Jojutla.- Debido a la falta de argumentos de la fiscalía, la jueza de control no encontró elementos constitutivos de delito en los tres señalamientos que hizo el gobierno del estado en contra del edil de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia y cinco personas más, por lo que determinó la no vinculación a proceso de ninguno de ellos.

Alonso Plascencia, junto con dos de sus regidores -Eder Campos Domínguez y Pedro Aragón Michaca- la secretaria municipal Paola Chávez, el hermano del alcalde -que también es su asesor de seguridad-, Agustín Alonso Plascencia, y su escolta (del edil), Manuel Álvarez Domínguez, fueron denunciados penalmente por el gobierno del estado por los probables delitos de abuso de autoridad, despojo e incumplimiento de la función pública, por haber retirado de las instalaciones de seguridad pública municipal al director del Mando Único, Margarito Rosales, el pasado 18 de enero 2016.

El pasado 16 de febrero se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, en la cual el edil y el resto de los imputados solicitaron ampliación del plazo constitucional para declarar y determinar su situación jurídica. Ayer a las once de la mañana se venció el plazo y se realizó la audiencia de vinculación a proceso, que duró casi siete horas y en la que prácticamente fueron exonerados.

Afuera de la ciudad judicial, decenas de personas de Tlaquiltenango que llegaron a apoyar al alcalde instalaron un campamento, con mesas, sillas y lonas, sobre la misma avenida para esperar el resultado.

La jueza, María Guadalupe Flores Servín, abrió la audiencia y la defensa ofreció cuatro testigos: María Luisa Morales Bautista, Virginia Franco Olarte, Jorge Miguel Amezcua Arredondo y Venancio Reyes González. Todos ellos afirmaron que el Mando Único seguía vigente en el municipio.

También ofreció como pruebas las bitácoras del Mando Único en un periodo determinado.

El agente del ministerio público (o fiscal),  Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, solicitó que se vinculara a proceso a los imputados, por los delitos de incumplimiento de la función pública, abuso de autoridad y despojo, a Enrique Alonso, y los dos regidores, mientras que sólo por despojo a Paola Chávez, Manuel Álvarez y Agustín Alonso.

Tras el ofrecimiento de pruebas y debate entre el fiscal y la defensa, la jueza, al dar sus conclusiones, señaló que el ministerio público pretendía corregir situaciones que no había presentado en la audiencia de formulación de imputación, lo que no está permitido por seguridad jurídica y resumió que no se sustentaron los hechos delictivos.

En el caso de la acusación del delito de despojo, observó que el Mando Único no es propietario de la comandancia de seguridad pública municipal, pues es propiedad “del pueblo” y no se adquieren derechos de posesión por laborar ahí, por lo que el delito no está justificado.

En lo que se refiere al delito de abuso de autoridad, señaló que no se ofreció ningún dato que revele que haya habido violencia o vejación hacia los elementos del Mando Único.

En cuanto a la acusación de no cumplimiento de las funciones públicas, reconoció que existe un problema social en Tlaquiltenango (contra el Mando Único), pero, de acuerdo con las pruebas ofrecidas, ese sistema policiaco no ha dejado de funcionar.

Resaltó que una de las pruebas ofrecidas por la fiscalía- el audio presuntamente del alcalde, cuando retira al director de mando único de la comandancia- fue obtenida de “You Tube, del que no se sabe el origen y que además, “todo lo que se baja de ‘You Tube’, puede ser editado”.

Estimó que no se acreditaron los delitos que se les imputaba a los mencionados y declaró el auto de no vinculación a proceso, aunque reconoció que podría ser impugnado.

La abogada de los seis imputados, Elda Joycet Lara Rodríguez, entrevistada al respecto, reconoció que el ministerio público incurrió en vicios en la pasada audiencia  de formulación de imputación, lo que favoreció a sus defendidos. “La fiscalía pretendió justificar su petición, que no hizo con precisión, queriendo subsanarlos. En esta audiencia (la de ayer), quería poner situaciones que no puso en la primera audiencia (realizada el pasado 16 de febrero), y que no puede hacer valer ya. Eso contribuyó al criterio de la jueza, además de las probanzas ofrecidas”.

Por su parte, el edil, Enrique Alonso Plascencia resaltó que el asunto del Mando Único no está concluido, pues todavía falta conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia por la controversia constitucional que presentaron y reconoció que ya tenía preparado un plan en caso de haber sido vinculado a proceso, incluso nombrar un suplente.