Hansel Rojas Brito, abogado de diferentes ex trabajadores que fueron despedidos en trienios anteriores, explicó que desde hace un año, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) ordenó al Ayuntamiento pagar a cuatro de sus representados (Sinthia Ortiz Quicahua, Amanda Leyva González, María Liduvina Ramírez Anaya y Dalia Olvera Barrera) la cantidad de 282 mil 448 pesos en conjunto, pero no ha cumplido.

Ayer mismo se presentó a realizar un requerimiento de pago que nuevamente no fue atendido.

“El Ayuntamiento no ha querido pagar el crédito laboral; con motivo de eso, vamos a ir hasta el tope, que es posiblemente hasta la destitución del representante legal del Ayuntamiento, que es el síndico municipal. Hoy (ayer) tenía que pagar el crédito y no lo hizo, por lo que se hará el apercibimiento de que el síndico podría ser destituido. Nos dijeron que no hay dinero y que cuando lo haya van a pagar, pero esto no es a capricho del municipio; haya o no dinero, tiene la obligación de pagar, porque es una resolución de orden público (del TECA).”

Rojas Brito mostró el documento en el que se apercibe al Ayuntamiento de que en caso de no pagar, se le aplicaría la sanción establecida en la Fracción II del Artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del estado, que determina “la destitución del infractor, sin responsabilidad para el gobierno del estado o los municipios”.

El abogado también dijo que tuvieron que recurrir al amparo para llegar a esta situación, pues de lo contrario el tribunal “no hace nada”.

Refirió que se entrevistaron con Ricardo Lagunas, asesor jurídico de la comuna, quien aseguró que están haciendo las gestiones para pagar, pero no dieron fecha.

Apuntó que ahora se remitirá al pleno del TECA lo que pasó para que se haga un proyecto y se remita al Congreso local para que se haga el proceso de destitución, aunque no hay una fecha tentativa.

Por su parte, Canaliz Carrillo reconoció el problema pero se dijo tranquilo ante la situación, pues consideró difícil su remoción.

“No se ha pagado, no por falta de voluntad, sino por falta de solvencia financiera aquí en el Ayuntamiento y estamos en la mejor disposición de que en estos días le vamos a resolver, vamos a tratar de negociar con ellos que no nos cobren en un solo pago”, expuso.

La Ley del Servicio Civil, prosiguió, sí contempla la destitución de quien no acate una sentencia, sin embargo vemos que es un poquito complicado y moralmente no se nos hace justo que por una demanda laboral se aplique tal sanción, pero ya está la ley y tenemos que acatarla.

El funcionario reconoció que a la fecha, la comuna tiene 11 sentencias que cubrir. “Estamos hablando aproximadamente 6 millones de pesos; hemos pagado dos, estamos en negociación con ellos y esperamos cubrir todos.”