El apoderado legal y representante de los trabajadores sindicalizados, Juan Manuel Guzmán Pérez, explicó que los 25 trabajadores, pertenecían al sindicato único al servicio del ayuntamiento de Jojutla y por diferencias internas fueron expulsados del mismo de manera ilegal. A partir de ahí, los trabajadores, que en su mayoría se mantuvieron laborando en la presidencia, aunque con menor salario y sin derechos sindicales, iniciaron un proceso legal que ya ganaron.

“Derivado de un amparo que se promovió, la autoridad federal está ordenando, primero, que se condene al sindicato y al ayuntamiento, la restitución de los derechos laborales de los trabajadores; y además, se condena al sindicato al pago de los daños y perjuicios por lo que dejaron de percibir los trabajadores, porque les disminuyeron sus prestaciones como sindicalizados”.

Aseguró que se acreditó en el juicio que la expulsión fue “ilegal y arbitraria” por el comité directivo (encabezado por Azucena Montes Castillo). “Mediante la ejecución de esa sentencia, los trabajadores ya deben de percibir las prestaciones que por ley les corresponde”.

Destacó que se le requirió al ayuntamiento, por parte del tribunal, mediante el laudo, que inmediatamente restituyera de sus derechos a los trabajadores y el ayuntamiento cumplió en tiempo y forma. “Ahora el sindicato debe pagarle lo que les debe a los 25 trabajadores, que entre toda la suma de estos dos años de juicio y lo que dejaron de percibir, estamos hablando de aproximadamente un millón de pesos”.

Aclaró que no hay conflicto con el ayuntamiento, ya que siguió las indicaciones tanto del comité sindical, como ahora del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

“El tribunal determinó que no se cumplió con el procedimiento para expulsar a los trabajadores, echó abajo ese procedimiento de expulsión y por esa situación indebida que cometió el comité ejecutivo sindical y la comisión de honor y justicia, está condenando al sindicato a que pague esas cantidades”.

El abogado aseguró que a nivel estatal, esta es la primera condena que se hace por daños y perjuicios y que viene de una orden federal, que tiene que pagar el sindicato. “¿De dónde va a salir?, lamentablemente va a tener que salir del patrimonio del sindicato, de las cuotas que van aportar los trabajadores”.

No descartó el embargo de bienes del sindicato para ejecutar la disposición del tribunal, e incluso de las cuotas.