En particular, las que conducen hacia lugares turísticos.

Jojutla.- La Coparmex zona sur confirmó que empujará para que el gobierno del estado repare las carreteras dañadas en la región sur, en particular las que conducen a los lugares turísticos.

El vicepresidente estatal de la Coparmex zona sur, Rubén Domínguez Arce, señaló que recientemente se reunieron con el secretario de Obras del gobierno del estado, Fidel Giménez-Valdés, quien les informó del reencarpetamiento de la carretera Alpuyeca-Jojutla; sin embargo, destacó que será una primera etapa de solamente 2.5 kilómetros, por lo que todavía no se mejorará toda esa carretera.

“Queremos que la obra no se quede tirada y le solicitamos que la segunda etapa continúe inmediatamente”, dijo.

Destacó que habrá otra inversión de 40 millones de pesos, que buscarán que se quede en Jojutla, particularmente en la mejora de caminos hacia destinos turísticos.

El empresario comentó que adicionalmente, tienen en agenda una reunión con la secretaria de Turismo y Cultura, Margarita González Saravia, a la que solicitarán la mejora de los accesos a las playas ejidales de Xoxocotla.

“Recientemente se rehabilitaron esas playas, pero las bajadas están muy deterioradas, por eso queremos que las tomen en cuenta, para que los turistas pueden llegar sin problemas”, mencionó.

Además, refirió: “Queremos que el turismo llegue y tenga accesos dignos; que los accesos a esta zona sean algo decente, pues vienen los turistas de la Ciudad de México y los baches ya no caben en los cuatro carriles”.

Agregó que también insistirán en que haya accesos dignos de la autopista Siglo XXI hacia Jojutla, entrando por la colonia Zapata, pues el camino está en condiciones deplorables.

Representantes del gremio se manifiestan a favor de mantener la situación actual, aunque reconocen que la prohibición puede mejorar la seguridad.

También aseguraron que la piratería de material eléctrico les afecta en sus ventas y crea riesgos de incendio.

El robo de energía eléctrica aumentó hasta un 15 por ciento durante este 2019, problema que se agravó en zonas marginadas, confirmó la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico (Conacomee).
De acuerdo con Rodolfo Zamora Martínez, gerente general de la asociación, el problema de robo de luz también se registra en los negocios no establecidos conocidos como tianguis, lo que genera pérdidas anuales hasta de 25 mil millones de pesos a nivel nacional. 
"Algo que afecta mucho es la cercanía que tenemos, si ustedes se dan cuenta los tianguis se conectan de manera irregular, muchos barrios o situaciones de pobreza extrema, sobre todo en los alrededores, no tienen un medidor eléctrico y están conectados directamente a los postes", explicó el empresario. 
De igual forma, el representante de la Conacomee apuntó que durante el último año se incrementó un 15 por ciento la venta de material eléctrico "pirata", lo que significa un riesgo para las personas que los adquieren, pues son focos, cables o series navideñas de muy mala calidad aunque mucho más baratos.
Anunció la Expo Eléctrica Internacional que se desarrollará en la Ciudad de México del 4 al 6 de junio, donde participarán 250 empresas representantes de 20 países.

Empresarios  locales pidieron al gobierno federal que envíe  "de manera inmediata" a elementos de la Guardia Nacional a  Morelos, para garantizar la tranquilidad de la población.
Jorge Mátar Vargas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) admitió que existe preocupación y temor por el incremento de la violencia en el estado, pero también dijo que hay enojo entre la iniciativa privada, pues consideró que el gobierno federal no ha apoyado como se requiere a Morelos.
"Nosotros los empresarios no podemos seguir manteniendo esta zozobra todos los días, de salir a la calle todos los días... le pedimos al presidente de manera encarecida que manden a la Guardia Nacional, al Ejército, a quien sea, pero yo creo que ya es momento que nos hagan caso", declaró Mátar Vargas.
El empresario advirtió que si la situación de inseguridad prevalece en Morelos, podría haber una desaceleración financiera y la fuga de empresas.
"Puede venir una desaceleración de la economía del estado, la cual en el primer trimestre, comparada con el 2018 tuvo una contracción del .17 por ciento en la economía del estado y no podemos seguir cayendo", declaró el presidente de Canacintra.
Esta postura también fue replicada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que envió un oficio al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para solicitar el envío inmediato de la Guardia Nacional a Morelos, derivado de los últimos hechos violentos registrados en el estado.

Llaman a Fiscalía del Estado a asumir responsabilidad, ante niveles de impunidad.

Empresarios y organizaciones de derechos humanos y de abogados coincidieron en que debe replantearse el plan de seguridad estatal y auscultar el desempeño tanto del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, como del Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, tras el trágico ataque de un presunto “asesino solitario” que privó de la vida a dos líderes sindicales y lesionó a dos personas más a un costado del Palacio de Gobierno, la mañana del miércoles.

Jorge Mátar Vargas, presidente de la delegación de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que el sector económico de Morelos está preocupado por el tema de la seguridad y dolido por el asesinato de los líderes de la CTM, Jesús García Rodríguez, y Roberto Castrejón Calderón.

Previo al cónclave de cámaras empresariales, señaló que pedirán audiencia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y su gabinete para escuchar de la autoridad qué acciones tomarán, luego del hecho violento que colocó de nuevo a Morelos en la escena nacional e internacional.

“Nosotros lo que queremos es que nos digan qué va a pasar, sentarnos a escuchar para tomar acciones inmediatas. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos y decir que no pasó nada o es un hecho aislado o es un hecho de la delincuencia organizada.

“Nosotros no sabemos porque no somos autoridad, nosotros lo que queremos es que nos expliquen cómo van a avanzar las investigaciones. Hay responsable intelectual, obviamente la persona que lo hizo está detenida, pero en función de eso nosotros necesitamos que nos digan hoy en día qué vamos a hacer, cómo vamos a transitar”, dijo.

Dijo que el sector económico mantiene la confianza en el gobierno estatal, pero también pidió ser escuchado y, si es necesario, pugnar por el arribo de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Marina para reforzar la seguridad en la entidad.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió evaluar el desempeño de Ojeda Cárdenas y Ortiz Guarneros por considerar que ambos han fallado no sólo por desconocer la geografía territorial, política, social y criminal en la entidad, sino porque no han dado resultados.

“Les hemos dado el voto de confianza, pero me parece que lo ocurrido ayer (miércoles) es el clímax del grado de violencia que vivimos. El hecho de que haya ocurrido a unos cuantos metros de gobierno del estado (sic) es significativo, porque es un desafío de cualquier delincuente para perpetrar un delito y privar de la vida a una persona o las personas, y que no ocurra absolutamente nada”.

Tras los hechos, señaló que es necesario “pensar seriamente generar cambios en el gabinete de seguridad, porque la estrategia que se está siguiendo evidentemente no está dando resultados”, pues, mientras Ojeda Cárdena ha fungido más como una figura decorativa que como un operador real de la política interna, Ortiz Guarneros fracasó con sus políticas de prevención del delito.   

También llamó al alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, a dejar el encono político con el gobierno de Morelos y considerar sumarse al Mando Coordinado, porque las rencilla suelen abrir brechas que aprovechan los delincuentes para cometer delitos en contra de los ciudadanos.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, se sumó a las condenas por el hecho y consideró que es tiempo de que el gobierno federal entre de inmediato en auxilio de las autoridades estatales, como ellas mismas lo han reclamado.

Consideró que ante el reconocimiento público del titular de la CES respecto a que la autoridad local no tiene la capacidad para hacer frente al fenómeno delictivo, es necesario que la Federación -con fuerzas federales, el Ejército y la Marina- tengan presencia en Morelos.

Dijo que ya sea por conducto del delegado federal, Hugo Eric Flores Cervantes, o a través del gobernador del estado o, si es preciso, los abogados y ciudadanos viajen a la Ciudad de México, se debe pedir el apoyo del gobierno de la república para frenar la ola de violencia.

“La Barra de Abogados del Estado Morelos nos encontramos totalmente indignados ante los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Cuernavaca. Es notoria la inseguridad en que vivimos, por lo cual solicitamos más apoyo por parte de las autoridades federales, Ejército, marinos y Policía federal, ya que nos encontramos en un estado en el cual impera la violencia”, sostuvo.

Susana Díaz Pineda, representante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, lamentó los hechos en que dos personas perdieron la vida y consideró que las autoridades estatales están obligadas a reconocer que la estrategia de seguridad es fallida y que necesita ser replanteada, ante el mensaje de desafío que dejó la delincuencia al atreverse un sujeto a perpetrar un ataque a plena luz del día y ante una multitud frente a la sede del Poder Ejecutivo.

Cuestionó el papel de la Fiscalía General del Estado (FGE), que tampoco ha contribuido a la estrategia de seguridad, al mantener los altos niveles de impunidad y procurar justicia selectiva, particularmente, en la investigación de homicidios.

“Sí nos hace reaccionar de manera indignada cuando dice el fiscal que solamente aquellos homicidios relevantes, como el caso de Cuautla y, supongo que también el día de ayer, son los que se investigan a fondo, y los demás están ahí durmiendo el sueño de los justos”. 

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y representantes de cámaras empresariales, acordaron llevar a cabo estrategias de trabajo que les permitan reactivar la economía de la ciudad y la atracción del turismo nacional e internacional, apegados a una política de orden y legalidad.

En reunión de trabajo realizada la mañana de ayer, el jefe del gobierno capitalino, Villalobos Adán, coincidió con los empresarios en que el comercio informal sea regulado, acción a la que los prestadores de servicio manifestaron su respaldo a la autoridad municipal.

En la mesa de diálogo y concertación, el gobierno capitalino su sumó a la propuesta de los empresarios para reactivar la vida nocturna de la ciudad.

Entre las propuestas se encuentran la ampliación de banquetas para tener una ciudad más peatonal; crear foros culturales y musicales al aire libre en jardines del municipio y generar productos turísticos de diversas modalidades para atraer visitantes durante todo el año.

El sector empresarial y prestadores de servicios ofrecieron caminar de la mano con el presidente municipal, Antonio Villalobos, “para que juntos avancemos en la reactivación económica de la capital, porque Cuernavaca lo vale", concluyeron.

Luego de que entró en vigor la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, empresarios cuestionaron la creación del Fondo de Reserva Turística y Económica por un monto de 110 millones de pesos, mientras que el Fideicomiso de Turismo (Fitur) y el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) no han empezado a operar por falta de recursos financieros. 
Jorge Mátar Vargas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que hasta la fecha no se les ha informado la finalidad del nuevo fondo en materia turística y económica, pues se trató de una decisión del Congreso del estado. 
"Realmente no tenemos información de que este fondo va a servir para un fin en específico, los fideicomisos se nutren del dos por ciento sobre la nómina y del 3.75 por ciento del impuesto al hospedaje", sostuvo. 
En tanto, el empresario dijo que ya solicitaron a las Secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo, así como a la de Turismo y Cultura, que se reactive el Fitur y Fidecomp, para que se puedan impulsar acciones en la materia. 
De igual forma, refirió, se ha pedido a las autoridades estatales definan el monto presupuestal para la operación de los fondos antes citados, pues hasta el momento desconocen cuánto fue el recurso que etiquetó el Congreso local. 
"El presupuesto va en función del 2 por ciento sobre la nómina, entonces nosotros tenemos una base que es la del año pasado. Nosotros esperamos obtener para proyectos productivos alrededor de 250 millones en el año, lo que significa que vamos a poder presentar proyectos en los diferentes sectores", explicó. 
Comentó que pedirán información de los recursos recaudados en enero y febrero para que se empiecen a aplicar a programas de competitividad y turismo. 

No se modificaron las leyes de ingresos municipales.

El sector empresarial y de prestación de servicios sigue muy molesto ante la nula respuesta del Congreso local en lo que se refiere a algunos conceptos que debían ser modificados en las leyes de ingresos y egresos municipales, señalaron Ángel Adame Jiménez y José Salgado Patiño, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), respectivamente.

Recordaron que con mucha anticipación a la aprobación de las mismas, se hizo entrega de un documento en el que esos organismos, así como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), entre otras, pedían a los legisladores locales apegarse a las disposiciones federales en la materia y no permitir cobros indebidos, como en el caso de las revisiones de Protección Civil a los negocios.

“Sólo nos dieron el avión, dijeron que nos llamarían para dialogar antes de atender este asunto y nunca lo hicieron, la semana pasada aprobaron la mayoría de las leyes municipales y vienen igual, no aplicaron las modificaciones y nos dejaron en la indefensión”, dijo Salgado Patiño.

“Ahora lo que venimos haciendo, es buscar negociar con cada presidente municipal para lograr acuerdos en ese sentido, pero la mayoría no entienden porque poco conocen de la materia fiscal”, agregó.

Adame Jiménez manifestó que hay alcaldes con los que se puede platicar, pero existen quienes se consideran intocables y no permiten ni el acercamiento, como en lo referente al de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma.

José Salgado agregó que “en su momento, pude comunicarme con él, me pidió que le enviara el razonamiento por el WhatsAPP, la verdad es que nunca lo leyó, es una burla porque no muestran el más mínimo respeto por los ciudadanos o las organizaciones”.

No obstante reconoció que el trabajo al respecto le correspondía a los legisladores, porque es ahí donde se tienen que revisar las normas y hacer las correcciones de ley, pero parece que los señores se olvidaron de que están ahí para servir al pueblo, se les acabó la sencillez con la que andaban en campaña.

Ambos reiteraron que la inconformidad de sus respectivas organizaciones es creciente, porque se realizó todo un esfuerzo para presentarles un documento que mostraba las irregularidades vigentes y nadie le dio importancia.

Piden plazo para subsanar fallas antes de ser clausurados los establecimientos.

De manera formal, la Asociación de Empresarios de la Industria Gastronómica Unidos por Morelos pidió al Ayuntamiento de Cuernavaca una tregua para evitar sanciones a sus agremiados y permitirles verificar que cuentan con los requisitos legales para operar.

Enrique Paredes Sotelo, representante legal de la asociación (conformada por dueños de bares, restaurante y discotecas), consideró arbitrarias y excesivas las clausuras a algunos establecimientos que recientemente fueron sujetos a inspección, desde protección civil y licencias de funcionamiento, hasta en los anuncios.

Explicó que de acuerdo con la normatividad, la autoridad municipal debió permitir a esos establecimientos su regularización, pues la clausura sólo procede cuando se cometió una falta grave, como permitir el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Consideró que la revisión a los bares ha sido focalizada y no se ha extendido a los establecimientos que proliferaron en la zona norte de Cuernavaca, con el pretexto de que los poblados de Ocotepec y Ahuatepec se rigen por usos y costumbres.

Afirmó que si bien los bares son mal necesario para la ciudad, también es cierto que la autoridad debe permitir que los establecimientos se regularicen y estén al corriente con su documentación conforme se establece en las leyes y reglamentos locales.

De ahí que, de manera formal, el pasado jueves la Asociación de Empresarios de la Industria Gastronómica Unidos por Morelos presentó un oficio al Ayuntamiento de Cuernavaca para pedir una tregua.

“El llamado a la autoridad municipal es a que responda el llamado que hacen los empresarios de la industria gastronómica, a dar la tregua necesaria para la regularización. No queremos impunidad, queremos regularización, ni tampoco queremos se faciliten las cosas, sino que la mejora regulatoria de la que tanto ha presumido el Ayuntamiento de Cuernavaca sea real, y esa mejora regulatoria sirva para que todos los negocios que expenden bebidas en botella abierta tengan su licencia en orden”, recalcó.

Afirmó que los asociados están en toda la disposición de colaborar con la autoridad y a operar cumpliendo toda la normatividad, pero para ello es necesario que antes dé un plazo para que los establecimientos verifiquen y, en su caso, subsanen cualquier requisito o trámite que les haga falta. 

Demandan depuración de bares que operan de manera irregular.

El Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad afirmó que si las autoridades no dan garantías ni certeza de una estrategia sólida de seguridad, los empresarios y dueños de establecimientos difícilmente se atreverán a denunciar las extorsiones o “cobro de piso” de los que son víctimas.

Cristina Rumbo Bonfil, representante del Observatorio en Morelos, lamentó el ataque con armas de fuego al Bar Sophia (donde perdió la vida una joven y hubo varios heridos), motivado, presuntamente, por una extorsión del crimen organizado.

Consideró que el reciente llamado del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a los empresarios y comerciantes para que denuncien las extorsiones, no tendrá respuesta hasta que haya certeza de que la autoridad tiene clara su estrategia de seguridad y que los respaldarán en todo momento.

"Lo que se le olvida al comisionado es que no es tan fácil para una víctima de extorsión, bajo esta modalidad y bajo las condiciones de inseguridad en Cuernavaca, decirle a un empresario, al dueño de un bar: 'ven y denuncia', al menos, no sin tener la certidumbre de que tendrá el respaldo de la autoridad y que esta autoridad tendrá una estrategia en específico para saber qué hacer al hacerse la denuncia".

Lamentó que este tipo amenazas y ataques a establecimientos limiten las libertades de los ciudadanos y se pierdan vidas, y consideró que no basta solicitar apoyo de fuerzas federales, sino que haya coordinación operativa, pues hasta ahora no ve que haya mando coordinado.

Pidió al Ayuntamiento de Cuernavaca revisar qué antros en Cuernavaca operan irregularmente, pues hay antecedentes de ataques e incidencias en diversos lugares.

El Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad también dio a conocer que durante el 2018, el estado de Morelos se mantuvo en los primeros lugares del ranking nacional en la incidencia de los delitos de homicidios dolosos, violación, feminicidio, secuestro y robo con violencia.

La capital del estado, Cuernavaca, se mantuvo entre las 50 ciudades más inseguras del país, mientras que el municipio de Temixco destacó por el aumento de secuestros.