En la instalación de la primera mesa técnica se dijo que el sesenta por ciento del presupuesto estatal se destina a ese rubro.

Analizarán a cuántos burócratas se les paga pensión en la entidad.

Autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sus sindicatos, acordaron trabajar en la creación de un Sistema Estatal de Pensiones, ante la problemática financiera que enfrentan las instituciones públicas del estado por este tema.
Este martes, el Congreso local instaló una mesa técnica, con miras a crear dicho sistema, como una solución al pago de pensiones y jubilaciones, ya que actualmente el 60 por ciento del presupuesto del gobierno estatal se destina a ese gasto.
La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, explicó que se busca integrar un fondo de pensiones en el que tanto la  institución pública como el trabajador aporten un recurso para su retiro.
Sin embargo, la legisladora dijo que se tiene que cuidar que no se afecten los derechos de los trabajadores, "pues hemos visto en otros estados donde ya tienen un fondo que le descuentan mucho al trabajador y no queremos que eso pase en Morelos", agregó.
Por su lado, José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, explicó que se debe analizar a fondo el tema y evitar que se trastoquen los derechos de los trabajadores en la búsqueda de una solución al problema del pago de pensiones.
Por lo anterior, los integrantes de la mesa técnica acordaron realizar un diagnóstico del problema y conocer cuántas jubilaciones deben pagar los tres poderes del estado, los ayuntamientos y el resto de los órganos y organismos públicos.
Miguel Ángel Medina Soto, secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato del Poder Ejecutivo, afirmó que están dispuestos a trabajar en el tema, pero recordó que el mayor gasto no lo generan los burócratas, que en su mayoría ganan cuatro mil pesos, sino los funcionarios de primer nivel que se jubilan con pensiones onerosas.
"Si bien es cierto que el mayor porcentaje del presupuesto se va en pensiones, habría que ver cuál es el presupuesto de nosotros cuando ganamos cuatro mil pesos mínimo. Si hacemos un balance de eso estamos teniendo que el 60 por ciento del gasto del estado no lo llevamos los trabajadores sindicalizados supernumerarios, sino que se lo lleva el que tiene un salario más alto que el de nosotros", añadió Medina Soto.
Durante todo el año se llevarán a cabo 23 mesas de trabajo sobre el tema y la siguiente será el 3 de julio próximo, en el Congreso del estado. 

 

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Mediante un punto de acuerdo anulan la extensión del periodo en el cargo hasta por veinte años que aprobó la legislatura anterior.

Por la vía rápida y mediante un acuerdo político, los legisladores locales dejaron sin efectos los nombramientos de un grupo de magistrados a los que la LIII Legislatura extendió su período por 20 años. 
El punto de acuerdo fue impulsado por el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Galindo Cortez, quien recibió el respaldo de 16 legisladores más, que aprobaron ante el Pleno abrogar una norma transitoria por la que se dispuso que una lista de 22 magistrados permanecieran en su representación por 20 años y no 14, como actualmente lo establece la Constitución Política del Estado de Morelos, a raíz de una reforma que también aprobaron los ex legisladores. 
Dentro de la lista de magistrados que se verían afectados con la determinación del Pleno del congreso destaca la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, quien tendría que dejar el cargo el próximo 4 de julio. 
El artículo segundo transitorio del decreto publicado en la edición del 24 de febrero del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, establece que los 22 magistrados en funciones, que recibieron su nombramiento por 20 años, son del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
"Por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes”, señala la norma transitoria que a partir de ayer quedaría sin efectos. 
Sin embargo, minutos después de la votación del asunto, la coordinadora parlamentaria del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz pidió corregir el sentido de su sufragio, pues sostuvo que el acuerdo carece de legalidad y lo consideró como un "albazo". 
Incluso, la legisladora adelantó que de no anularse el acuerdo, procedería legalmente pues consideró que para impulsar una acción de tal trascendencia procedería una reforma constitucional y no un simple punto de acuerdo, el cual tampoco cumplió con el proceso legislativo que señala la ley. 
La reforma constitucional en mención, fue impulsada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la pasada legislatura, en el momento en que se impulsó un juicio político en contra del hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando era alcalde de Cuernavaca, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de elegibilidad para ocupar dicho cargo. 

 

Elige Congreso a nuevos consejeros de la CDHEM

El Congreso del estado integró el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), tras designar a los seis integrantes, que durarán en la representación tres años.
Por mayoría de votos, los legisladores designaron en la sesión ordinaria de ayer, que fue la continuación de la semana pasada, a Cristian Adrián Montero Montero, Lucio Alfonso Rubio, Briseida Ruiz Flores, Gerardo Vargas Salgado, Rosario Cazares Campos y Abimelec Quiroz Morales como consejeros consultivos propietarios.
Como suplentes a Claudia Anguiano Ramos, Roberto Godinez Vega y Kenia Lugo Delgado.
Durante la sesión ordinaria reapareció la diputada del Partido del Trabajo (PT), Erika García Zaragoza, quien fue víctima de un ataque armado el pasado martes 18 de junio.
Lo hizo para participar de la designación de los nombramientos que quedaron pendientes desde la semana pasada, cuando el Pleno nombró al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, hoy a cargo de Israel Hernández Cruz.

 

Designaciones en ESAF e IMIPE, por la vía rápida

Por la vía rápida, los diputados locales concretarán los nombramientos de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un nuevo comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), que ocupará el espacio que dejó el pasado 7 de junio Víctor Manuel Díaz Vázquez. 
A 21 días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, sus integrantes finalmente acordaron avanzar en los nombramientos pendientes. 
Para la titularidad de la ESAF 29 ciudadanos se registraron en la convocatoria, seis mujeres y 23 hombres. Resaltan panistas como Francisco Alva Meraz, quien fue director general de Transportes, y  José Rafael Cuevas Pinzón, así como también ex colaboradores del gobierno de Graco Ramírez, como José Luis Heredia Guzmán, ex asesor del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (IDEFOMM) y Jesús Urióstegui Beltrán, quien trabajó en la Secretaría de la Contraloría del estado. 
Alfonso Martínez García, ex secretario de Finanzas del Comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también aspira a ser auditor estatal, al igual que Carlos Alberto Hernández Pimentel, ex candidato independiente a la alcaldía de Tlaquiltenango, y Víctor Hugo Vargas Ángeles, ex auditor especial en Hacienda Municipal de la ESAF, quien se jubiló al final de la LIII Legislatura y ha sido cuestionado por su trabajo en el órgano. 
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aseguró que el proceso de designación que se concretará en un plazo de 13 días, se hará apegada a derecho. 
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), al igual que su homóloga priista Rosalina Mazari Espín lamentaron que sólo seis mujeres se registraron en la convocatoria, cuando lo que se busca es lograr una paridad en la distribución de espacios públicos. 

Este martes habrá convocatoria para comisionado del IMIPE

En tanto, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que a más tardar el 12 de julio próximo, el Pleno del Congreso del Estado designará a un comisionado del IMIPE, en sustitución de Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quien se le venció el cargo el 7 de junio pasado. 
Informó que hoy saldrá publicada la convocatoria para el registro de aspirantes, un proceso que durará 10 días y en ocho días la Junta Política y de Gobierno definirá a las mejores propuestas que serán votadas en el Pleno. 

 

 

 

 

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Contempla Congreso período extraordinario para aprobar reformas.

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La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del estado, Blanca Nieves Sánchez Arano, dijo que está a favor de que se reactive el "Operativo Mochila", siempre y cuando se establezcan protocolos de revisión que no vulneren los derechos de los alumnos.
Al respecto, la legisladora afirmó que cualquier acción que pueda garantizar la seguridad de los menores debe aplicarse, ya que en los últimos años se ha agravado la violencia en el interior y en el exterior de las escuelas. 
"Tendría que precisarse el proceso, cómo hacerlo, normalmente en los últimos años cuando se llevaba la operación mochila era el alumno con alguien de la asociación de padres de familia presente y que diera la autorización de la asociación, jamás será en contra de los alumnos", declaró. 
La legisladora del Partido Nueva Alianza (Panal) coincidió en que la propuesta tiene que ser consensuada con los alumnos y los padres de familia. 
De igual forma, dijo que para seguridad de las escuelas también se insistirá en que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) realice operativos de vigilancia afuera de las escuelas, para garantizar la integridad de los alumnos y de las autoridades educativas. 
"Está la próxima mesa de seguridad a instalarse y claro que será un planteamiento que llevaré a la mesa, en la cual espero se haga un esfuerzo adicional porque se den los refuerzos y se den los patrullajes en las escuelas dentro de lo posible, porque sabemos que no hay suficientes patrullas", apuntó. 

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"Puente de Ixtla es la cuna de las pensiones doradas", afirmó el alcalde Mario Ocampo Ocampo, quien dio a conocer que antes de que concluyera la pasada administración municipal el Congreso del estado autorizó 54 jubilaciones a favor de ex trabajadores, que significarán un gasto anual para el ayuntamiento de ocho millones de pesos. 
En entrevista, el edil  explicó que durante los meses de septiembre y octubre del año pasado fueron autorizadas 54 "jubilaciones doradas", fueron impulsadas por el gobierno de Dulce Medina Quintanilla, presuntamente de manera irregular. 
Por tal razón, apuntó, se han tomado medidas desde el municipio para no pagar esas pensiones y se promoverán acciones legales para anular la determinación que respaldó la LIV Legislatura al autorizar en sus primeros meses más de 50 decretos. 
“Estamos trabajando en ellas, hay muchas irregularidades, cuando ya tengamos todos los casos armados nos vamos a ir a acciones jurídicas porque si no estamos perjudicando a los ciudadanos. Algunas ya las hemos congelado”, expresó.
Esas jubilaciones son de ex trabajadores del ayuntamiento, pero además el municipio ayudó a expedir comprobantes de trabajo a ex funcionarios de primer nivel del gobierno de Graco Ramírez para que el Congreso  autorizara sus onerosas pensiones. 
Mientras tanto, dijo que Puente de Ixtla arrastra una deuda de más de 300 millones de pesos, de los cuales 150 millones son laudos vencidos, porque ya se perdieron en juicio. 
Ante tal situación, dijo que se encuentra en riesgo de ser destituido, pues el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó el pago de 40 laudos por un monto de 13 millones de pesos. "Estamos viendo eso, teniendo reuniones con los magistrados, con los abogados, con los actores que demandan para que lleguemos a buenos convenios", explicó. 

 

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Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, manifestó que el Poder Ejecutivo respeta la decisión del Congreso del estado en cuanto a la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz.

Cuestionado sobre los señalamientos que se han hecho hacia el ombudsman por su presunta cercanía con el exgobernador Graco Ramírez y por el presunto proceso administrativo por ilícitos cometidos desde la administración pública, Ojeda Cárdenas dijo que seguramente el Poder Legislativo revisó los perfiles y evaluó a las y los candidatos antes de tomar la decisión. “Si existe algún tema legal pendiente él lo tendrá que aclarar”, apuntó.

El encargado de la política interna también apuntó que el trato de Hernández Cruz con la actual gestión ha sido sólo como notario público. “La relación que yo tengo con él en la parte profesional es en su calidad de notario donde se desempeñó de forma debida, y lo que recibirá de la Secretaría de Gobierno es todo nuestro apoyo”.

Refirió que el mismo jueves presentó su solicitud de licencia a la notaría, a la que se le dará curso inmediato para que pueda desempeñar sus funciones; la persona que lo sustituirá en esa tarea de manera temporal será designada conforme a la ley del notariado.

Sobre la presunta relación del ahora presidente de la comisión de derechos humanos, el responsable de la política interna en el estado expuso que hasta donde tiene conocimiento, Hernández Cruz estuvo al frente de un área jurídica en la administración anterior, pero reiteró: “otra vez la relación que tenemos en esta administración solo es la de notario y no tenemos ninguna objeción, respetamos la decisión del Congreso local”.

Añadió que la agenda de derechos humanos en el estado es muy larga, por lo que el gobierno estatal tendrá que trabajar en coordinación con el organismo protector en la materia, en temas importantes como la atención de la alerta de violencia de género, entre otros.

 

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Varios diputados locales defendieron su determinación  de nombrar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) a Israel Hernández Cruz, excolaborador de Graco Ramírez. Afirmaron que “por su trayectoria”–que carece de relación con el tema de la defensa de los derechos humanos- se consideró el mejor perfil para ocupar el cargo. 
En entrevistas por separado, los legisladores rechazaron la intromisión del exmandatario perredista en su decisión y afirmaron que su determinación se tomó con base en una revisión del perfil de cada uno de los 22 aspirantes.
El diputado de Morena Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que la votación del Pleno fue unánime porque de entre los 22 perfiles se consideró que el de Israel Hernández era el idóneo para estar al frente de la CDHEM para realizar el trabajo que se necesita para la defensa de los derechos humanos de los morelenses. 
"A mí no me preocupa ese tema, no lo ponderé como una situación; yo lo que pondero de él es que tiene que desligarse de su pasado y tiene que marcar una agenda de derechos humanos contundente. Él no tiene excusa para no dar resultados; tiene la fuerza y la confianza de todos", manifestó Zapotitla Becerro. 
Por su lado, la legisladora panista Dalila Morales Sandoval también justificó su decisión al señalar que se debió a una revisión de perfiles. 
"Acción Nacional tomó una decisión en base a una curricular (sic) que tuvimos a la mano, en base a la información que tuvimos y así fue la decisión tomada… En lo particular habla de una experiencia, de una experiencia como profesionista, en temas que llevan una situación de derechos humanos, incluso temas de capacitación en ese sentido", manifestó. 
Sin embargo, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, admitió que el nombramiento de Hernández Cruz sí se debió a un asunto de consensos y no con base en la experiencia del abogado en materia de derechos humanos. 
"Le vamos a dar el beneficio de la duda, sé que lo va a hacer bien", añadió la legisladora.

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Cerraron la avenida Plan de Ayala para exigir que sus permisos provisionales sean regularizados; también se manifestaron contra los mototaxis.

Integrantes de la Confederación de Transportistas del Estado de Morelos reaparecieron en una protesta ante el Congreso del estado y pidieron que concluya el proceso de regularización de taxis y rutas que inició el gobierno de Graco Ramírez. Los inconformes provocaron un enorme caos vial al bloquear la avenida Plan de Ayala, que solo fue liberada a la una y media de la tarde.

También denunciaron que la senadora Lucía Meza Guzmán busca beneficiarse del negocio de los mototaxis, por lo que se pronunciaron en contra de la legalización de este servicio. 
Alrededor de las 10 de la mañana, decenas de transportistas arribaron con sus vehículos públicos a la calle Guillermo Gándara, de la colonia Amatitlán en Cuernavaca, lo que obligó al cierre de las puertas principales del recinto legislativo, donde policías antimotines los esperaban. 
Pidieron audiencia con los diputados, pues se manifestaron en contra de la legalización del servicio que prestan los mototaxis en el estado, y aseguraron que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con su senadora Lucía Meza Guzmán, pretende sacar provecho económico y puso en circulación cientos de motos en la zona oriente. 
"Hay municipios donde en esta administración no había ni un solo mototaxi y resulta que de la noche a la mañana hay 200, 300 mototaxis (...) Atlatlahucan es un caso concreto. Se ve la mano de un político, de algún adinerado, porque vacían las madrinas de 30 o 40 mototaxis y valen 70, 80 mil pesos", denunció César Yáñez Bustos, integrante de la Confederación de Transportistas. 
Los manifestantes fueron recibidos por los diputados Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Elsa Delia González Solorzano y José Luis Galindo Cortez, quienes les garantizaron que la regularización de los mototaxis no procederá, ya que se trata de un servicio público inseguro. 
Finalmente, los líderes de diversas organizaciones que integran la Confederación de Transportistas del Estado de Morelos también plantearon a los legisladores  la necesidad de que las unidades por las que pagaron por un permiso provisional a la pasada administración estatal sean regularizadas, pues afirmaron que es un asunto social y no político. 
"Las asignaciones se deben de respetar porque nosotros cumplimos con los lineamientos de ley que se piden, ahora esta administración quiere echarlo abajo porque hay un resentimiento político que porque según nos dieron las concesiones otra persona, entonces yo quiero que se respeten las garantías que en su momento gestionamos", dijo Pedro Palma Flores, de la agrupación Rutas Unidas de la región sur del estado..
La Confederación de Transportistas del Estado de Morelos fue organizada en el 2018 por el ex director de Transporte Noé Sandoval Morales, inhabilitado por la Contraloría del estado por haber cometido actos de corrupción en el proceso de regularización de taxis que inició en el 2014.
Entonces, la confederación sirvió para negociar con diferentes líderes transportistas la regularización de miles de taxis y rutas, a cambio de apoyar a Rodrigo Gayosso Cepeda, ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura. 
Los diputados y transportistas acordaron instalar una mesa de trabajo el martes próximo en el Congreso del estado, a fin de abordar todas las demandas planteadas ayer. 
El mismo pliego petitorio presentado a los diputados fue entregado más tarde por los líderes transportistas al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

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Diputados autorizaron reformas a diversas disposiciones de las leyes de Residuos Sólidos y la de Protección al Ambiente y la de Equilibrio Ecológico.

A partir del 2020 en Morelos se empezará a prohibir el uso y la distribución comercial de plásticos y recipientes desechables de un solo uso.
Con 18 votos a favor, el Congreso del estado aprobó las reformas a diversas disposiciones de las leyes de Residuos Sólidos y la de Protección al Ambiente y la de Equilibrio Ecológico. 
La nueva legislación establece la prohibición gradual del uso de "bolsas y popotes, vasos y platos de unicel, plástico y otro derivado del petróleo en cualquier establecimiento mercantil para prestar sus servicios ubicado en territorio del estado de Morelos", de acuerdo a lo que señala el dictamen aprobado, este jueves, por el Pleno del Congreso. 
Los municipios de la zona metropolitana del estado serán los primeros obligados a aplicar la normatividad en materia ambiental, responsabilidad que será compartida con los ciudadanos y los empresarios. 
En la nueva legislación se plantea que los comercios obligados a dejar de comercializar o expedir plásticos o cualquier otro desechable son: los pequeños y medianos comercios, tiendas, abarrotes, fruterías, verdulerías, fondas de comida, loncherías, cafeterías, cocinas económicas y taquerías, así como el comercio ambulante, y en general todo el comercio que por su actividad otorgue bolsas de plástico, incluidos los supermercados, tiendas departamentales y de autoservicio. 
En el dictamen aprobado por los legisladores también se establece que el gobierno estatal y los municipales estarán obligados a crear programas sobre el uso y tratamiento de los residuos sólidos, con el fin de disminuir gradualmente la contaminación en el estado. 
Para el 2022, se explica en el dictamen, todo el estado deberá haber acatado las nuevas normas ambientales y Morelos estará libre de plásticos de un sólo uso y derivados del unicel. 
Durante la determinación del Pleno del Congreso, que convierte a Morelos en el estado número 23 en legislar en la materia, integrantes de diversas organizaciones dedicadas a la defensa y cuidado del medio ambiente celebraron la determinación de los legisladores, que en menos de un año analizaron y aprobaron sus propuestas sobre el uso de plásticos.

 

 

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Raúl Israel Hernández Cruz obtuvo 17 votos.

Raúl Israel Hernández Cruz, hasta este jueves notario público número 13 y ex colaborador de Graco Ramírez, fue designado por el Congreso del estado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).
Después de tres meses de revisar 22 de los currículums de los aspirantes que se registraron en la convocatoria para ocupar la titularidad del organismo defensor de los derechos humanos, los legisladores locales decidieron colocar a quien recibió una notaría pública en el gobierno de Graco Ramírez.
Hernández Cruz recibió el respaldo de 17 de los 18 legisladores que ayer se encontraban en la sesión ordinaria, para cumplir con el nombramiento que se postergó desde el 22 de marzo pasado, cuando se venció el periodo en el cargo de Jorge Arturo Olivares Brito. 
El nuevo ombudsman morelense fue director jurídico de la Secretaría de Gobierno cuando estaba al frente Matías Quiroz Medina, hoy dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Raúl Israel Hernández Cruz, sin embargo, pidió que no lo juzgaran por su relación con el gobierno de Graco Ramírez y el PRD.
"Yo pediría que se me juzgue, y ustedes lo harán, con lo que haga o deje de hacer más allá de las afinidades o cercanías o cosas que me parecen irrelevantes para dar buenos resultados", declaró.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos fue cuestionado sobre su experiencia en la defensa de los derechos humanos y sólo expuso que trabajó en el Instituto Federal de Defensoría Pública, como secretario de juzgado de Distrito y colegiado y que realizó una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana.
Además, refirió que se enfocará en temas prioritarios como seguridad pública y paridad de género, pero no expuso más sobre su proyecto.
Tras su designación, en redes sociales se ventiló una ficha sobre supuestas investigaciones sobre tráfico de influencias y otros delitos.
En tanto, los legisladores dejaron pendientes los nombramientos de los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por lo que declararon un receso a la sesión ordinaria, ya que tenían como plazo para cumplir con esos nombramientos hasta este jueves 20 de junio. 

 

 

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