Zona sur.- En los últimos años se han incrementado hasta un 30 por ciento las violaciones a los derechos humanos en todas las materias, mientras que la atención las recomendaciones ha disminuido.

La actual presidenta de la comisión de derechos humanos de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, al hacer un balance de su gestión que está por terminar, reveló que no hay un incremento por tema específico, sino que ha sido generalizado.

“Hay un incremento del 30 por ciento en muchos de los rubros que se han manejado. Por ejemplo, en el sector educativo, en las cuestiones de la violencia escolar, se han ido incrementando las formas de la violencia; también las redes sociales tienen una implicación grande en esta situación; otro tema es el de los niños jornaleros de las comunidades indígenas que tienen condiciones muy precarias para seguir trabajando. Se tienen dos termómetros que podemos tomar: uno, que ya hay más conocimiento de la ciudadanía y se acerca más a las instituciones y demanda sus derechos humanos, pues antes no lo hacían. Como ya tienen el conocimiento, hace que crezca el número de quejas; y el otro, es que hemos tenido un gobierno bastante reacio en aceptar las recomendaciones de la comisión a cumplir en acciones y no nada más en discurso y que eso, lógicamente, ha generado un descontento social y que lo han manifestado de esta forma, poniendo las quejas en materia de derechos humanos”.

Deploró que el gobierno estatal se ha quedado muy corto en atender las recomendaciones. “Hay violaciones ya graves como casos de tortura que se han documentado en el estado y se aceptan, pero no se cumplen, o se siguen procedimientos administrativos donde las sanciones están muy por debajo realmente del daño que se cometió; no hay reparaciones de daño, nunca se tiene el dinero para una reparación de daño a una víctima”.

Resaltó que desde el año 2011 existe ya la ley federal en la materia y el Congreso del estado de Morelos ha sido el más omiso en adecuarla, lo que impide, por ejemplo, atender casos laborales, que no se hace porque la normatividad no está adecuada a la federal.

Consideró que el gobierno de Graco Ramìrez es uno de los “más complicados” en materia de derechos humanos y en las evaluaciones que se han hecho, se han incrementado las recomendaciones en materia de seguridad, en la cuestión de salud y hasta los propios municipios tuvieron muchos conflictos con los servicios públicos municipales. “Si se hacen la evaluaciones, el gobierno estatal saldría reprobado en derechos humanos”.