Se espera que hoy, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formule imputación ante un juez de control a la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, así como a la ex secretaria de Administración del Congreso durante la LIII Legislatura, Martha Patricia Bandera Flores, por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 20 millones de pesos.

Se espera que hoy la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formule imputación ante un juez de control a la ex diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta, así como a la ex secretaria de administración del Congreso durante la LIII Legislatura, Martha Patricia Bandera Flores, por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 20 millones de pesos.

De acuerdo con el citatorio, la ex legisladora y la ex funcionaria deberán presentarse a la audiencia, en compañía de sus abogados defensores, este viernes 29 de marzo en la sede de la Ciudad Judicial del Estado de Morelos, donde el juez de control dará a conocer a las imputadas las acusaciones que se les atribuyen, siendo el Congreso del Estado la parte agraviada.

Mientras tanto, personal del Congreso que resultó afectado por los desvíos de recursos cometidos en la legislatura anterior, expresó su inconformidad porque Francisco Moreno Merino no está entre los imputados: “Paco Moreno sigue disfrutando de los playas, cenotes, zonas arqueológicas, lagunas, restaurantes y la vida elegante que Quintana Roo le brinda como delegado del PRI, sin que hasta el momento le haya imputado algún desvío de recursos”, expresaron trabajadores del Congreso.

En el primer año de la LIII Legislatura, Moreno Merino y Hortencia Figueroa fungieron como presidente del Congreso y presidente de la Junta Política, respectivamente, y desde esas posiciones ambos ex diputados gozaron de total impunidad, dispusieron libremente del presupuesto del Poder Legislativo, que asignaron a voluntad.

Hace meses, la organización Mexicano Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció ante la entonces Procuraduría General de la República a ex funcionarios del Congreso de Morelos por el desvío de recursos públicos a empresas fantasmas que operarían en elecciones a favor del PRI.

Dicha investigación puntualiza el desvío de recursos económicos del Poder Legislativo del estado de Morelos para actividades proselitistas del Partido Revolucionario Institucional.

De acuerdo con los datos obtenidos por MCCI, la “operación zafiro” desvió un total de 16 millones 404 mil pesos desde el Congreso para pagos a empresas fantasma como SINNAX, SAMEX, Despacho de Profesionales Futura, FAGA, Constructora y Abastecedora Cofex, y Novanight S.A. de C.V. entre el 10 de noviembre y el 22 de abril de 2015.

De dicha denuncia se desprende que el primer depósito fue de 3 millones 182 mil pesos el 20 de noviembre de 2015 a la cuenta 65505303950 en Banco Santander, perteneciente a la empresa FAGA. 

Luego, el mismo día, se transfirió 1 millón 449 mil 700 pesos en la cuenta 65505303811 a SINNAX.

Para el 19 de enero de 2016 se realizó un depósito más por 1 millón 840 mil pesos a favor de FAGA, el 16 de febrero fueron depositados 3 millones 590 mil pesos más a las cuentas en Santander de FAGA y SAMEX. Y al mes siguiente una cantidad idéntica a las mismas empresas. 

Para el 16 de marzo otros 2 millones de pesos fueron transferidos a la cuenta 413881577 en Banorte a nombre de Novanight y para el 22 de abril de 2016 fueron transferidos 479 mil pesos del mismo fondo a la cuenta 65505303995 en Santander, a nombre de Constructora y Abastecedora COFEX por concepto de “materiales diversos, construcción y rehabilitación”.

Asegura el MCCI que pocos días antes de esta transferencia “desde la cuenta 012540001037884827 de BBVA Bancomer el fondo del Congreso morelense había transferido otros 218 mil pesos a la cuenta 65505304146 de Santander, cuyo titular era el Despacho de Profesionistas Futura, una de las empresas fantasma utilizada ese mismo mes en el presunto desvío electoral de Chihuahua”.

Con esta información, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendría los elementos necesarios para poder enjuiciar a Moreno Merino.

Al respecto, trabajadores del Congreso aseguraron que éste goza de impunidad y privilegios, pues es con su administración como presidente del Congreso es cuando el desfalco y la corrupción alcanzó sus mayores índices, afectando no sólo a miles de trabajadores y proveedores de esa legislatura sino incluso el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, que en teoría fue creado para  dotar a municipios con proyectos de obras e infraestructura, con más de 15 millones de presupuesto, fantasma, pues fue creado el 25 de noviembre de 2017 y desaparecido el 29 de agosto de 2018, sin que su operación o gastos fueran trasparentados.

Los denunciantes insistieron en que “Paco” Moreno Merino disfruta de una vida regalada en Quintana Roo, mientras su homóloga Hortencia Figueroa puede quedar sometida a un proceso penal por algo en lo que ambos están involucrados.

Por último, señalaron que la actual legislatura tiene todos los elementos necesarios para que Francisco Moreno Merino y Hortencia Figueroa sean enjuiciados exitosamente.

 

 

 

 

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Uriel Carmona Gándara comparecerá hoy ante legisladores.

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Legisladores están divididos en dos fracciones, una integrada por 14 diputados y, la otra, por seis.

Las diferencias políticas y personales al interior del Congreso del estado han causado una "lluvia de amparos" promovidos por los legisladores que integran el llamado G-6, a fin de no ser removidos de las comisiones a las fueron designados cuando se instaló la LIII Legislatura, en septiembre del año pasado. 

En enero pasado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y la diputada priista Rosalina Mazari Espín, como presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, fueron los primeros en promover juicios de amparo ante la justicia federal para evitar que un grupo de 15 legisladores los removieran de dichas representaciones. 

Tras la aprobación del Presupuesto 2019, en el mes de febrero, el Poder Legislativo se volvió a fracturar, pero esta vez en un grupo mayoritario de 14 legisladores contra seis. 

Desde entonces, los juicios de amparo han sido una vía recurrente de los diputados para mantenerse en las comisiones legislativas que integraban desde septiembre, aunque sin ningún resultado. 

El pasado 19 de marzo, la justicia federal le notificó al diputado sin partido, José Casas González, que su amparo para no ser removido de las Comisiones de Gobernación y Gran Jurado, de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, y de la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, fue desechado, por ser notoriamente improcedente. 

Posteriormente, la diputada sin partido, Naida Díaz Roca, también usó la misma vía jurídica para mantenerse al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y de igual forma su juicio fue desechado. 

Este lunes, el diputado morenista Marcos Zapotitla Becerro consiguió la suspensión de un juzgado federal para evitar que sus ingresos como legislador fueran afectados por un acuerdo político al interior del Congreso del estado. Sin embargo, la misma justicia desechó el amparo con el que pretendía mantenerse en las comisiones de las que fue removido la semana pasada, como son la de Puntos Constitucionales y Legislación. 

En tanto, este martes, el Poder Legislativo fue notificado de un nuevo juicio de amparo que promovió la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, con el fin de mantenerse al frente de la Comisión de Educación y Cultura y no dejar de ser integrante de ocho comisiones más. 

 

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Miércoles, 27 Marzo 2019 05:17

Confían en que exdiputadas sean sancionadas

Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste son señaladas como presuntas responsables del desfalco heredado a la presente legislatura estatal.

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Los diputados preparan la anulación del beneficio y el encauzamiento de quienes usaron documentos falsos para justificar el trámite.

El Congreso del estado cancelará 73 "jubilaciones doradas" que la LIII Legislatura aprobó a exfuncionarios de alto mando del gobierno del estado que encabezó Graco Ramírez, luego de confirmar que presentaron documentos falsos para su autorización. 
La presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que concluyó la investigación que realizó el órgano legislativo que preside y concluyó que los ex servidores públicos cometieron diversas irregularidades. 
Explicó que se trata sólo de las jubilaciones que autorizo la LIII Legislatura, de las en ninguno de los 73 casos se cumplió con el procedimiento legislativo para su autorización. Es decir, no fueron analizados por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, sino que todos los dictámenes fueron turnados directamente al Pleno y fueron aprobados sin ningún análisis. 
Ante tales irregularidades, la diputada Rodríguez Ruiz dijo que no sólo serán abrogados los 73 decretos pensionarios, sino que el Congreso del estado procederá penal y administrativamente en contra de los exfuncionarios beneficiados. 
En la lista de los decretos de "jubilaciones doradas" que aprobó la LIII Legislatura se encuentran los nombres de Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y Francisco Velázquez Adán, extitular del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
De igual forma, están Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros. 

 

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Un juzgado de distrito concedió al diputado Marco Zapotitla Becerro una suspensión, únicamente para que, por el momento, no se afecten sus emolumentos, tras ser relevado la semana pasada de las diversas comisiones legislativas que presidía e integraba.

Según el acuerdo publicado en estrados electrónicos del Juzgado Segundo de Distrito, quien conoce del juicio de amparo 346/2019 promovido por el diputado de Morena, se concedió la suspensión provisional para que el quejoso mantenga sus emolumentos en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva.

“En efecto, ante la incertidumbre de la naturaleza de los actos, pues no se tiene la seguridad de que se trate de actos de autoridad o bien sean producto de actos soberanos de la Legislatura del Estado de Morelos; sin embargo, ponderando que éstos pueden afectar los derechos sustantivos del quejoso, relacionados con su subsistencia al aducir que pretenden privarlo de sus emolumentos y otros ingresos que percibe como Diputado de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, y atendiendo que éstos permiten la suspensión, en virtud de que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se estima procedente otorgar la medida cautelar”, estableció el acuerdo que otorgó la medida cautelar de manera provisional.

El juzgado federal detalló que el diputado aportó documentación probatoria de que, en agosto de 2018, fue electo como secretario de la Mesa Directiva, y en septiembre pasado fue designado, mediante el acuerdo parlamentario por el que se integran las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales del Congreso del Estado de Morelos como presidente de las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y Legislación, Seguridad Pública y Protección Civil.

Además de secretario de las Comisiones Legislativas de Igualdad de Género y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, vocal de las Comisiones Legislativas de Educación y Cultura, Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Salud, Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación y Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción.

El pasado 21 de marzo, el Pleno del Congreso retiró a los diputados José Casas González y Marzo Zapotitla Becerro de las comisiones que presidían e integraban. Al primero, por convertirse en diputado sin partido ni fracción parlamentaria. Al segundo, por presunta ineficiencia y rezago legislativo. 

 

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Requieren que el Inegi realice la delimitación municipal, pero no han cumplido los requisitos necesarios.

La Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas del Congreso del Estado reportó que los municipios de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco, han sido omisos en el cumplimiento de los trámites que se requieren para concretar la delimitación territorial ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que puedan acceder a las participaciones federales.

Además, de acuerdo con información de Humberto Leónides Segura, asesor de la comisión legislativa antes mencionada, los tres nuevos municipios de origen indígena tampoco han creado la reglamentación municipal que marca la Constitución Política del Estado, como son: Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento en Salubridad Municipal, Reglamento de Panteones, Reglamento de Protección al Ambiente, Reglamento Interior de la Contraloría Municipal y Reglamento de Tránsito. 

Ante tales omisiones, el funcionario estatal dijo que se advierten conflictos sociales pues los municipios no sólo no han logrado organizarse, sino que tampoco han podido concretar los trámites para acceder a las participaciones federales que les corresponderían. 

Sostuvo que si no inician el proceso legal y administrativo ante el INEGI para que se defina su delimitación territorial, para el mes de abril Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan ya no podrán acceder a recursos federales, pues el gobierno estatal determinó autorizarles adelantos de las participaciones de enero a marzo, en tanto avanzaban en su organización. 

"Desgraciadamente los municipios han sido muy omisos en estos trabajos y solamente se instalaron las mesas de trabajo, pero no ha habido seguimiento y es ahí donde nosotros hemos estado insistiendo, porque mientras los municipios no cumplan con las claves que otorgan estas dependencias, no van a poder obtener la mayoría de los recursos federales de programas federales como el FAIS", explicó. 

 

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El presidente del Foro Morelense se pronuncia por reincorporar la figura de revocación de mandato y por ampliar las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

El Foro Morelense de Abogados llamó al Congreso local a agilizar la designación del nuevo ombudsman, para evitar que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos permanezca acéfala, así como pidió que se reincorpore a la Constitución de Morelos la figura de revocación de mandato y se amplíen las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

Sobre el primer tema, el presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, consideró necesario que el Congreso del estado le dé la importancia necesaria, porque se trata de la elección de quien será el garante y vigilante del respeto a los derechos humanos de los morelenses.

También señaló que es indispensable que el Congreso del estado armonice las leyes locales con las federales, y un ejemplo debería ser la reincorporación de la figura de revocación de mandato en la ley estatal, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

“Como ustedes saben, en el 2017 la legislatura anterior desaparece la Ley de Participación Ciudadana de un solo plumazo, y, con ello, la revocación de mandato. Después, en 30 días, vuelve a elaborar una nueva Ley de Participación Ciudadana pero ya no contemplaba la revocación de mandato”.

Dijo que la revocación de mandato debe reincorporarse al marco normativo estatal, pues es un instrumento ciudadano por el cual se puede llevar a cabo la consulta para quitar a los malos representante populares y no esperar tres años para retirarlos del cargo.

Finalmente, advirtió que debe realizarse una reforma legal para ampliar la extinción de dominio a los servidores públicos cuyo patrimonio sea producto de la corrupción y otros ilícitos.

Actualmente, precisó, procede la extinción de dominio tratándose de delincuencia organizada, narcomenudeo y secuestro, sin embargo, debe ampliarse a delitos que sean por hechos de corrupción.

 

 

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A partir de este viernes, y ante la indefinición del Congreso del Estado para nombrar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Víctor Antonio Maruri Alquisira asumió este viernes la representación como encargado de despacho.

El periodo de tres años por el que fue designado Jorge Arturo Olivares Brito como presidente de la CDHEM venció ayer, mientras tanto espera a que los diputados determinen si lo ratificarán en el cargo por tres años más o elegirán a otro de los 23 aspirantes. 

La diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquétzal Sánchez Ayala, dijo en entrevista que el Congreso del estado no eligió a tiempo al presidente de la CDHEM porque tuvieron que atender asuntos importantes de la vida interna del Congreso, como fue la reforma a la Ley Orgánica que creó la figura de diputado sin partido y redujo el porcentaje para que un grupo parlamentario pueda representar la Junta Política y de Gobierno.

"Tenemos temas que atender, no es que no sea prioritario el de derechos humanos, de hecho por eso se dejó para la próxima semana para que todos tengamos el tiempo de analizar cada currículum, al menos en mi caso les digo que es así porque son varios candidatos y tenemos que revisar punto por punto, no es de tronar los dedos y ya está", sostuvo la legisladora.

La diputada explicó que debido a que no han tomado una determinación como legisladores, sobre el futuro de la presidencia del organismo defensor de los derechos humanos, se declaró un receso en la sesión ordinaria de este jueves para retomar el tema en los próximos días, aunque en dicha sesión no se incluyó en el orden del día el tema. 

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Junto con la exdirectora de Administración del Congreso comparecerán la próxima semana ante un juez.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formulará imputación ante un juez de control a las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, así como a la exsecretaria de Administración del Congreso durante la LII Legislatura, Martha Patricia Bandera Flores, por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 20 millones de pesos.

De acuerdo con el citatorio, ambas exlegisladoras y la exfuncionaria deberán presentarse a la audiencia, en compañía de sus abogados defensores, el próximo 29 de marzo en la sede de la Ciudad Judicial del Estado de Morelos, para que ante un juez de control la fiscalía dé a conocer a las imputadas las acusaciones que se les atribuyen, siendo el Congreso del Estado la parte agraviada.

En el último año de la legislatura, las exrepresentantes populares y la exfuncionaria estuvieron a cargo del manejo de la administración del Congreso local, pero una vez terminados su encargos y al tomar posesión sus sucesores, los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de la LIV Legislatura promovieron una denuncia por presuntas irregularidades cometidas por algunos exdiputados.

Entre las anomalías detectadas y denunciadas por los nuevos legisladores, destaca la presunta venta irregular de 32 vehículos (supuestamente a un costo por debajo de su valor comercial); el presunto desvío de las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Crédito, el Instituto del Seguro Social y el Sistema de Administración Tributaria, y la expedición de cheques sin aparente justificación por cantidades significativas.

También, a finales de marzo e inicios de abril, están programadas audiencias para formular imputación a alrededor de nueve exfuncionarios de la administración graquista de las secretarías de Desarrollo Agropecuario y Obras Públicas.  

Guadalupe Flores Servín, vicefiscal anticorrupción, confirmó que están programadas para el 28 marzo y 2 de abril dichas audiencias. Además, afirmó que derivado de la publicidad en los medios de comunicación de las denuncias promovidas contra exfuncionarios de la administración estatal anterior, muchos implicados han recurrido a la vía del amparo, pero hasta ahora no han prosperado las suspensiones.

 

 

 

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