En conferencia de prensa Claudia Angélica Barba Arellano, esposa de Gustavo García Martínez, explicó que el pasado 14 de enero de este año, el hombre salió de su domicilio, en el municipio de Tlaquiltenango, cuando a la altura de la comunidad de Chacampalco fue interceptado por los policías federales.
“Él salió a las cuatro de la madrugada de ese día a entregar una camioneta que le habían prestado para transportar pollo, ya que a eso nos dedicamos, a la venta de pollo… pero mi esposo ya no regresó a la casa. Lo busqué en el módulo de seguridad, en el ministerio público. Hasta que después de muchas horas de angustia, por una llamada de un familiar del dueño de la camioneta, nos enteramos que se lo habían llevado a la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) a la ciudad de México”.
Dijo que en efecto, estaba en la capital del país, por lo que fueron a confirmar su detención. Al llegar allá, Víctor Manuel -hermano de Gustavo- habló con él. El afectado le narró que fue detenido por los policías federales, sin orden y sin mayor argumento; lo golpearon, lo obligaron a que los llevara a la casa del dueño de la camioneta, donde una vez ahí, volvieron a usar la violencia para entrar al domicilio, llevándose a personas que vivían ahí. Con más golpes y amenazas hicieron que los llevaran después a Pueblo Nuevo (Tlaltizapán), donde entraron a un domicilio y se llevaron a otras dos personas.
“En total fueron cinco, incluido un menor. Mi esposo manifestó que los metieron a un terreno, los desnudaron, los colgaron de un árbol y los golpearon hasta cansarse y los federales les gritaban que tenían que decir que eran del crimen organizado”, aseguró Claudia Angélica.
Dijo que de Morelos, se lo llevaron detenido a la SEIDO, a la ciudad de México, en donde continuaron golpeándolos y torturándolos para que se declararan culpables.
Comentó que en la SEIDO le asignaron una abogado de oficio, quien nunca se identificó, y sólo dijo que el caso “estaba muy complicado”.
Expuso que por las condiciones económicas en las que viven no pueden pagar un abogado particular, que les resulta muy costoso. Señaló que incluso les resultaba difícil acudir a la Ciudad de México, cuando este lunes -que fueron a ver la situación- les dijeron que ya ni siquiera estaba allá, que había sido trasladado a un penal federal del estado de Chiapas.
“Primero nos dijeron que lo habían trasladado a Nayarit y después a Ciudad Juárez, pero ahora sabemos que está en el Cereso número 15 de Villa Comatitlán, Chiapas, hasta donde no podemos ir”.
Lamentó que las autoridades no hayan dado la información necesaria para saber con precisión cuáles son los cargos, pues lo acusan de secuestro, pero hasta donde saben, no se lo han comprobado.
“Exijo que lo trasladen al estado de Morelos, porque el lugar en el que él está ahorita, está apartado de la civilización y se pone en riesgo su integridad. Que lo trasladen aquí a Morelos para que él sea juzgado aquí y responsabilizo a todas las autoridades de la vida de mi esposo”, apuntó Claudia Angélica.
Víctor Manuel -hermano de Gustavo- agregó que acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos a denunciar abuso y tortura. “No entendemos por qué lo trataron así y se lo llevaron a otro estado. Exigimos que lo trasladen a Morelos”.
Una vecina de Tlaltizapán, Gabriela Muñoz Millán, también denunció que la Policía Federal ingresó a su domicilio ubicado en Pueblo Nuevo, el pasado 15 de enero, sin orden alguna, y se llevaron a su esposo Daniel Figueroa Pérez de 37 años de edad. “Llegaron pidiendo armas y nos amenazaron a mis hijos a mí y a mi esposo se lo llevaron. También se lo llevaron a la SEIDO a México y después a Chiapas. No he podido ir a verlo porque no tengo dinero para moverme. Él era el que nos mantenía. Pido justicia para que lo trasladen a Morelos y veamos qué podemos o de qué se le acusa”, puntualizó.
