El presidente del Foro Morelense se pronuncia por reincorporar la figura de revocación de mandato y por ampliar las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

El Foro Morelense de Abogados llamó al Congreso local a agilizar la designación del nuevo ombudsman, para evitar que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos permanezca acéfala, así como pidió que se reincorpore a la Constitución de Morelos la figura de revocación de mandato y se amplíen las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

Sobre el primer tema, el presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, consideró necesario que el Congreso del estado le dé la importancia necesaria, porque se trata de la elección de quien será el garante y vigilante del respeto a los derechos humanos de los morelenses.

También señaló que es indispensable que el Congreso del estado armonice las leyes locales con las federales, y un ejemplo debería ser la reincorporación de la figura de revocación de mandato en la ley estatal, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

“Como ustedes saben, en el 2017 la legislatura anterior desaparece la Ley de Participación Ciudadana de un solo plumazo, y, con ello, la revocación de mandato. Después, en 30 días, vuelve a elaborar una nueva Ley de Participación Ciudadana pero ya no contemplaba la revocación de mandato”.

Dijo que la revocación de mandato debe reincorporarse al marco normativo estatal, pues es un instrumento ciudadano por el cual se puede llevar a cabo la consulta para quitar a los malos representante populares y no esperar tres años para retirarlos del cargo.

Finalmente, advirtió que debe realizarse una reforma legal para ampliar la extinción de dominio a los servidores públicos cuyo patrimonio sea producto de la corrupción y otros ilícitos.

Actualmente, precisó, procede la extinción de dominio tratándose de delincuencia organizada, narcomenudeo y secuestro, sin embargo, debe ampliarse a delitos que sean por hechos de corrupción.

 

 

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A partir de este viernes, y ante la indefinición del Congreso del Estado para nombrar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Víctor Antonio Maruri Alquisira asumió este viernes la representación como encargado de despacho.

El periodo de tres años por el que fue designado Jorge Arturo Olivares Brito como presidente de la CDHEM venció ayer, mientras tanto espera a que los diputados determinen si lo ratificarán en el cargo por tres años más o elegirán a otro de los 23 aspirantes. 

La diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquétzal Sánchez Ayala, dijo en entrevista que el Congreso del estado no eligió a tiempo al presidente de la CDHEM porque tuvieron que atender asuntos importantes de la vida interna del Congreso, como fue la reforma a la Ley Orgánica que creó la figura de diputado sin partido y redujo el porcentaje para que un grupo parlamentario pueda representar la Junta Política y de Gobierno.

"Tenemos temas que atender, no es que no sea prioritario el de derechos humanos, de hecho por eso se dejó para la próxima semana para que todos tengamos el tiempo de analizar cada currículum, al menos en mi caso les digo que es así porque son varios candidatos y tenemos que revisar punto por punto, no es de tronar los dedos y ya está", sostuvo la legisladora.

La diputada explicó que debido a que no han tomado una determinación como legisladores, sobre el futuro de la presidencia del organismo defensor de los derechos humanos, se declaró un receso en la sesión ordinaria de este jueves para retomar el tema en los próximos días, aunque en dicha sesión no se incluyó en el orden del día el tema. 

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Junto con la exdirectora de Administración del Congreso comparecerán la próxima semana ante un juez.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formulará imputación ante un juez de control a las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, así como a la exsecretaria de Administración del Congreso durante la LII Legislatura, Martha Patricia Bandera Flores, por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 20 millones de pesos.

De acuerdo con el citatorio, ambas exlegisladoras y la exfuncionaria deberán presentarse a la audiencia, en compañía de sus abogados defensores, el próximo 29 de marzo en la sede de la Ciudad Judicial del Estado de Morelos, para que ante un juez de control la fiscalía dé a conocer a las imputadas las acusaciones que se les atribuyen, siendo el Congreso del Estado la parte agraviada.

En el último año de la legislatura, las exrepresentantes populares y la exfuncionaria estuvieron a cargo del manejo de la administración del Congreso local, pero una vez terminados su encargos y al tomar posesión sus sucesores, los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de la LIV Legislatura promovieron una denuncia por presuntas irregularidades cometidas por algunos exdiputados.

Entre las anomalías detectadas y denunciadas por los nuevos legisladores, destaca la presunta venta irregular de 32 vehículos (supuestamente a un costo por debajo de su valor comercial); el presunto desvío de las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Crédito, el Instituto del Seguro Social y el Sistema de Administración Tributaria, y la expedición de cheques sin aparente justificación por cantidades significativas.

También, a finales de marzo e inicios de abril, están programadas audiencias para formular imputación a alrededor de nueve exfuncionarios de la administración graquista de las secretarías de Desarrollo Agropecuario y Obras Públicas.  

Guadalupe Flores Servín, vicefiscal anticorrupción, confirmó que están programadas para el 28 marzo y 2 de abril dichas audiencias. Además, afirmó que derivado de la publicidad en los medios de comunicación de las denuncias promovidas contra exfuncionarios de la administración estatal anterior, muchos implicados han recurrido a la vía del amparo, pero hasta ahora no han prosperado las suspensiones.

 

 

 

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Un sinfín de familiares se encuentran laborando en el ayuntamiento de Tepalcingo: desde hermanos, primos y hasta la mamá del presidente municipal ocupan algún cargo dentro del Ayuntamiento desde su llegada en enero de 2019, denunciaron trabajadores de la comuna, quienes señalaron que existe prepotencia y malos tratos de parte de los nuevos funcionarios.
La lista de familiares arranca con los hermanos del alcalde, Joel y Jaime Sánchez Vélez, que se desempeñan como asesores de este municipio, así como tres sobrinos y las esposas de ellos.
El alcalde prometió en campaña que no habría nepotismo, ni influyentismo y ahora vemos que llenó la presidencia con su familia y la de su esposa.

El mismo camino lleva la regidora de Obras y la síndica, denunciaron en el Congreso del estado, un grupo de vecinos que acudió al recinto legislativo a presentar una denuncia ciudadana.
Napoleón Gutiérrez, quien dijo encabezar esta denuncia, agregó que 70 ex trabajadores del municipio fueron despedidos en los pasados días, ya que les fue exigida su plaza para acomodar tanto los compromisos políticos como a los familiares del propio edil.
El denunciante aseguró que informará al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de estas prácticas que realiza Alfredo Sánchez Vélez en el municipio de Tepalcingo, dejando en claro que en esa comunidad está latente la molestia de la población. “¿Cuál cuarta transformación? Sólo se ha beneficiado el propio alcalde”, aseguró.

 

 

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La iniciativa está detenida en el Congreso desde hace cinco meses.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que próximamente deberá votarse en el Pleno la Ley del Notariado Público, que propuso el Poder Ejecutivo y que por cerca de cinco meses ha permanecido en la "congeladora". 
En entrevista, el legislador sostuvo que pese a que la propuesta fue dictaminada en contra por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la última decisión la tiene el Pleno del Congreso. 
"La decisión de la Comisión es lo que ellos hayan considerado, pero finalmente el Pleno tiene la última palabra", declaró. 
Sotelo Salgado dijo que se solicitaría al presidente de la citada comisión, Marcos Zapotitla Becerro, que turne finamente el dictamen al Pleno para que pueda ser votado, ya que la propuesta ha permanecido en la "congeladora" por cerca de seis meses, sin ninguna justificación. 
"Estamos ya al límite de que puedan ser votadas... Estaremos esperando que puedan ser presentadas al Pleno", añadió el legislador del Partido Encuentro Social (PES). 
De acuerdo con Sotelo Martínez, además de la iniciativa de Ley del Notariado Público, está detenida la propuesta que hizo el Ejecutivo para reformar el Código Penal del Estado y castigar a los responsables de la colocación de mantas y pintas que tengan como finalidad amenazar a un funcionario público o a algún ciudadano. 
Esta propuesta fue enviada por el mandatario estatal el pasado primero de febrero, junto con otra iniciativa para reformar la Ley de Fondo Morelos. 

 

 

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Administra y eficienta recursos el Poder Ejecutivo estatal.

Fidel Giménez-Valdés y Mirna Zavala Zúñiga, secretarios de Obras Públicas y de Administración, comparecieron ante el Congreso estatal.

Desde el inicio de la presente administración se reanudaron los trabajos en obras que habían quedado incompletos o que fueron desatendidos por el gobierno anterior en distintos rubros como en el educativo, salud y vialidad, como calles y carreteras, entre otros, con el único objetivo de cumplirles a los ciudadanos.
Así lo informó el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés, durante su comparecencia en el Congreso estatal, donde expuso los avances de infraestructura pública durante los primeros tres meses de gobierno.
Giménez Valdés destacó las mejoras en temas prioritarios como la rehabilitación de las cinco rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, la remodelación de las vías de distintos municipios, así como los trabajos de reconstrucción en diversas escuelas y espacios públicos afectados por el sismo de 2017.
En ese sentido, señaló que en materia educativa se realizan 157 obras, entre las cuales se atienden 11 planteles pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con un monto contratado superior a los 500 millones de pesos.
Agregó que se ejecutaron 15 obras de infraestructura urbana para solucionar los problemas más urgentes y cuyos ejemplos más destacables son la remodelación en las calles Salazar y Morrow, en el Centro de Cuernavaca, además de las calles Josefa Ortiz de Domínguez, Javier Mina y Francisco González Bocanegra, en el municipio de Jojutla.
En el sector salud, algunas obras de gran relevancia atendidas fueron la rehabilitación del hospital comunitario de Puente de Ixtla y la rehabilitación de 61 centros de salud en distintos municipios, lo cual ha reforzado la capacidad de atención médica en beneficio de miles de familias.
Durante la comparecencia, el secretario Fidel Giménez-Valdés resaltó que desde el principio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, se logró dignificar la escultura del general Emiliano Zapata Salazar, que había sido relegada a un segundo plano y que ahora es apreciada en el Libramiento Cuernavaca.
Agregó que en dicha vía, a través de una exitosa gestión, se logró retirar la barrera separadora que delimitaba los carriles centrales en los 14.5 kilómetros, mejorando la seguridad, los tiempos de traslado y el acceso de los cuerpos de emergencia.
Entre otras acciones, enlistó la rehabilitación del Centro Cultural Jardín Borda y del Centro Morelense de las Artes y el mejoramiento de la Ciudad Judicial de Cuautla.

Administra y eficienta recursos el Poder Ejecutivo estatal: Zavala Zúñiga 

Generar e impulsar las condiciones adecuadas para fortalecer una efectiva administración pública, en la que los recursos públicos se apliquen de manera responsable, eficaz y eficiente, son los principales objetivos de la Secretaría de Administración, aseguró Mirna Zavala Zúñiga, titular de la dependencia.
En el marco de la comparecencia realizada en el salón de Comisiones del Congreso local, con motivo de la glosa del informe de los primeros tres meses de gobierno, Mirna Zavala afirmó que es indispensable trabajar día con día a favor de los morelenses.
Como parte del compromiso de mejorar y potencializar el talento humano, así como profesionalizar el servicio público, y que ello se refleje en una atención eficaz y de calidad a la sociedad, de octubre a diciembre de 2018 se capacitó a 557 trabajadores, a través de 34 cursos en materia de modernización y mejoramiento de la administración pública.
En ese sentido, una de las principales acciones ha sido lograr que Morelos se fortalezca con acciones positivas en torno al desarrollo de la administración pública para atender de manera eficiente, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Lo anterior, de forma coordinada con las Unidades de Enlace Jurídico y Unidades de Enlace Financiero y Administrativo de cada secretaría, dependencia y organismo, de los cuales sus funcionarios se conducen bajo las políticas públicas de respeto y legalidad.
Como muestra de las actividades de la Secretaría de Administración, se logró aprovechar el limitado recurso para terminar el año 2018, haciendo cumplir los derechos de los trabajadores y remediando insuficiencias del anterior gobierno.
Además, la dependencia estatal logró dar impulso a la realización de mesas de trabajo con los enlaces jurídicos de las secretarías y dependencias a fin de alinear los anteproyectos de reglamentos interiores a lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.
“Todo esto ha permitido eliminar la duplicidad de funciones y mejorar y simplificar los procesos, trámites y servicios gubernamentales, basados en la mejora continua, incrementando la eficiencia operativa de la administración pública”, abundó Zavala Zúñiga.

 

 

 

 

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25 aspirantes se han registrado en busca de ocupar el cargo.

Diputados locales elegirán, a más tardar el miércoles próximo, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). Sin embargo, el proceso ha causado un nuevo conflicto político entre los legisladores.

En el marco de la pasarela de aspirantes a presidir el organismo defensor de los derechos humanos, que inició ayer y concluirá este sábado, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Marcos Zapotitla Becerro acusó a la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, de llevar a cabo un proceso “amañado” para designar a un presidente de la CDHEM “a modo”.

“A mí me da la impresión de que se está estratégicamente o mañosamente, o perversamente, dosificando la información de la Comisión de Derechos Humanos. A mí me llama la atención que en lo oscurito se vaya a dar la comparecencia de los postulados a esta comisión, en sábado, en puente, en un modelo muy breve; entonces yo creo que algo anda mal”, manifestó el diputado Zapotitla Becerro.

Sin embargo, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz sostuvo que el proceso de elección se ha llevado a cabo de manera transparente, “las comparecencias no son en lo oscurito, quien quiera puede estar”, agregó.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno refirió que una vez que concluya la revisión de los perfiles de los 25 aspirantes registrados, el órgano político integrará el acuerdo que se presentará al Pleno para su votación, a más tardar el próximo miércoles.
El periodo del actual presidente de la CDHEM, Jorge Arturo Olivares Brito, que también se registró para su reelección, concluye el próximo 22 de marzo, por lo que el Congreso deberá tomar una determinación previamente.

 

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Los ahora diputados independientes no sólo fueron excluidos de las decisiones de la Junta Política y de Gobierno, sino que perdieron la  representación que tenían en comisiones legislativas.

Tras haberse declarado independientes, los diputados Naida Díaz Roca y José Casas González no sólo fueron excluidos de las decisiones de la Junta Política y de Gobierno, sino que perdieron la  representación que tenían en las comisiones legislativas y dejaron de percibir las prerrogativas mensuales a las que tenían derecho para el pago de sus asesores. 
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sostuvo que la determinación fue tomada por todas las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias, en cumplimiento a lo que marca la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 
Explicó que al no pertenecer a ningún partido político, Díaz Roca no podía seguir en la Junta Política y de Gobierno, como tampoco Casas González, ya que  ambos dejaron las fuerzas políticas a las que pertenecían por obligación y determinación. 
De igual forma, les fueron canceladas sus representaciones en las comisiones legislativas. "La ley marca que un diputado sin partido puede pertenecer a una comisión como vocal", agregó Rodríguez Ruiz. 
Además, al no tener una presidencia o secretaría en ninguna comisión, los legisladores dejarán de percibir las prerrogativas de las que gozaban cada mes para el pago de asesores, y sólo recibirán el ingreso mensual como legislador local, que es de 70 mil pesos aproximadamente. 
De acuerdo con información extraoficial, José Casas habría recibido al mes (desde septiembre pasado) 110 mil pesos extras a su ingreso mensual como diputado, para el pago de dos secretarios técnicos y tres asesores. 
En tanto, Naida Díaz Roca recibía 65 mil pesos de prerrogativas para el pago de un secretario técnico y dos asesores.

 

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El fiscal general, Uriel Carmona, comparecerá ante el Congreso la próxima semana.

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Plantean dar cabida a revocación de mandato, parlamento y gobierno abierto.

El Congreso del estado llevará a cabo foros de consulta en Morelos para integrar una nueva propuesta de Ley de Participación Ciudadana, que permita la aplicación de mecanismos como la revocación de mandato y gobierno abierto.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, Marcos Zapotitla Becerro, informó que esta semana podría aprobarse en el Pleno del Congreso la reforma constitucional en materia de participación ciudadana, ya que la semana pasada fue dictaminada la iniciativa.
Por su lado, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez, presidenta de Comisión de Participación Ciudadana, refirió que posterior a la aprobación de la reforma constitucional se llevarán a cabo foros de consulta en distintos municipios de la entidad para que la sociedad en general proponga sobre la creación de una nueva ley en materia de participación ciudadana. 
"A finales de mes vamos a hacerlos, vamos a hacerlos en Jojutla, Cuernavaca, Cuautla, en Yautepec y Zacatepec. Vamos a salir para que podamos escuchar a la ciudadanía y podamos incluir sus propuestas". 
Guevara Ramírez refirió que la revocación de mandato alcanzaría a todas las autoridades que fueron electas por el pueblo, además de concretarse las figuras de parlamento y gobierno abierto. "Regresarle a la ciudadanía ese poder que lo estaba limitando, porque -si bien- ellos nos ponen, también ellos tienen que tener el poder de evaluación para poder removernos de los cargos", agregó. 

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