Al igual que los alcaldes se escudan en la autonomía municipal para legalizar el robo institucional de los recursos públicos, así la directiva del Poder Judicial ha actuado para llenar de prebendas a una privilegiada elite en detrimento de las necesidades básicas de los justiciables y quienes laboran para atenderlos.
Mientras los trabajadores del Poder Judicial tienen sueldos bajos y dos años sin incremento, los magistrados y consejeros de la judicatura se aseguraron un jugoso aguinaldo, seguros de vida y de gastos médicos mayores millonarios y otras ventajas, a pesar de que en su calidad de patrones no deben tener derecho a la prestación decembrina equivalente a tres meses de su de por sì jugoso emolumento.
Y eso pasa mientras cientos de miles de morelenses luchan para superar la adversidad después del sismo que los ha dejado sin hogar y sin trabajo.
Esa actitud es el regreso a la dura realidad.
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