Definitivamente los pagos que con diversos nombres (bonos, viáticos, etc.) se concedieron los magistrados del Poder Judicial están por encima de la ética.
Las consecuencias del sismo del 19 de septiembre habían apagado las voces en contra, pero mientras llega lo más parecido a la normalidad temas como el que nos ocupa aparecen con el nivel de escándalo que representan.
Para dar más dramatismo, la decisión que tomaron se enmarca en la escasez de recursos para la reconstrucción, la pérdida de empleos y de infraestructura por el terremoto y la permanente insuficiencia presupuestal en el Poder Judicial, que incluso llevó al cierre de juzgados en detrimento de los justiciables.
No hay congruencia, por lo que debe ser la presión social la que conduzca a una necesaria rectificación de acciones que son condenables por el contexto en el que han ocurrido.
Y aunque se le llame bono de fin de año en lugar de aguinaldo para burlar la ley, el acto antisocial no puede ser disfrazado
