Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, manifestó que el Poder Ejecutivo respeta la decisión del Congreso del estado en cuanto a la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz.

Cuestionado sobre los señalamientos que se han hecho hacia el ombudsman por su presunta cercanía con el exgobernador Graco Ramírez y por el presunto proceso administrativo por ilícitos cometidos desde la administración pública, Ojeda Cárdenas dijo que seguramente el Poder Legislativo revisó los perfiles y evaluó a las y los candidatos antes de tomar la decisión. “Si existe algún tema legal pendiente él lo tendrá que aclarar”, apuntó.

El encargado de la política interna también apuntó que el trato de Hernández Cruz con la actual gestión ha sido sólo como notario público. “La relación que yo tengo con él en la parte profesional es en su calidad de notario donde se desempeñó de forma debida, y lo que recibirá de la Secretaría de Gobierno es todo nuestro apoyo”.

Refirió que el mismo jueves presentó su solicitud de licencia a la notaría, a la que se le dará curso inmediato para que pueda desempeñar sus funciones; la persona que lo sustituirá en esa tarea de manera temporal será designada conforme a la ley del notariado.

Sobre la presunta relación del ahora presidente de la comisión de derechos humanos, el responsable de la política interna en el estado expuso que hasta donde tiene conocimiento, Hernández Cruz estuvo al frente de un área jurídica en la administración anterior, pero reiteró: “otra vez la relación que tenemos en esta administración solo es la de notario y no tenemos ninguna objeción, respetamos la decisión del Congreso local”.

Añadió que la agenda de derechos humanos en el estado es muy larga, por lo que el gobierno estatal tendrá que trabajar en coordinación con el organismo protector en la materia, en temas importantes como la atención de la alerta de violencia de género, entre otros.

 

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Varios diputados locales defendieron su determinación  de nombrar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) a Israel Hernández Cruz, excolaborador de Graco Ramírez. Afirmaron que “por su trayectoria”–que carece de relación con el tema de la defensa de los derechos humanos- se consideró el mejor perfil para ocupar el cargo. 
En entrevistas por separado, los legisladores rechazaron la intromisión del exmandatario perredista en su decisión y afirmaron que su determinación se tomó con base en una revisión del perfil de cada uno de los 22 aspirantes.
El diputado de Morena Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que la votación del Pleno fue unánime porque de entre los 22 perfiles se consideró que el de Israel Hernández era el idóneo para estar al frente de la CDHEM para realizar el trabajo que se necesita para la defensa de los derechos humanos de los morelenses. 
"A mí no me preocupa ese tema, no lo ponderé como una situación; yo lo que pondero de él es que tiene que desligarse de su pasado y tiene que marcar una agenda de derechos humanos contundente. Él no tiene excusa para no dar resultados; tiene la fuerza y la confianza de todos", manifestó Zapotitla Becerro. 
Por su lado, la legisladora panista Dalila Morales Sandoval también justificó su decisión al señalar que se debió a una revisión de perfiles. 
"Acción Nacional tomó una decisión en base a una curricular (sic) que tuvimos a la mano, en base a la información que tuvimos y así fue la decisión tomada… En lo particular habla de una experiencia, de una experiencia como profesionista, en temas que llevan una situación de derechos humanos, incluso temas de capacitación en ese sentido", manifestó. 
Sin embargo, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, admitió que el nombramiento de Hernández Cruz sí se debió a un asunto de consensos y no con base en la experiencia del abogado en materia de derechos humanos. 
"Le vamos a dar el beneficio de la duda, sé que lo va a hacer bien", añadió la legisladora.

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Cerraron la avenida Plan de Ayala para exigir que sus permisos provisionales sean regularizados; también se manifestaron contra los mototaxis.

Integrantes de la Confederación de Transportistas del Estado de Morelos reaparecieron en una protesta ante el Congreso del estado y pidieron que concluya el proceso de regularización de taxis y rutas que inició el gobierno de Graco Ramírez. Los inconformes provocaron un enorme caos vial al bloquear la avenida Plan de Ayala, que solo fue liberada a la una y media de la tarde.

También denunciaron que la senadora Lucía Meza Guzmán busca beneficiarse del negocio de los mototaxis, por lo que se pronunciaron en contra de la legalización de este servicio. 
Alrededor de las 10 de la mañana, decenas de transportistas arribaron con sus vehículos públicos a la calle Guillermo Gándara, de la colonia Amatitlán en Cuernavaca, lo que obligó al cierre de las puertas principales del recinto legislativo, donde policías antimotines los esperaban. 
Pidieron audiencia con los diputados, pues se manifestaron en contra de la legalización del servicio que prestan los mototaxis en el estado, y aseguraron que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con su senadora Lucía Meza Guzmán, pretende sacar provecho económico y puso en circulación cientos de motos en la zona oriente. 
"Hay municipios donde en esta administración no había ni un solo mototaxi y resulta que de la noche a la mañana hay 200, 300 mototaxis (...) Atlatlahucan es un caso concreto. Se ve la mano de un político, de algún adinerado, porque vacían las madrinas de 30 o 40 mototaxis y valen 70, 80 mil pesos", denunció César Yáñez Bustos, integrante de la Confederación de Transportistas. 
Los manifestantes fueron recibidos por los diputados Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Elsa Delia González Solorzano y José Luis Galindo Cortez, quienes les garantizaron que la regularización de los mototaxis no procederá, ya que se trata de un servicio público inseguro. 
Finalmente, los líderes de diversas organizaciones que integran la Confederación de Transportistas del Estado de Morelos también plantearon a los legisladores  la necesidad de que las unidades por las que pagaron por un permiso provisional a la pasada administración estatal sean regularizadas, pues afirmaron que es un asunto social y no político. 
"Las asignaciones se deben de respetar porque nosotros cumplimos con los lineamientos de ley que se piden, ahora esta administración quiere echarlo abajo porque hay un resentimiento político que porque según nos dieron las concesiones otra persona, entonces yo quiero que se respeten las garantías que en su momento gestionamos", dijo Pedro Palma Flores, de la agrupación Rutas Unidas de la región sur del estado..
La Confederación de Transportistas del Estado de Morelos fue organizada en el 2018 por el ex director de Transporte Noé Sandoval Morales, inhabilitado por la Contraloría del estado por haber cometido actos de corrupción en el proceso de regularización de taxis que inició en el 2014.
Entonces, la confederación sirvió para negociar con diferentes líderes transportistas la regularización de miles de taxis y rutas, a cambio de apoyar a Rodrigo Gayosso Cepeda, ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura. 
Los diputados y transportistas acordaron instalar una mesa de trabajo el martes próximo en el Congreso del estado, a fin de abordar todas las demandas planteadas ayer. 
El mismo pliego petitorio presentado a los diputados fue entregado más tarde por los líderes transportistas al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

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Diputados autorizaron reformas a diversas disposiciones de las leyes de Residuos Sólidos y la de Protección al Ambiente y la de Equilibrio Ecológico.

A partir del 2020 en Morelos se empezará a prohibir el uso y la distribución comercial de plásticos y recipientes desechables de un solo uso.
Con 18 votos a favor, el Congreso del estado aprobó las reformas a diversas disposiciones de las leyes de Residuos Sólidos y la de Protección al Ambiente y la de Equilibrio Ecológico. 
La nueva legislación establece la prohibición gradual del uso de "bolsas y popotes, vasos y platos de unicel, plástico y otro derivado del petróleo en cualquier establecimiento mercantil para prestar sus servicios ubicado en territorio del estado de Morelos", de acuerdo a lo que señala el dictamen aprobado, este jueves, por el Pleno del Congreso. 
Los municipios de la zona metropolitana del estado serán los primeros obligados a aplicar la normatividad en materia ambiental, responsabilidad que será compartida con los ciudadanos y los empresarios. 
En la nueva legislación se plantea que los comercios obligados a dejar de comercializar o expedir plásticos o cualquier otro desechable son: los pequeños y medianos comercios, tiendas, abarrotes, fruterías, verdulerías, fondas de comida, loncherías, cafeterías, cocinas económicas y taquerías, así como el comercio ambulante, y en general todo el comercio que por su actividad otorgue bolsas de plástico, incluidos los supermercados, tiendas departamentales y de autoservicio. 
En el dictamen aprobado por los legisladores también se establece que el gobierno estatal y los municipales estarán obligados a crear programas sobre el uso y tratamiento de los residuos sólidos, con el fin de disminuir gradualmente la contaminación en el estado. 
Para el 2022, se explica en el dictamen, todo el estado deberá haber acatado las nuevas normas ambientales y Morelos estará libre de plásticos de un sólo uso y derivados del unicel. 
Durante la determinación del Pleno del Congreso, que convierte a Morelos en el estado número 23 en legislar en la materia, integrantes de diversas organizaciones dedicadas a la defensa y cuidado del medio ambiente celebraron la determinación de los legisladores, que en menos de un año analizaron y aprobaron sus propuestas sobre el uso de plásticos.

 

 

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Raúl Israel Hernández Cruz obtuvo 17 votos.

Raúl Israel Hernández Cruz, hasta este jueves notario público número 13 y ex colaborador de Graco Ramírez, fue designado por el Congreso del estado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).
Después de tres meses de revisar 22 de los currículums de los aspirantes que se registraron en la convocatoria para ocupar la titularidad del organismo defensor de los derechos humanos, los legisladores locales decidieron colocar a quien recibió una notaría pública en el gobierno de Graco Ramírez.
Hernández Cruz recibió el respaldo de 17 de los 18 legisladores que ayer se encontraban en la sesión ordinaria, para cumplir con el nombramiento que se postergó desde el 22 de marzo pasado, cuando se venció el periodo en el cargo de Jorge Arturo Olivares Brito. 
El nuevo ombudsman morelense fue director jurídico de la Secretaría de Gobierno cuando estaba al frente Matías Quiroz Medina, hoy dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Raúl Israel Hernández Cruz, sin embargo, pidió que no lo juzgaran por su relación con el gobierno de Graco Ramírez y el PRD.
"Yo pediría que se me juzgue, y ustedes lo harán, con lo que haga o deje de hacer más allá de las afinidades o cercanías o cosas que me parecen irrelevantes para dar buenos resultados", declaró.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos fue cuestionado sobre su experiencia en la defensa de los derechos humanos y sólo expuso que trabajó en el Instituto Federal de Defensoría Pública, como secretario de juzgado de Distrito y colegiado y que realizó una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana.
Además, refirió que se enfocará en temas prioritarios como seguridad pública y paridad de género, pero no expuso más sobre su proyecto.
Tras su designación, en redes sociales se ventiló una ficha sobre supuestas investigaciones sobre tráfico de influencias y otros delitos.
En tanto, los legisladores dejaron pendientes los nombramientos de los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por lo que declararon un receso a la sesión ordinaria, ya que tenían como plazo para cumplir con esos nombramientos hasta este jueves 20 de junio. 

 

 

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Si no se cumple la medida, hay riesgo de que se judicialice el proceso: abogado.

El Congreso del estado deberá designar a más tardar este jueves 20 de junio al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), confirmó la diputada panista Dalila Morales Sandoval. 
En entrevista, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) admitió que aún siguen sin concretar acuerdos de mayoría entre las fuerzas políticas. Sin embargo, dijo que ayer se reunirían en sesión de la Junta Política y de Gobierno para que las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias tomaran una determinación y llevarla al pleno este jueves. 
Adelantó que durante la sesión ordinaria de mañana, se someterán a consideración del Pleno los 22 nombres de los aspirantes a ocupar la presidencia de la CDHEM, y no una ternan como lo marca la ley, a fin de garantizar el derecho de todos los participantes de la convocatoria que emitió el Congreso del estado. 
La panista señaló que no se nombrará al ombudsman morelense bajo el principio de equidad, como lo pidieron algunas mujeres aspirantes, pues existen buenos perfiles tanto de féminas como de hombres para ocupar la presidencia del organismo defensor de los derechos humanos. 
En tanto, Carlos Puig Hernández, uno de los aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos, dijo que si el Congreso del estado no designa este jueves al ombudsman, se corre el riesgo de que el proceso se judicialice, ya que desde el 22 de marzo existe un encargado de despacho al frente del organismo.
En rueda de prensa, el abogado se dijo respetuoso de la posturas de otras contendientes que pidieron sea una mujer la que ocupe el cargo, y sostuvo que será el Congreso del estado el que tome la decisión final. 

 

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Miércoles, 19 Junio 2019 05:16

Diputadas no reforzarán su seguridad

El Congreso manifiesta disposición con el gobierno del estado para atender problema de seguridad en el estado, expresan.

Tras el atentado en contra de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Erika García Zaragoza, ayer martes en Tetelcingo, las legisladoras locales admitieron que no se sienten seguras en el estado. Sin embargo, descartaron el reforzamiento de su seguridad personal. 
En rueda de prensa, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias condenaron el ataque armado en contra de su homóloga e hicieron un llamado al gobernador del estado para que aplique con urgencia "las estrategias de seguridad eficaces que garanticen la seguridad de los gobernados que depositaron su confianza en este gobierno".
La coordinadora del grupo parlamentario del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz,
dijo desconocer sobre amenazas en contra de Érika García previo al ataque, y tampoco hacia otro legislador, por lo que reiteró que no hay necesidad de reforzar la seguridad personal de alguno o al interior del Congreso. 
Las legisladoras manifestaron su disposición al Poder Ejecutivo para trabajar en conjunto y atender la problemática de seguridad que se vive en Morelos.
Mediante un comunicado de prensa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, también condenó el ataque en contra de García Zaragoza, y reiteró el llamado a las autoridades encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia a dar resultados inmediatos en las investigaciones para esclarecer el hecho. 

  

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Diputados locales buscan reformar diversas leyes locales para promover la "cultura de la paz" en distintos ámbitos, como una medida para inhibir a la delincuencia en Morelos. 
Ante el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Elsa Delia González Solórzano, planteó una iniciativa para modificar 11 instrumentos jurídicos que promueven los valores desde la niñez hasta la vida adulta. 
"Se hace necesario que todas las autoridades junto con la sociedad apliquemos la cultura de paz, porque es el único medio que nos da la certeza para cambiar los escenarios en los que vivimos", manifestó la legisladora ante tribuna. 
Explicó que la cultura de la paz es un conjunto de valores, actitudes y conductas, que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad. 
"El fuego no se puede apagar con fuego, es necesario cambiar la estrategia de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos", manifestó. 
Los marcos normativos que habrían de modificarse para incluir el fomento de la cultura de la paz son la Constitución Política del Estado, Ley de Educación, la de Educación Cívica, la Ley de Fomento de Actividades Cívicas de las Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras. 

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Miércoles, 12 Junio 2019 05:12

En julio, designación del titular de la ESAF

Nombramiento en CDHEM, sin fecha: Rodríguez Ruiz.

El Congreso del estado designará hasta el 11 de julio al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), así lo confirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) informó que por acuerdo de la Comisión Calificadora, que se integró por las tres principales fuerzas políticas en el Congreso para llevar a cabo el proceso de elección del auditor estatal, este miércoles se emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes. 
Posteriormente, explicó que la citada comisión procederá a la revisión de los perfiles de cada uno de los aspirantes y a más tardar el 11 de julio el Pleno del Congreso nombrará al titular de la ESAF. 
La legisladora petista rechazó que los tres grupos parlamentarios hayan tomado como rehén al Congreso del estado y sean los responsables de que no se avance en el nombramiento de los titulares de la ESAF, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 
"Al contrario, los grupos parlamentarios estamos dando una vida democrática republicana al Congreso del estado. Antes se hacía en las juntas políticas y a puerta cerrada y se designaba a dedazo, ahora es pública y todos los ciudadanos pueden participar", manifestó Rodríguez Ruiz. 
Explicó que para el nombramiento del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) no se han logrado acuerdos, por lo que aún no hay fecha para su definición, así como tampoco para elegir al comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) que sustituirá a Víctor Manuel Díaz, que la semana pasada terminó su encargo. 

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La falta de acuerdos impide avanzar en rezago legislativo, admite Ana Cristina Guevara.

El Congreso del estado es rehén de los grupos parlamentarios, afirmó la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Ana Cristina Guevara Ramírez, quien lamentó que hasta este martes no haya acuerdos para concretar los nombramientos públicos pendientes.
En entrevista, la legisladora local sostuvo que como fracciones parlamentarias poco han podido intervenir para destrabar los asuntos pendientes en el Poder Legislativo, como es la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), que deberá aprobarse antes del 22 de junio.
De igual forma, dijo desconocer por qué no se ha emitido la convocatoria para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), a pesar que desde hace dos semanas se instaló la Comisión Calificadora, integrada por las tres coordinadoras de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
"Lamento mucho que no se haya llegado a un acuerdo, yo creo que gente con perfil, gente capacitada, se ha inscrito en esta convocatoria, pero lamentablemente estamos siendo rehenes de los grupos, porque nosotros ya pudimos haber avanzado, analizando las propuestas, porque hay gente muy capaz... Yo soy un voto, pero mi voto no define o mi voto no va a poner en la mesa la propuesta. Me queda claro que esto es de consensos, de fuerzas políticas", manifestó la legisladora. 
Es que el viernes pasado, el Congreso del estado también dejó pasar el nombramiento de un nuevo comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), ya que venció el cargo de Víctor Manuel Díaz Vázquez.
La diputada dijo que pese a la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios, el Congreso del estado ya debe avanzar en estos temas pendientes antes de que concluya el período ordinario de sesiones el próximo 15 de julio. 
Sin embargo, y pese a los temas pendientes, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, señaló que en la LIV Legislatura sí se han podido poner de acuerdo en el trabajo legislativo. 
"Estamos poniendo el ejemplo de que sí podemos ponernos de acuerdo, de que somos fuertes. Ha sido difícil. A las mujeres no nos ha temblado el tacón de las zapatillas para sacar los temas pendientes", dijo la diputada morenista. 

  

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