El concejal se deslindó de las acusaciones del propio alcalde Enrique Retiguín que lo culpó de no haber resuelto esta situación con la empresa RERSA que saneó a medias el tiradero el año pasado y a la que se le adeudaban tres meses de trabajo.

“Fue un acto desesperado del presidente culpar a Gerardo Barrios de esta situación; a alguien tenía que echarle la culpa”, apuntó el regidor, quien aseveró que todo fue una cadena de errores y desaciertos.

“El problema con la CTM –de querer bloquear-- es derivado de errores, desaciertos e incumplimientos anteriores. Si a la empresa RERSA se le hubiera pagado en tiempo y forma, el señor no hubiera demandado”.

Culpó al tesorero y al “integrante de la comisión de servicios públicos municipales” de bloquear los pagos a la empresa y generar esa situación de conflicto.

“Si al señor Escamilla (RERSA) no se le hubiera privado de su libertad irregularmente, la CTM no hubiera actuado de esa forma. Esto llegó a estos términos, derivado de errores y responsabilidades de algunos funcionarios de este Ayuntamiento. Ahora, queda pendiente si procedió o no la demanda por la privación ilegal de su libertad”.

Reconoció que el alcalde le pidió platicar con el dirigente cetemista para destrabar el problema del adeudo, pero éste no quiso entrevistarse con el regidor sino con directamente con el edil.

Confirmó que ya se firmó el convenio para pagarle 1.3 millones de pesos a RERSA y dijo que inicialmente el adeudo era de un millón de pesos, pero creció porque el empresario exigió el pago de abogados y demás.

En cuanto a las declaraciones hechas hace unos meses de parte del ahora ex asesor jurídico Santiago Pérez de que no existía contrato con RERSA, el regidor admitió que efectivamente no hubo contrato.

“De que trabajó, no tenemos duda; se realizó un contrato, aunque efectivamente no se juntaron las firmas necesarias”.

En cuanto al bloqueo para obligar al gobierno a pagar, admitió que esto “se ha vuelto costumbre en el Ayuntamiento”.