Este miércoles se realizó a puerta cerrada el cabildo extraordinario que solicitaron los regidores para tratar específicamente la comparecencia tanto del tesorero, José Carmen Sandoval Casamata, como de Santiago Pérez Ayala, asesor jurídico de la comuna.
“Se nos informó, en parte, de la relación de los laudos laborales y del manejo de la Tesorería. En la discusión del punto, seis integrantes del cabildo (Esteban Romero, René Meléndez, Abidaí Quezada, Enrique Reza, Gerardo Barrios y Enrique Reza) solicitamos la remoción de estos dos funcionarios; uno por no apego a la legalidad y porque no estamos de acuerdo en cómo se han estado manejando las finanzas, y el otro, porque tampoco estamos de acuerdo en cómo se han desarrollado estos asuntos (los laudos laborales)”, declaró Gerardo Barrios Torres, quien dijo que no tuvieron conocimiento de que los medios de comunicación hayan querido estar presentes (y a los que se les impidió el acceso) en la sesión.
Destacó que por su parte, el alcalde recibió el posicionamiento y se comprometió “a cumplir cabalmente con la ley”.
“(El alcalde) tiene una cita con el auditor superior, y derivado de esa cita es que informará oficialmente de la destitución de estos funcionarios. No hay fecha, quedamos que será en breve, pues oficialmente, es su facultad”, añadió.
Señaló que aún tienen una agenda de trabajo pendiente con el edil para “enderezar el barco”. “Los mismos seis miembros del cabildo le solicitamos al presidente una reunión para exponer temas como recorte de personal, pues no podemos estar con cerca de 750 empleados; también en breve, revisaremos la cuestión de seguridad pública. Hay mucho por hacer.”
La síndico municipal, Alejandra Rodríguez Salazar, por su parte, dijo que se informaron de los laudos laborales, de los cuales de uno se acordó ya pagar 700 mil pesos, pues estaban en riesgo los propios cargos de todos los integrantes del cabildo por no cumplir con el pago y están en puerta dos más que implican erogar un millón de pesos más, además de que hay 18 demandas laborales en curso, que de pagar al 100 por ciento, requerirían 28 millones de pesos, pero por eso van a negociar.
Aseguró que ya de tiempo atrás, ella no estaba satisfecha con el desempeño del asesor jurídico, Santiago Pérez, por lo que en los próximos días será removido.
“Antes de este cabildo, ya habíamos solicitado en forma verbal con el presidente un ajuste en esa área, porque ya es necesario, pues tenemos algunos problemas.”
