José Luis Montoya Bandera, miembro del movimiento Grupo Zacatepec Unido (Gruzu) informó que la denuncia se presentó coadyuvada con César Merino García, ex director de Desarrollo Agropecuario de este municipio, quien “tuvo el valor de denunciar a todo el cabildo de Zacatepec, regidores, síndico, alcalde titular, sustituto y tesorero”, dijo.
La denuncia penal en contra de los aún servidores públicos quedó integrada bajo la carpeta de investigación número JO-UEDD/3083/2015, en la cual se logró demostrar -dijo- el fraude cometido por los integrantes de la administración municipal en el manejo de los recursos de los programas del Faede, de los que el director tuvo conocimiento en los cuatro meses que permaneció en el cargo (del 13 de julio al 13 de noviembre).
Agregó que dicho funcionario fue despedido por el alcalde Abdón Toledo Hernández luego de que se negó a firmar esos programas a pesar de que estos recursos no llegarán de manera directa y completa a los beneficiarios.
José Luis Montoya aseguró que se presentó documentación que acredita el fraude cometido por los servidores públicos, no sólo por el periodo de cuatro meses, sino por los tres años de la administración.
Allí se sustenta que el cabildo destinó recursos del orden de un millón 200 mil pesos para estos programas, recursos que no llegaron a los beneficiarios, contando con la declaración de ocho de ellos, de los más de 30 que aparecen en las listas.
Indicó que tienen documentado lo correspondiente a cuatro meses y el desfalco en tres entregas de apoyos de dicho fondo federal. El primero, el programa de “naturaleza agrícola”, otro fue el “de apoyo a productores ganaderos en general, mediante el componente de paquete animal, equipamiento, infraestructura, comercialización y transformación”. Otro es el “programa municipal de apoyo a otros proyectos agropecuarios, artesanales, insumos, equipo e infraestructura”, que muestra una relación de 22 personas “con su tipo de apoyo que es artesanal, la descripción y el monto solicitado”.
Finalmente refirió que la denuncia es en contra de todos los servidores públicos involucrados, quienes firmaron y aprobaron dichas entregas a fin de que se les finquen responsabilidades.
