El regidor de Seguridad Pública, Álvaro Valle Gómez, presentó el documento de solicitud que entregó al director general de Fiscalización de la Hacienda Pública estatal, Luis Manuel González Velázquez, desde el pasado 28 de febrero de 2012, donde señala que en la administración que encabeza Miranda Gallegos existen diversas irregularidades como el desvío de fondos estatales y federales de los programas de vivienda y activos productivos.

Valle Gómez señaló que por voz de los propios beneficiados, tiene de conocimiento que estos apoyos de los programas no llegan a su destino y se desconoce dónde están los recursos, los cuales presuntamente se están utilizando con fines políticos, toda vez que la persona responsable de la entrega de los apoyos de los programas es René Miranda Domínguez, hijo del alcalde y hoy candidato a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo (PT).

De igual forma, el concejal solicitó a la ASF la investigación del proveedor piedra, grava y arena del municipio para las obras públicas, así como las facturas de la maquinaria pesada que presuntamente ha adquirido la comuna, ya que el edil se niega a entregar dicha información, dijo.

“Se informó a la Auditoría y al propio Congreso, a la Comisión de Hacienda, que no existen expedientes técnicos de las obras y se cuenta con testimonios de los ayudantes municipales que los hacen firmar hojas en blanco donde les indican que posteriormente ahí se desarrollará el expediente técnico, cuando esto está fuera de la Ley Orgánica Municipal”, explicó el regidor de la comuna de extracción perredista.

Valle Gómez insistió en que el Congreso ha hecho caso omiso a las condiciones en las que labora la tesorera municipal, Gaudencia Rodríguez Meza, quien no cumple con el perfil que señala la Ley Orgánica Municipal para desempeñar este cargo y a la fecha no se ha tomado cartas en el asunto.

Lamentó la nula actuación de los diputados, quienes –dijo– se han dedicado a realizar proselitismo político durante su gestión, dejando de lado su trabajo como servidores públicos y responsable del correcto manejo de los recursos de los municipios y encargados de que se aplique la ley.

“Estaremos pendientes de la respuesta de la Auditoría Superior de Fiscalización y del Congreso del Estado, de lo que se pueda realizar, y seguiremos denunciando las irregularidades de nuestras autoridades”, acotó.