuando concluya el segundo período ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, afirmó el diputado Javier García Chávez. 
En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación informó que este martes se instalarán mesas de trabajo con empresarios de Cuernavaca y otros municipios del estado, para que conozcan la propuesta que se impulsó desde el Poder Ejecutivo. 
De acuerdo con el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la nueva ley obligaría a las empresas a instalar cámaras de videovigilancia y conectarlas con el Centro de Control y Comando (C5) de la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 
"Estamos trabajando desde la Comisión de Puntos Constitucionales para que no tengamos ningún recurso de impugnación, porque en el caso de videovigilancia tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos de los privados (sic), de los particulares, entonces vamos a una mesa de trabajo mañana (hoy) que nos permita discutirla", añadió el diputado. 
García Chávez dijo que en esa mesa de trabajo también se convocará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y se garantice que no se violentarán los derechos fundamentales con la ley antes citada, ni con ninguna otra normatividad que se pretende aprobar en los próximos días. 
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, informó que también se presentará al Pleno para su aprobación la nueva ley de Empresas de Seguridad Privada, así como una reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de extorsión, así como la ley que regulará el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad. 
Se planteó que este jueves los legisladores sesionarán para desahogar unos temas y el lunes 15 de julio, se aprobarían las nuevas leyes en materia de seguridad. 

Defensa rechaza que la exdiputada sea prófuga de la justicia.

Un juzgado federal otorgó a la expresidenta del Congreso de Morelos, Beatriz Vicera Alatriste, una suspensión provisional para evitar la ejecución de la orden de aprehensión girada por un juez de control a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el presunto delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del juicio de amparo 940/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, a la exlegisladora -que fue electa por el PRI y posteriormente pasó a las filas del PRD- le fue concedida la medida cautelar de manera provisional.

La demanda de amparo fue admitida este mismo viernes y la justicia federal le concedió la suspensión, con el depósito de una garantía económica de siete mil pesos.

La audiencia incidental fue programa para este 11 de junio para determinar si prevalece o no de manera definitiva, mientras que la audiencia constitucional fue agendada para el próximo 5 de agosto.

El pasado 28 de junio, una juez de control declaró prófuga a Vicera Alatriste, luego de que ella no se presentó a la audiencia de formulación de imputación en la que se acusaría del delito de peculado.

Su representante legal exhibió un justificante médico expedido por un hospital privado de la Ciudad de México, el cual no fue aceptado por la juzgadora, por considerar que el documentó no cumplió con los requisitos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En una nueva audiencia celebrada el pasado 2 de julio, el defensor de la exdiputada presentó a declarar a un médico, que no fue el mismo que le expidió la receta de incapacidad para acudir a audiencia, y al comprobarse que su testimonio no tenía validez, se ratificó la sustracción de la exlegisladora.

Este viernes, la fiscalía anticorrupción informó que emitió una alerta migratoria y tramitó una ficha roja para la localización y aprehensión de Vicera Alatriste, ante la posibilidad de que pudiera salir de México o se encuentre en otro país.

La defensa rechaza que la exdiputada sea prófuga de la justicia, y señala que se encuentra en tratamiento médico.

El legislador señala que serán respondidas las observaciones del Ejecutivo pero espera que se mantenga la postura de los legisladores que votaron la medida.

Plantean reforma al Código Penal para establecer como lesiones "calificadas" las agresiones que un civil cometa en contra de un elemento de seguridad.

El llamado a la SCT es a salvaguardad la integridad de los ciudadanos que transitan por esa vía de comunicación.

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que se repare de manera urgente el muro de contención dañado del Paso Exprés Tlahuica, que se ubica en el kilómetro 84, a la altura de la colonia Antonio Barona, y que representa un grave riesgo para la población.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, presentó un punto de acuerdo por el que también se hizo un llamado a la Coordinación Estatal de Protección Civil para que se tomen medidas de seguridad ante dicho desprendimiento del muro.
"En esta ocasión tenemos la oportunidad de tomar medidas de prevención para evitar que esta situación tenga como final una tragedia traducida en pérdida de vidas", manifestó la legisladora, al recordar que hace dos años dos hombres murieron por el socavón que se originó en el Paso Exprés, ante la omisión de las autoridades en las fallas de dicha obra carretera. 
La diputada apuntó que existe un dictamen de Caminos y Puentes Federales (Capufe) que advierte de los riesgos y de la necesidad de reparar el muro de contención ubicado en el kilómetro 84. 
"Por tal motivo, y con la finalidad de evitar una tragedia como las que ya han acontecido en el estado en el paso exprés y sus vicios ocultos, hago uso de mis atribuciones como legisladora para exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a realizar las reparaciones necesarias con la finalidad de salvaguardad la integridad de todos los ciudadanos que transitan por ese tramo, máxime cuando se avecina el periodo vacacional y el tránsito aumenta y, con este, el riesgo", manifestó. 
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Congreso local. 

Leyes de videovigilancia y de tecnologías de la CES y reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de extorsión, serán aprobadas por los diputados la próxima semana.

El Pleno del Congreso del Estado conoció este miércoles, en sesión ordinaria, la iniciativas de ley de videovigilancia y de la que busca regular el uso de las tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad. 
Las propuestas fueron creadas y enviadas ayer por el Poder Ejecutivo al Congreso y presentadas de manera inmediata ante el Pleno por el diputado Marcos Zapotitla Becerro, a fin de aprobarlas por la vía rápida la próxima semana. 
En tribuna, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expuso que la nueva ley de videovigilancia tiene como finalidad coadyuvar en la prevención e investigación de los hechos delictivos. 
Con la nueva normatividad, agregó, se permitirá la regulación de los aparatos de video y vigilancia que ayudarán a documentar infracciones administrativas sobre la seguridad pública y atender emergencias de manera oportuna con capacidad las 24 horas. 
"Son efectos que se catalogan como disuasivos de delitos y coadyuvante de la investigación. La videovigilancia puede funcionar para disminuir el riesgo de ser víctima de un delito", manifestó Zapotitla Becerro ante sus homólogos. 
La propuesta establece que las empresas deberán contar con cámaras que estén conectadas a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), como una medida de prevención del delito. 
De igual forma, ante tribuna también presentó la propuesta que busca regular el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad, la cual ayudará a una mejor coordinación entre el Centro de Comando (C5) y las dependencias estatales y municipales, así como empresas conectadas al mismo. 
De acuerdo con el legislador, las redes tecnológicas y el uso de aparatos de telecomunicación han sido factor para la operatividad del C5, por lo que es necesario establecer el marco normativo para el uso de las tecnologías en materia de seguridad. 
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para su dictaminación en las próximas horas y su aprobación la próxima semana, antes de 15 de julio, cuando concluirá el período ordinario de sesiones. 
De igual forma, se postergó la aprobación de la reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de extorsión. 
El diputado Javier García Chávez informó que el Ejecutivo determinó realizar unos ajustes en el dictamen, que se votará al mismo tiempo que las leyes antes citadas. 

Sus plazas fueron anuladas por los actuales diputados desde septiembre del 2018.

El Congreso del estado enfrenta 30 juicios de amparo de extrabajadores que fueron sindicalizados por la LIII Legislatura y cuyas plazas fueron anuladas por los actuales diputados, desde septiembre del 2018.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que de las 40 plazas que creó la pasada legislatura para "premiar" a sus ex colaboradores, 30 juicios se iniciaron por los posibles afectados. 
Dijo que están atentos a la resolución de la justicia federal en torno a las plazas de sindicalizados que, afirmó, se autorizaron fuera de la ley y con salarios onerosos. 
Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la firma del convenio contractual 2019 con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, con el que acordó un incremento del 5.6 por ciento al salario retroactivo al mes de enero. 
Dentro el convenio que se firmó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), se acordó destinar una partida presupuestal por 180 mil pesos para la compra de despensas, además de recursos para la entrega de uniformes para los trabajadores del Congreso del Estado.
Sotelo Martínez dijo que también se convino con la parte sindical destinar un monto de 185 mil pesos para “temas de higiene y economía de los trabajadores”, así como incentivos  económicos para 40 trabajadores por su buen desempeño, y para la organización de festividades sociales como el Día de la Madre, del Padre y de la Secretaria, por mencionar algunos.

Diputado señala que se anulará la reforma constitucional que aprobó la anterior legislatura.

El Congreso del estado impulsará una contrarreforma constitucional para eliminar beneficios a los magistrados del Poder Judicial, desde su nombramiento hasta su retiro. Así lo confirmó el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Galindo Cortez. 
En medio de una controversia sobre la procedencia del punto de acuerdo que impulsó para reducir de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial, que aún se revisa por el Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad", el legislador petista aseguró que irán al fondo del tema y echarán abajo la reforma constitucional que aprobó la LIII Legislatura. 
Se trata de la reforma constitucional que se publicó el 24 de febrero en el periódico oficial, y que incluyó la eliminación del proceso de evaluación y ratificación y se estableció que los próximos magistrados durarán en su encargo 14 años.

Anteriormente se les designaba por un periodo de seis años, con la posibilidad de permanecer ocho años más. 
Dicha reforma también estableció que por "única ocasión" los actuales magistrados permanecerían 20 años en el cargo, misma disposición que se busca abrogar con el punto de acuerdo que aprobó el lunes 24 de junio pasado por el Pleno del Congreso. 
Galindo Cortez aseguró que la propuesta de contrarreforma se impulsará en el próximo período ordinario de sesiones, para lo cual convocará a mesas de trabajo con asociaciones de abogados y con los mismos magistrados. 
"No hicimos primero esa reforma porque se iba a postergar en el cargo la magistrada presidenta y por ello determinamos impulsar el punto de acuerdo. Vamos por la segunda etapa, de todos modos no se van a quedar (los magistrados). Obligatoriamente debemos impulsarla, porque debemos dar certeza a la ciudadanía de que hay procuración de justicia", manifestó. 
En la reforma aprobada por la LIII Legislatura también se contempló la creación de un fideicomiso en el Poder Judicial para el pago del haber de retiro de los magistrados, lo cual no se ha podido impulsar. 

Este miércoles el Congreso aprobará las reformas al Código Penal; hasta 25 años de cárcel puede recibir quien cometa ese delito.

El Juzgado Tercero de Distrito federal rechazó el amparo promovido por Jorge Arturo Olivares Brito en contra de la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz. 
La autoridad judicial determinó que es improcedente el juicio de amparo "toda vez que no es posible intervenir en determinaciones derivadas de una potestad soberana consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado de Morelos".
El pasado 20 de junio, el Congreso del estado nombró a Hernández Cruz como titular del organismo defensor de los derechos humanos, quien de inmediato fue cuestionado por su falta de experiencia en la materia y por haber sido colaborador del gobierno de Graco Ramírez. 
Mediante el amparo 838/2019, Olivares Brito, ex presidente de la CDHEM y uno de los participantes en el proceso de designación, buscó el amparo de la justicia federal para echar abajo la determinación del Congreso del estado. 
En la determinación de la autoridad se aclara que el amparo no es la vía para poder echar abajo el nombramiento del actual titular del organismo defensor de los derechos humanos. 
El amparo de Olivares Brito es uno de los al menos seis amparos en contra del citado nombramiento.