El pasado 11 de diciembre de 2014, el cabildo de Tlaquiltenango, sin consentimiento del comisionado estatal de Seguridad Pública, cambió al director del Mando Único de este municipio, Pedro Antonio Rosas y en su lugar fue nombrado Herminio García Sánchez, como encargado de despacho. En reacción, al día siguiente, el comisionado retiró las armas a los elementos y patrullas que habían asignado al municipio.

El cabildo aprobó el 23 de diciembre de 2014, salirse del esquema el Mando Único, que de acuerdo con las autoridades municipales, tenían un mes –que se venció el pasado 23 de enero del 2015- para reconsiderarlo, pero ello no ocurrió.

El día de ayer, 28 de enero, en la página nueve del periódico oficial “Tierra y Libertad”, se publicó el decreto por el que se emite la declaratoria mediante la cual, “se asume por el gobernador, de manera inmediata y transitoria”, el mando policial de Tlaquiltenango, “como un caso de fuerza mayor, ante las alteraciones graves al orden público, suscitadas a recientes fechas”.

En su artículo 1, el decreto establece que a partir de la entrada en vigor del presente instrumento “y hasta en tanto cesen los efectos de la presente declaratoria en la forma correspondiente, las órdenes que en materia de seguridad pública deberán acatarse por la Policía Preventiva Municipal provendrán únicamente del mando estatal (sic)”.

El artículo cinco aclara que las instituciones municipales no pasan a formar parte del ámbito estatal.

Alrededor de las 11 de la mañana de ayer miércoles, el comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, acompañado de un convoy de patrullas, llegó a la presidencia municipal, con el fin de notificar el decreto a las autoridades municipales, pero sólo se encontró con la regidora Nohemí Ramírez Salgado, a quien le entregó una copia del decreto y se retiró.

“Venimos como una cortesía, sin que fuera necesidad, a notificarle al señor presidente municipal el decreto, con el abogado representante de la Consejería Jurídica. En este momento, cualquier circunstancia que suceda, vamos nosotros a atenderla, tanto la parte de los perímetros de Tlaquiltenango como la parte interna de este municipio”, dijo en entrevista.

Agregó que aparte, continúa el proceso de investigación “de ciertos funcionarios de orden municipal que en el pasado tuvieron algunos señalamientos de estar relacionados con actividades ilícitas”.

“El día de mañana (este jueves) analizaremos la posibilidad de regresarles las armas a aquellos (policías) que estén certificados” y aseguró que también ya se regresaron las patrullas que se habían llevado.

Confirmó que restituyeron a Pedro Antonio Rosas como director en el municipio y dijo que serán 100 elementos más de la Policía Estatal que se sumarán  a la labor policíaca y preventiva de este lugar.

El jefe policíaco negó violentar la autonomía del municipio, porque “es una decisión de carácter constitucional y fundamentada en derecho”.

“No hay ninguna imposición, la principal responsabilidad de los gobernantes es salvaguardad los interés de los ciudadanos y es lo que está haciendo el gobernador”.

Por su parte, en entrevista telefónica, la regidora Nohemí Ramírez Salgado se reservó hacer cualquier  tipo de declaración y se limitó a decir que no sabía nada e incluso, que no había leído siquiera el decreto. Dijo que esperaría a hablar con el presidente para tomar una posición, pero durante todo el día, ni el edil Mauricio Rodríguez González ni los demás integrantes del cabildo acudieron a la presidencia y tampoco se emitió comunicado oficial alguno para conocer su posición.

Por su parte, también ayer, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, criticó la decisión del gobierno de Morelos de imponer por decreto el Mando Único en este municipio.

Destaca que las fracciones II y III del artículo 115 otorgan a los municipios personalidad jurídica propia, facultades para manejar su patrimonio, expedir los bandos de Policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas y para tener bajo su cargo las funciones y servicios públicos y la Seguridad Pública a través de las policías preventivas. 

“Al trasladar el mando de las policías municipales al Poder Ejecutivo, el presidente municipal, responsable de la Seguridad Pública en su respectivo Ayuntamiento por mandato de ley, se somete a la autoridad del gobernador en turno perdiendo autonomía”.