El gobierno estatal anterior cometió “crímenes de lesa humanidad”, dice secretario de Obras.

Zona sur.- El secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Fidel Giménez Valdés, reconoció que todavía no conoce el estatus de la pavimentación asfáltica del libramiento Casablanca que realizó la administración estatal anterior, en el tramo de Zacatepec al Puente de Fierro, y que a los pocos días se deterioró, pero aseguró que se investigará la situación.

Entrevistado durante una visita a la región sur, reconoció que no ha visitado ese tramo, que el año pasado fue reabierto a la circulación tras un reencarpetamiento, pero prácticamente en días el asfalto se deterioró y desapareció en aproximadamente 250 metros.

“Como en muchos otros lugares del estado de Morelos, hemos descubierto calidades de obra inferiores a las contratadas y por ese motivo, de repente, algún encarpetamiento, cuando llueve, dura un año y se lo lleva”, dijo al respecto.

Al aclararle que no pasó ni un año, el funcionario señaló que el problema es que la pasada administración estatal estuvo “plagada de corrupción” en cuanto a la construcción de obras.

“No es el único caso; tenemos obras de mala calidad en todo el estado”, señaló.

El funcionario dijo que en el caso del libramiento, van a revisar la vigencia de los contratos, de las fianzas y vicios ocultos, y en caso de estar vigentes, las harán efectivas.

De lo contrario, buscarán la manera de contar con los recursos necesarios para reparar ese tramo y todas las obras que se hicieron mal.

Advirtió que por lo menos van a publicar una lista de las empresas que hicieron este tipo de obras.

“Vamos a hacer pública la lista de aquellas empresas que incurrieron en conductas ilegales, en contubernio con las autoridades anteriores que, incluso, ya fueron denunciadas”, refirió.

Amplió que han presentado 17 denuncias por obras mal construidas ante la Fiscalía Anticorrupción y faltan más por presentar.

“No hemos visto acción por la Fiscalía Anticorrupción, por eso valoramos la posibilidad de presentar otras, ante la Fiscalía General de la República”, adelantó.

Giménez-Valdés criticó que la administración de Graco Ramírez haya incurrido en el desvío de recursos, sobre todo en la zona de Jojutla, que resultó severamente dañada con el sismo de septiembre de 2017.

“Afectaron a los que menos tenían, a los más dañados por el sismo, a los damnificados. De por sí distraer recursos públicos es un delito grave, pero cuando se roba a los más afectados y dañados por una tragedia de ese tamaño, como fue el sismo, me parece que son crímenes de lesa humanidad”, puntualizó.