En conferencia de prensa realizada en el propio edificio (de tres plantas, ubicado a un costado del auditorio municipal en el Centro de la ciudad), Juan Manuel Guzmán Pérez, abogado del tricolor, acompañado de militantes y ex servidores públicos, manifestaron su postura de que el edificio -a pesar de las declaraciones del gobierno de Jojutla de que es un bien municipal- es de su propiedad.
“Si el gobierno municipal de Jojutla tiene alguna acción que intentar, lo haga por los cauces y caminos institucionales. La posesión del inmueble la tenemos los priistas”, dijo Guzmán Pérez.
Aseguró que cuentan con documentos que avalan la propiedad, además de que el gobierno de Jojutla, en el año 2000, intentó también recuperar el edificio, pero recientemente una jueza declaró ese juicio “caduco”.
“El presidente Antonio Pastrana (1997-2000) promovió un juicio para recuperar la posesión del inmueble. El 30 de mayo de este año la juez competente dictó una resolución, donde declara la caducidad de ese juicio y por lo tanto las cosas vuelven al estado que tenían antes, es decir, en posesión del PRI y en propiedad del partido”.
Refirió que ocupan el inmueble desde el año 1976, cuando el entonces alcalde (también de filiación priista) Raúl Meléndez y su Cabildo, le entregaron la concesión del lugar.
Interrogado acerca de si hubo proceso de desincorporación del predio donde construyeron el edificio, como lo cuestionó la alcaldesa Hortencia Figueroa Peralta, Guzmán Pérez respondió que existe constancia de ello en el juicio que libraron con el gobierno de Pastrana.
El abogado no quiso entrar en controversia en cuanto a si es moral que le entregaran el predio a un partido.
“Sólo hablamos de lo que es legal y el acto jurídico celebrado en aquella época sí era permitido por las leyes”.
Sin embargo, el ex edil Alberto Rueda Retiguín (1988-91) reconoció que el edificio fue entregado al tricolor cuando el PRI gobernaba en todos los niveles y pareció algo normal.
“En el ejercicio de nuestro partido en esa etapa era una situación normal, acorde a las circunstancias; todas las autoridades en esa época eran surgidas del PRI. A lo mejor (sí hubo) ilegalidad de otorgar la concesión, pero en esa etapa era como si habláramos de las concesiones de Porfirio Díaz a los españoles. Son detalles que a veces no se alcanzan a entender, pero son ya muchos los años que (el PRI) está en posesión legal”.
El también ex edil priista Gregorio Rosas García (1991-94), reconoció que en períodos anteriores (incluido el suyo) no hubo atención a esa situación, lo mismo que a los locales que usufructúan particulares y que están construidos a un costado del auditorio municipal.
“Creo que los ayuntamientos, incluyéndome, debimos haber seguido el expediente de todos los locales, de ver cuál era su situación jurídica municipal para poder, en un momento dado, tener todo en regla; si les pertenecían o no, pero desgraciadamente no lo hicimos”.
Consideró que los bienes municipales deben ponerse en orden y concedió que se presente una demanda para que sean las leyes las que determinen cómo debe quedar el edificio.
Entrevistado aparte, el actual síndico municipal, Manuel Juárez Policarpo, se dijo respetuoso de la posición de los priistas, pero opinó que las declaraciones deben tomarse de quien viene.
“La gente conoce la calidad y la ética de las personas, y nosotros (el municipio) somos dueños, propietarios y en su momento se resolverá. Aquí no sólo se trata de la legalidad, sino también de la ética, la honestidad y transparencia de conocer de quién es el inmueble, pero deben reconocer (los priistas) que le están robando al pueblo”.
Dijo que las acciones legales están abiertas y hay un principio que dice que los bienes del dominio público son “imprescriptibles, inalienables e intransferibles”.
