La Unión de Transportistas de la línea impidió la circulación de unidades cuyos concesionarios no han dado las aportaciones para el mantenimiento; los disidentes dicen que les impiden trabajar por no dar dinero para pagar trámites ante la SMyT que son gratuitos.

Xochitepec.- Un conflicto interno entre los transportistas de la Ruta 6A con derrotero Xochicalco-Alpuyeca-Xochitepec provocó que el lunes se registrará la detención de unidades y la instalación de retenes en distintos puntos de la cabecera de este municipio. 
Lo anterior sucedió luego de que se diera a conocer que la mañana de ayer por lo menos tres combis de la Ruta 6A fueran detenidas en la calle República de Panamá esquina con Brasil de la colonia Centro por parte de un reducido grupo de permisionarios de la misma agrupación, quienes pretenden incorporar cinco unidades al citado derrotero después de que fueran retiradas por negarse a realizar las aportaciones necesarias, dijo Abelardo Pineda Ochoa, presidente de la Unión de Transportistas de la Ruta 6A. 
En entrevista, Pineda Ochoa aseguró que el conflicto es interno y que se generó debido a que en la agrupación "hay dos personas rebeldes que fueron expulsadas, porque así lo marca la protocolización, ya que se niegan a realizar las aportaciones para el correcto funcionamiento de las unidades, así que se les dio de baja desde hace una semana por acuerdo interno, pero este lunes volvieron a salir y esto provocó reacciones", dijo. 
Agregó que cuando se percataron de que salieron a circular estas unidades, se instalaron en el Estadio “Mariano Matamoros” para impedir su paso; sin embargo, el otro grupo se instaló entre la calle República de Panamá esquina con Brasil donde detuvieron tres unidades que se recuperaron con el apoyo de la Policía de Tránsito. "Es un problema interno, y la responsable sería la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para que estas personas entiendan y que ingresen sus unidades a la ruta que quieran como es el caso de la Ruta 6 que les ha estado dando apoyo, pero a estas personas aquí ya no las queremos, o sea, a estas dos personas las queremos fuera y busquen su derrotero pero no el de la Ruta 6A que tiene su base en la comunidad de Xochicalco", añadió. 
Por su parte, Alejandra Mota Álvarez y Rocío de la Fuente Villamar, quienes se identificaron como integrantes de la Unión de Transportistas de la Ruta 6A, dieron a conocer que no les permiten trabajar porque se negaron a dar aportaciones económicas de trámites ante la SMyT.

"Se nos está pidiendo dinero para dos validaciones. El presidente de esta ruta dijo que perdió la validación y dice que la Secretaría (de Movilidad y Transporte) le pide 90 mil pesos por darle una copia certificada auténtica, de la cual tenemos que dar mil 310 por unidad; además nos dice que le cuesta 120 mil pesos la validación de la ruta de Jojutla al Hospital del Niño al municipio de Emiliano Zapata, y nos dicen que nos corresponden mil 600 por placa, es decir, un total de dos mil 910 (pesos) para estos trámites, y no estamos de acuerdo en darlo, no lo hemos dado y por ello no dejan que nuestras unidades circulen", explicaron. 
Alejandra Mota aseguró que esas validaciones son trámites gratuitos y solo se presenta la solicitud al departamento de planeación de la SMyT, hace el estudio y da la validación provisional y al mes, si no hay conflicto con otras rutas, da la validación definitiva. "Y ahorita no sabemos quién de los directivos de Movilidad está pidiendo ese dinero. Mientras tanto por no dar esa cantidad, no dejan trabajar a las unidades de quienes no hemos dado la aportación", señaló. 
Indicó que esta situación está afectando el trabajo de 13 unidades que están fuera de circulación, porque no dan la aportación y otras porque no tienen el derrotero. 
Por ello, hizo un llamado a la SMyT y al gobierno de estado para que se investigue a dónde va ese dinero y que se revise el tema, además pidió la intervención oportuna para evitar mayores afectaciones pero sobre todo evitar un conflicto que pueda poner en riesgo a los usuarios y trabajadores del transporte público. "No es un conflicto interno como lo manejan, sino la exigencia de la Secretaría (de Movilidad y Transporte) que pide dinero para los trámites necesarios", acotó.